¿Aguantará el planeta?

Los países del mundo se comprometieron a elaborar un plan de reducción de emisiones de gases contaminantes que contribuyen al cambio climático, en un acuerdo alcanzado durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el tema (COP20) que se llevó a cabo en Lima, Perú. Ese compromiso tendrá que ser puesto en blanco y negro durante el primer semestre de 2015 y será el preámbulo a un acuerdo general que deberá ser firmado en París a finales del próximo año. 

El acuerdo titulado “Llamado de Lima para la Acción Climática” fue anunciado tras una jornada maratónica que extendió las reuniones más allá del cierre oficial de la Conferencia previsto para el viernes pasado en la noche. Los delegados de los 196 países estuvieron enclaustrados en reuniones extenuantes durante la madrugada del sábado y el domingo, aupados por el gobierno anfitrión y su energético ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.

El documento final es un anticipo al tratado que deberá firmarse en París el próximo año y que busca llenar el vacío que dejó el fin del Protocolo de Kioto, el único acuerdo global que fijó metas obligatorias de reducción a los países desarrollados pero que fracasó rotundamente en su acatamiento. El documento de Lima logró un consenso en metas menos ambiciosas, pero quizás más realistas.

A diferencia de las metas globales que fijó Kioto esta vez el mundo se encamina hacia un modelo menos vinculante en el que cada país ofrece reducir lo que buenamente pueda y quiera, y en los tiempos que mejor le acomoden, basado en sus propios planes nacionales. En pocas palabras, el lenguaje del acuerdo está dominado más por el condicional que por el imperativo. Esa diferencia trascendental le siguió quemando las pestañas a los negociadores que ya conocen bien las dos palabras que encierran el truco de cada párrafo acordado: “should” (deberían) o “shall” (deben). En Lima ganó el should.

Los intentos por crear un marco de reducción global fracasaron y la negociación tomó el camino que varios expertos y ambientalistas serios anticipaban y en ocasiones, incluso, reclamaban. Insistir en acuerdos de reducción obligatorios  (o vinculantes, de acuerdo con la jerga de la negociación), decían, es una aspiración inalcanzable (o alcanzable pero fácilmente incumplible) y es preferibles metas nacionales y más flexibles de reducción.

“Algunos pueden temer que los compromisos que no son legalmente vinculantes carecen de credibilidad”, dijo Sir Nicholas Stern, profesor de la London School of Economics durante la COP20. “Creo que es un error: las sanciones previstas bajo el protocolo de Kioto eran vinculantes pero no eran creíbles y fallaron en garantizar la implementación de los compromisos”.

La herramienta que dispuso el acuerdo de Lima es el de un formato común para reportar las metas nacionales, conocido como INDICs (o Intended Nationally Determined Contributions). 
Varios países como Chile, Estados Unidos y China, así como la Unión Europea se anticiparon y desde hace meses han anunciado metas individuales y voluntarias de reducción de emisiones. Una fuente cercana a la negociación le dijo a Semana Sostenible que Colombia ya tiene listo un borrador para un anuncio similar de reducción que podría hacer público en el primer trimestre del próximo año. (Vea: Alianza del Pacífico se compromete a reducir emisiones)

Sin embargo, ese nuevo acercamiento a la negociación está lejos de ser una garantía para que el planeta no franqueé el límite de calentamiento de más de 2 grados centígrados (algunos dicen que es 1,5) que la ciencia en cabeza del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la autoridad planetaria en el tema, ha demarcado como el umbral en el que el mundo podría entrar en una fase de desajuste atmosférico irreversible y con un costo humano imprevisible.

Por eso, si lo alcanzado resulta un poco insípido frente a las expectativas de acuerdos más drásticos, inmediatos y con fuerza de cumplimiento, al menos habrá que reconocer que se ganó en transparencia: habrá una plataforma de seguimiento a esas metas nacionales y la presión pública por aumentar las ambiciones y fiscalizar metas y logros puede convertirse en un antídoto contra la política diletante que caracteriza el sector.

El avance sigue siendo nimio si se ve a la luz de las preguntas de fondo que siguen sin respuesta: ¿desde cuándo deben hacerse efectivos esos planes? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo se van a financiar? ¿Cuál es la meta mínima aceptable? En la respuesta a esas preguntas esta el valor de lo realmente alcanzado. Sin embargo no hay manera de responder sin enfrentar primero el atasco legendario de estas negociaciones: ¿Cómo diferenciar las metas de los países ricos y que más contaminan de los que menos contaminan pero son más vulnerables? Lima entregó la misma respuesta de siempre. Ninguna.

