Nueva orden a Néstor Franco para que firme convenio de la Ptar Canoas

Un nuevo capítulo se registra en el proceso de “tire y afloje” por la descontaminación del Río Bogotá. Ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al inhabilitado director de la CAR de este departamento, Néstor Franco, suscribir los convenios que se requieren para avanzar con las obras tendientes a lograr este objetivo.

En el auto, se le ordena al funcionario suscribir los convenios de cofinanciación de las fases 1 y 2 de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, ubicada en el municipio de Soacha y de la cual la entidad anunció hace un par de semanas que retiraría su financiación. El monto que está previsto que aporte la CAR es de 1,5 billones de pesos.

Si bien el Tribunal reconoce como justas las razones y argumentos de Néstor Franco, que lo llevaron a declarar que se imposibilitará su firma para este convenio dada la sanción de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación, producto de la firma de un convenio de condiciones similares al de Canoas, considera que debe continuar adelante con este trámite.

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De acuerdo con información dada a conocer por Blu Radio, el auto del Tribunal,  el contrato para poder avanzar con la construcción de la Ptar Canoas debe realizarse antes de que entre en vigencia la ley de garantías, que entra en vigencia el próximo 27 de junio.

Es de recordar que Franco fue destituido e inhabilitado durante 10 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría, al hallar irregularidades en el convenio suscrito por esta entidad con la Alcaldía de Chía y la Empresa de Servicios Públicos de ese municipio (Emserchía), por más de 35.000 millones de pesos.

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Según la Procuraduría, los estudios y diseños planteados no eran suficientes ni estaban actualizados y completos para ejecutar el proyecto, lo que llevó a que se presentaran retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a 62.876 millones de pesos.

Dado lo anterior, el funcionario decidió que no tomaría el riesgo de firmar un nuevo contrato que tiene características similares al que motivó la decisión del organismo de control, con lo que también quedaron en vilo otros proyectos de plantas de tratamiento para los municipios de Villapinzón, Sopó, Suesca y Girardot.