Es bien sabido que uno de los flagelos que más afecta a varias poblaciones de Chocó es la minería ilegal. Y es que a pesar de la gran difusión que ha tenido el tema en medios las autoridades parecen no poder controlar esta problemática que día a dia erosiona miles de hectareas y contamina varias fuentes hídricas a lo largo y ancho del país. Sin embargo, este jueves la Corte Constitucional anunció que está investigando la muerte de 37 niños por presunta contaminación por mercurio, en el mismo lugar que se encontraron rastros de la actividad ilegal. (Vea: Oro limpio - Oro sucio: el papel del Estado frente a la minería)

La Defensoría del Pueblo aseguró a través de un comunicado que en el cumplimiento de sus funciones "constató un impactante panorama de minería ilegal en el Chocó (...) donde la Corte Constitucional alertó sobre la muerte de 37 niños".

"Tal como lo había advertido desde junio de 2014, la Defensoría del Pueblo comprobó una vez más los devastadores efectos de la minería ilegal en el departamento del Chocó", agrega el texto.

El miércoles, la Corte Constitucional aceptó una petición de tutela interpuesta por comunidades de ese departamento, que demandaron al Estado colombiano por la muerte de 37 niños por enfermedades presuntamente vinculadas al mercurio, insumo de la minería.

La Corte ordenó también la investigación del impacto medioambiental de la minería y la explotación forestal en la zona urbana y rural del municipio de Quibdó y la cuenca del río Atrato y sus afluentes. (Vea: Informe especial: el medioambiente, la víctima olvidada)

El Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación de las autoridades indígenas y afrodescendientes de las comunidades afectadas por la contaminación de las aguas, expuso que 37 niños murieron y 64 fueron intoxicados en la zona entre 2013 y 2014.

La investigación del alto tribunal, que solicitó la participación de expertos colombianos e internacionales, tiene la finalidad de "indagar sobre las condiciones de contaminación y obstrucción del río (Atrato) como consecuencia de la realización de actividades de minería y explotación forestal y si estas afectan los derechos fundamentales de las comunidades".

La Defensoría del Pueblo, que acompaña al colectivo en la demanda, lanzó en 2014 una emergencia humanitaria y alertó por la "crítica situación de los derechos humanos en Chocó por el impacto de la minería ilegal y los enfrentamientos entre grupos criminales".

Mientras que en el país la minería legal representó un 2,3% del PIB en 2012, según el estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), más de la mitad de los sitios explotados son ilegales y fuente creciente de financiación de grupos armados irregulares.

*Con información de AFP

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