Ese estancamiento político, indolente frente a la urgencia de hallar soluciones, contrasta con la creciente demanda de energía en el mundo, jalonada por una población en aumento (en 2030 seremos unos 8 mil millones de humanos) y la expansión de la clase media y su poder de consumo. 

“Esas 8.000 millones de personas necesitarán alrededor de 60 por ciento más de energía actualmente disponible, y con el actual nivel de emisiones si no pasa nada, tendremos 450 partes por millón de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera, más allá de lo cual es probable que el cambio climático sea catastrófico para 2040”, advirtió Adnan Z. Amin, director general de la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena), en su paso por la COP20 en Lima (Perú).

Pese a la urgencia de encontrar nuevas formas limpias de suplir esa demanda,  con el acuerdo alcanzado en esta COP20 los gobiernos dieron pocas pistas sobre cómo van a sustituir su casi suicida adicción a los combustibles fósiles, los principales causantes de las emisiones.

Por eso, las empresas que manejan el negocio de las energías altamente responsables del cambio climático –petróleo, carbón y gas-  siguen viendo un horizonte despejado para sus planes de negocio. ExxonMobil, la mayor petrolera del mundo y la compañía número uno en el ranking de empresas que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, publicó el pasado jueves – casi una afrenta a los clamores de quienes padecen hoy día los estragos de un clima más extremo- su reporte anual de previsiones a 2040: la demanda de petróleo crecerá un 30 por ciento y seguirá siendo la principal fuente de energía del planeta, anticipa la empresa. (Ver presentación)

Más del 80 por ciento de las emisiones de CO2 del planeta, relacionadas con actividades humanas, proceden de la quema de combustibles fósiles. De esas, 44 por ciento derivan del carbón, 36 por ciento del petróleo y 20 por ciento del gas natural.

Al final, el inmovilismo en los escenarios multilaterales ha ido desgastando su credibilidad. Descargar la urgente necesidad de hacer algo en un acuerdo global vía COP aparece hoy día la mejor manera de fracasar con una sonrisa; el verdadero “expertise” de la diplomacia que ha cooptado estas reuniones. 

Si en París no se concreta un tratado ambicioso, quizás sea el momento de preguntarse si vale la pena seguir sosteniendo la ilusión de que en esas conferencias sí se puede resolver el problema. La precaria capacidad operativa de las COP  ha trasladado las verdaderas decisiones y acuerdos sobre el clima a otros foros; la mayoría de ellos por fuera del circuito de los diálogos planetarios sobre medio ambiente. 

La movida más trascendental del último lustro la dieron de manera bilateral Estados Unidos y China, por largo tiempo la talanquera infranqueable para cualquier acuerdo vinculante de reducción de emisiones. Los dos mayores contaminantes anunciaron en noviembre pasado -en el marco de una cumbre comercial, no climática -  que limitarían sus emisiones y que 25 y 20 por ciento respectivamente de sus fuentes de energía serán renovables. El único problema: la decisión entra en vigencia en 2025 y aún falta que el Senado de EE.UU apruebe la iniciativa.

Otro escenario que ha tomado las riendas por su cuenta es las ciudades, donde los estragos de un clima extremos no son una posibilidad sino una realidad. La escasez de agua, las inundaciones, la polución del aire o las tormentas devastadoras han hecho de los alcaldes y los Concejos municipales actores claves en las políticas innovadoras y las acciones decididas de adaptación al nuevo régimen climático y de mitigación de sus causas. La COP fue silenciosamente testigo de este cambio con una mayor presencia de eventos y exposiciones sobre las experiencias de urbes, desde Corea del Sur hasta Canadá. Bogotá también trajo su delegación a “Voces por el Clima”, un evento paralelo y simultaneo.

El microscopismo técnico y los malabares semánticos de las negociaciones hacen que con frecuencia la gente (entre ellos los mismos negociadores) se olviden de lo que están hablando. De fondo, lo que está en juego es un modelo económico autodestructivo  con una inercia difícil de detener. Las mejores acciones y las más inmediatas tendrán que hacerse dentro del mercado, tipo bonos verde. Por eso, es urgente reconocer que un modelo global de economía de bajo carbono no es un freno al desarrollo, sino por el contrario una oportunidad muy atractiva para empujar la economía a través de la inversión y la renovación tecnológica. En otras palabras: que sustituir la dependencia al viejo motor de la energía fósil es un gran negocio. América Latina tiene una riqueza natural privilegiada para ser un gran jugador en ese nuevo tablero.

El único camino expedito a un verdadero compromiso global que pueda ser ratificado en París en 2015 empieza por reconocer de manera conjunta que los riesgos del cambio climático son inmensos y que aplazar las acciones puede ser catastrófico. Un hecho sobre el cual la ciencia no tiene dudas, pero que la política (y el mercado) se resiste a asimilar.

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