El dilema de la minería en la sabana de Bogotá

En diciembre del año pasado el Ministerio de Ambiente emitió la resolución 2001 en la que definía 24 zonas compatibles con las explotaciones mineras en la sabana de Bogotá. Estos espacios destinados a la minería se encuentran en el sur de la capital, comprometen además el territorio de 26 municipios aledaños y en comparación a medidas anteriores, aumentan en 7.000 hectáreas las zonas de extracción.

Fueron pocos los que quedaron contentos con esta medida. Un par de días después de emitida la resolución, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, encargada por el Consejo de Estado de velar por el cumplimiento del fallo para salvar el río Bogotá, frenó la resolución hasta verificar que esta no afectara las condiciones del afluente. Por otro lado, ambientalistas y alcaldes de la región creen que esta medida va en contravía de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 que declaró a “la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será agrícola y forestal”.

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Las diferencias entre unos y otros son el reflejo de un debate mayor que todavía no se ha dado en el país y es si se deben ejecutar proyectos mineros en Bogotá y sus municipios vecinos. Semana Sostenible habló con ambientalistas, alcaldes y funcionarios de algunas entidades para entender las posiciones de cada uno y ver hacia dónde se dirige la discusión.

La resolución de la discordia

En su decisión el Ministerio de Ambiente además de delimitar 24 polígonos compatibles con la minería ordena frenar los proyectos que estén en operación por fuera de las zonas estipuladas y para eso las empresas deben cumplir con el Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental (PMRRA), que tiene varias medidas para cerrar de manera técnica las áreas de explotación que no cumplan con los requerimientos y una hoja de ruta para que queden en condiciones óptimas para actividades agrícolas o forestales. Las autoridades ambientales encargadas de vigilar este proceso e imponer los planes de adecuación en las zonas no compatibles tenían hasta marzo de este año para adelantar ese trabajo. De esta manera, de acuerdo con la orden del ministerio, de las 427.711 hectáreas que comprenden la sabana de Bogotá, casi 18.000 serían destinadas a actividades mineras. 

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Todo lo anterior parece funcionar bien en el papel pero otra cosa dicen los expertos y algunas autoridades. Desde que la magistrada Villamizar profirió el auto de suspensión parcial de la resolución, todas las actividades para dar cumplimiento a la orden del ministerio quedaron congeladas. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió el trámite de 90 licencias y 29 planes de manejo ambiental hasta tanto no se realicen las inspecciones judiciales en los 24 polígonos compatibles con la minería. Esto para determinar si la resolución del ministerio tiene o no efectos ambientales.

Los que se oponen

En abril pasado y luego de haber realizado las visitas técnicas a 19 de los 24 polígonos, Villamizar levantó la medida cautelar. Sin embargo, algunos siguen cuestionando la resolución del ministerio.

En el caso específico de Bogotá, de acuerdo con Óscar López, director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, los cuatros polígonos que están en zona urbana de la capital cumplen con la normativa ambiental. Sin embargo, para Angélica Lozano, representante a la Cámara por Bogotá, la minería no debe ejecutarse en la ciudad. “La actividad minera en la sabana de Bogotá ha originado sobre el suelo y subsuelo alteraciones de carácter físico, que se han convertido en detonantes de deslizamientos, erosión y fenómenos de remoción en masa. En Bogotá existen frentes de explotación minera en la cuenca media del río Tunjuelo, en la localidad de Usme y en el denominado Parque Minero de Mochuelo. Estos frentes mineros ponen en riesgo la vida, la integridad y la salud de miles de personas que habitan alrededor, que además son de las más pobres de la ciudad”. 

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Según Esperanza Montoya, directora Bioambiental de Soacha, en el municipio tampoco quedaron contentos con la resolución del ministerio y pidieron reducir el tamaño de uno de los dos polígonos que existen en su territorio. “El gobierno amplió el polígono cuatro, que está en nuestra jurisdicción, hacia una zona de protección ambiental. Además, en esa área hay producción agropecuaria y se encuentra la cuenca alta del río Soacha. Este sector podría verse muy afectado por la minería y así se lo hicimos saber a la magistrada cuando hizo la visita judicial. Ella decidió mantener el polígono y solo quitó las 300 hectáreas que corresponden a la zona de protección”, afirma Montoya.

Julio Fierro, geólogo de la Universidad Nacional y director de la Corporación Terrae, asegura que varias veces le planteó a la magistrada Villamizar sus preocupaciones, pues según él, el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 es claro al afirmar que la minería será de excepción en la sabana. “El ministerio está incumpliendo sus propias normas porque la Ley 99 dice que las zonas de recarga de acuíferos son objeto de protección especial y en la sabana de Bogotá tenemos muchas. Nada de esto es tenido en cuenta en la resolución 2001”.

Por su parte, Cristian Carabalí, de la oficina jurídica del Ministerio de Ambiente, defiende la decisión de la cartera y afirma que el mejor ejemplo de que la resolución tiene argumentos técnicos es que la magistrada haya levantado el auto de suspensión para 19 polígonos. “Esta resolución define las zonas compatibles con la actividad minera para la explotación de todos los minerales; las anteriores solo regulaban las áreas compatibles para ciertos materiales y lo hacían de manera parcial. Adicionalmente, como medida de control se estableció que en las zonas no compatibles, se ejecutarán los PMRRA, que son para cierre y no para explotación decreciente como habían definido en la resolución 1197 de 2004”.

Semana Sostenible intentó hablar con la magistrada Villamizar para saber cuál fue el resultado de las inspecciones judiciales y qué va a pasar con los otros cinco polígonos que falta inspeccionar, pero actualmente está suspendida de su cargo por un año. Lo anterior, sin duda, dificultará que se llegue a una medida definitiva en el corto plazo y le dará más largas al eterno debate sobre la minería en la sabana de Bogotá.