Edison Arboleda y Lorena Duque además de conservar 26 de las 30 hectáreas de su predio, impulsan el turismo sostenible en su reserva. (Fotos cortesía: BanCO2)

Nicanor Romero es un campesino de 81 años que vive en el municipio de Pasca, Cundinamarca. Allí tiene una finca de diez hectáreas en las que sostiene a su familia gracias al cultivo de papa y mora y la extracción de madera. Sabe de la importancia de conservar los recursos naturales pues ha visto cómo su vereda se convirtió en un potrero debido a la quema de bosque para el cultivo. Por eso ahora hace parte de uno de los esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que existen en el país.

Este sistema entrega un incentivo económico a las personas que prestan servicios ambientales como conservar una cuenca hídrica o un bosque. De esta forma, el PSA transforma la lógica en la que se paga una compensación por contaminar, por una en la que se paga por preservar el medioambiente. También se asumen las funciones naturales de los ecosistemas como servicios de los cuales depende la vida humana.

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Romero forma parte del esquema conocido como BanCO2 que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare) y la Corporación Masbosques empezaron a aplicar en 2013 con 64 familias del oriente antioqueño que vivían de la extracción ilegal de madera, y que actualmente se ha extendido a todo el país. Con esta iniciativa los campesinos vinculados pueden recibir hasta un salario mínimo mensual por proteger el medioambiente. Reciben el dinero en una cuenta de ahorros que pueden gestionar mediante el celular.

“Nuestro objetivo era mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales con proyectos productivos sostenibles y que al mismo tiempo ayudaran a conservar ecosistemas estratégicos para el país”, dice Jaime Andrés García, director de Masbosques. Los primeros pagos o compensaciones a los beneficiarios de BanCO2 vinieron de empresas como EPM e Isagén. “Nuestra estrategia para atraer a los empresarios fue mostrarles que sin el manejo adecuado de los recursos naturales y sin el bienestar de las comunidades rurales tampoco se puede garantizar el bienestar en las ciudades y la producción industrial”, afirma García.

“Todo esto fue muy explotado para sacar madera y solo quedaron potreros, pero ahora el bosque está creciendo. Con la plata que recibo puedo comprar los medicamentos que no cubre la EPS e invertir en cuidar el bosque. Aquí hay como 10 o 12 familias más que también quieren participar”, asegura Nicanor Romero.

Foto: Diego Tellez / CAR Cundinamarca

Hacer parte de un esquema PSA parece ser una buena alternativa para las personas vinculadas, pues además de promover el cuidado del medioambiente mejora la calidad de vida en las zonas rurales. Así lo confirman Edison Arboleda y Lorena Duque, propietarios de La Zafra, una reserva natural de la sociedad civil que cuenta con 30 hectáreas, de las cuales 26 están dedicadas a la conservación completa del bosque húmedo premontano y las cuatro restantes sirven para producción agrícola sostenible, alojamiento y senderos para turistas. “Para poder mantener económicamente la reserva yo trabajaba en Medellín y regresaba a La Zafra solo los fines de semana porque queda a cinco horas de la ciudad; mientras tanto mi esposo se quedaba trabajando aquí. El dinero que recibimos por conservar nos permite tener un ingreso extra para poder mantenernos y conservar la reserva”, comenta Lorena. 

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En Colombia el concepto de los PSA no es nuevo. Desde hace 20 años el Estado ha creado incentivos para promover la conservación como el Certificado de Incentivo Forestal a la Conservación (CIF), en el cual se reconoce el costo en el que incurre un propietario por conservar en su predio ecosistemas boscosos o invertir en nuevas plantaciones forestales. Por su parte, el programa Familias Guardabosques ofrece ingresos económicos y apoyo técnico para proyectos productivos a familias en riesgo de sembrar cultivos ilícitos. Actualmente, los recursos de los esquemas PSA vienen no solo del Estado sino de la empresa privada y de las personas naturales.

Moisés Martínez Tinjacá fue el primer campesino vinculado a un esquema PSA en Santander. Según él, en su finca de 31 hectáreas no hay explotación de ningún recurso. “Tengo seis cabezas de ganado pero no más. Con el dinero he podido mejorar mi casa, ahora tenemos cocina a gas y me puedo dedicar a otras cosas. Yo soy agricultor y también sé algo de construcción, pero trabajo en otras fincas porque la mía la dejo quieta para que crezca el bosque. Este tipo de programas deberían extenderse porque hacen que los campesinos nos queramos quedar, en vez de irnos a la ciudad”.

Moisés  Martínez y su familia dedicaron gran parte de sus tierras a la conservación. 

Sin embargo, pocos conocen estas iniciativas. De acuerdo con Jaime Andrés García, director de Masbosques, solo 400 personas naturales han aportado durante los tres años de existencia del esquema BanCO2. De ahí que sea necesario diseñar estrategias para dar a conocer estos programas y concientizar a la población sobre el deber de enmendar el daño ocasionado por la contaminación.

“La sostenibilidad de los PSA está garantizada si los campesinos reciben apoyo suficiente para seguir con proyectos productivos por su cuenta cuando ya no hagan parte de los esquemas. También se trata de cambiar el chip y pensar que la conservación es un proyecto productivo de largo aliento”, dice Carlos Mario Zuluaga, director de Cornare y añade que “cuidar el medioambiente es el mejor negocio; necesitamos el agua y el oxígeno para todo y en esa medida la conservación no es una labor de dos o tres años sino de toda la vida”.

Justo ese es uno de los grandes retos de los programas de pago por servicios ambientales: asegurar que después de finalizada la intervención, los campesinos sigan con un proyecto sostenible a largo plazo. Además, la sostenibilidad económica de los esquemas PSA proviene en gran medida del compromiso de las empresas que compensan pues detrás de esta labor también hay beneficios como exención de impuestos y generación de valor agregado por el reconocimiento a su responsabilidad social, ambiental y empresarial.

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