Por Jorge Cote, historiador y periodista de Revista Semana

Hace un par de semanas, en un hecho sin precedentes, el procurador Fernando Carrillo y la Corte Constitucional en pleno se desplazaron a Nabusimake en la Sierra Nevada a escuchar los reparos que el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada tiene sobre la política minera y ambiental del Gobierno Nacional. “Este es un día histórico, en el que estamos enviando el mensaje de “desbogotanizar” los poderes del estado, de hacer presencia en los territorios y de escuchar los problemas que tienen las distintitas poblaciones del país”, dijo el Carrillo.

Durante tres horas los líderes y mamos de los pueblos kogi, arhuaco, wiwa y kankuamo, pertenecientes al Consejo Territorial, expusieron los problemas por los que atraviesa la Sierra y entregaron el informe de afectaciones culturales y ambientales causadas por la actividad minera, un extenso documento al que Semana Sostenible tuvo acceso en exclusiva.

En términos generales el documento presenta un preocupante panorama del estado medioambiental de la Línea Negra (territorio sagrado de los kogui, arhuacos, wiwas y kankuamos, reconocido por el gobierno nacional mediante una resolución de 1973 y otra de 1995), de la expansión de la minería legal e ilegal y de la amenaza a la que está sometida la cultura y modo de vida de los pueblos ancestrales por el modelo económico que ha llevado a cabo el gobierno nacional en la región. Además denuncia la falta de garantías que tienen para el ejercicio de la consulta previa.

Si bien el Concejo Territorial resalta que desde la Constitución de 1991 en el país se ha construido una legislación y se han emitido sentencias judiciales que protegen cada vez más los derechos de los pueblos indígenas, en el caso los habitantes ancestrales de la Línea Negra ha ocurrido lo contrario “ya que aumentaron las múltiples inversiones relacionadas con la implementación de megaproyectos energéticos, mineros, portuarios, Planes de Ordenamiento Territorial y otras iniciativas en nuestro territorio”. Proyectos que vulneran constantemente sus derechos y pone en riesgo la flora, fauna y recursos naturales de la Sierra.

Un negro panorama

El documento se concentra en los efectos nocivos de la minería legal o ilegal, a la que le achacan la mayoría de los males y señala que de acuerdo a la Agencia Nacional Minera existen 132 títulos vigentes dentro de la Línea Negra y 244 solicitudes más de títulos. Para los pueblos ancestrales esta proliferación de proyectos ha alterado el paisaje de la sierra y ha atentado especialmente contra los espacios sagrados. Explican, entre otros casos, que la minería aurífera en el río San Salvador ha contaminando de mercurio un banco de mangle llamado Jana Ja o Madre Vieja, un sitio sagrado dedicado a la fertilidad. Por otro lado, denuncian cómo los proyectos minero han coartado su derecho al tránsito por los caminos que conducen a los lugares sagrados, impidiéndoles hacer los tradicionales pagamentos y a instruir a los miembros de las comunidad en su cultura ancestral.  

En cuanto a la contaminación de fuentes acuíferas, el documento señala que los 30 ríos que nacen la Sierra han bajado dramáticamente su caudal. Ríos como el Manzanares, Piedras o Gaira han reducido sus aguas en más del 70%. Situación similar atraviesa el río Gutapurí que de los 11.200 litros por segundo que recorrían su cauce hace dos décadas hoy solo alcanza los 5.000. Panorama que podría agravarse con la puesta en marcha la hidroeléctrica del Rio Don diego que utilizará el 80% de su caudal.

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El Consejo también llama la atención sobre el estado de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que también hace parte de la Línea Negra. Allí la situación también en grave: los bosques pasaron de 42 en 2009 a 42 en 2012, los espejos de agua constituidos por lagunas, lagos y ciénagas se redujeron de 3.109 a 739 entre 2002 y 2012. En contraposición las tierras degradadas aumentaron de 67 hectáreas en 2002 a 12.567 en 2012.

A este problema se le suma la quema indiscriminada de bosques (según el informe en 2014 se arrasó ceca de 3.000 hectáreas); la casi desaparición de animales como el jaguar, el paujil pico azul, la danta y algunos tipos de guacamaya; y la pérdida del glacial de la  Sierra que entre 1850 y 2012 retrocedió en un 85% pero que para el 2017 se incrementó al 92%.

Las consultas previas en entredicho

Tras un análisis de cinco de las consultas previas más grandes que han tenido los pueblos ancestrales de la Sierra, el Consejo denuncia, por un lado, que las empresas no garantizan el derecho a la consulta, promueven la división entre los pueblos y calumnian a los indígenas de “opositores al desarrollo”. Por otro lado, el Consejo afirma que el gobierno toma partido con las empresas y utiliza la consulta como un mecanismo para legitimar la explotación minera y no como una herramienta para la protección y el amparo de los derechos colectivos indígenas. “No importa que digamos que determinado proyecto nos afecta gravemente, el gobierno decide llevar a cabo el proyecto sin importar las afectaciones”, se lee en las páginas del documento.

Aunque el Consejo asegura que están dispuestos a negociar los proyectos que el gobierno pretenda entregar en la Sierra, continuarán en su posición de no participar en ninguna consulta previa relacionada con proyectos mineros hasta que haya una solución estructural a los problemas que la minería presenta para la Sierra.

En ese sentido, los pueblos ancestrales le piden a la Corte Constitucional y al Procurador que dejen bajo su responsabilidad la organización de su territorial de acuerdo a la Ley de Origen, “un conjunto de normas que constituyen los lineamientos y procedimientos culturales que orientan y determinan el orden social, cultural y territorial desde la perspectiva espiritual y material”. En especial, solicitan que no se siga atentando contra los espacios sagrados determinados por  esa ley  y que, según ellos, es la base de su cultura y la que mantiene el balance del mundo físico y espiritual de la tierra.

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De acuerdo a ese razonamiento el Consejo le solicita al Corte que declare a la Sierra y a la Línea Negra sujeto con derechos para garantizar su protección, “el territorio tiene que protegerse como sujeto de derecho vinculado directamente a la integralidad de nuestros derechos étnicos y derechos como sujetos individuales”. Los pueblos ancestrales aseguran que esa petición esta respalda en la evidencia de que ellos y su forma de organización basada en la Ley de Origen, es la que mejor ha permitido la “conservación ambiental de la Sierra Nevada en beneficio de la población regional, nacional y mundial”.

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