¿Qué hacer con la gente que vive en los páramos?

Una de las últimas misiones de Gabriel Vallejo antes de dejar el Ministerio de Ambiente fue delimitar el páramo de Chingaza, la fábrica del agua que abastece a Bogotá y apenas el décimo mapeado desde que el gobierno se comprometió a hacerlo en 2011. Su sucesor, Luis Gilberto Murillo, tiene otra misión. Además de avanzar en las 25 delimitaciones que faltan, tendrá que encontrarle una respuesta a preguntas cruciales: ¿qué hacer con la gente que vive en los páramos y ahora no los podrá trabajar? ¿Cómo lograr que ellos mismos cuiden esos territorios vitales para el país?

El dilema del páramo

Colombia tiene 2,9 millones de hectáreas de estos ecosistemas montañosos, que son medulares porque allí nace casi toda el agua del país.  De ahí la importancia de la tarea titánica de delimitarlos y la prohibición tajante de la Corte Constitucional de desarrollar actividades económicas a gran escala en ellos.

Sin embargo, esto no es tan fácil. En sus confines viven entre 300.000 y 500.000 personas y muchos son campesinos que dependen de sus tierras para subsistir. De hecho, dentro del páramo se producen tres cuartas partes de la cebolla y la papa del país. Y eso ha contribuido a que varios páramos -como Guerrero, Rabanal, Almorzadero, Santurbán, Sumapaz y Tota- estén muy deteriorados, a tal punto que perderían sus funciones hídricas en algunas décadas.

Los dos Planes de Desarrollo de Santos han prohibido allí la agricultura, pero eso creó un gran problema: ¿cómo puede el Estado reubicar a tanta gente? ¿Con qué recursos comprarles tierra para sustituir la que tenían? ¿Y cómo cuidar casi 3 millones de hectáreas en todo el país?

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Eso significa que, aunque la norma no lo considere, la solución pasa por la gente. El inconveniente es que si no se hace algo, el páramo no sobrevivirá. Por eso es tan importante que el Estado trabaje de la mano con ellos para evitarlo: en Santurbán -el primer páramo delimitado- hay algunos esfuerzos pero no suficientes.

El plan b debe ser el plan a

^{En la laguna de La Cocha, Nariño, se han apoyado los esfuerzos de las comunidades por restaurar y montar semilleros nativos, además de brindarles apoyo técnico.}

Para darle respuesta a ese problema, Murillo tiene un insumo clave: el propio gobierno nacional ya esbozó una política con ese objetivo, aunque luego la engavetó. En 2013, el entonces ministro Juan Gabriel Uribe y el Instituto Humboldt dejaron listo un borrador de resolución que creaba una política para ayudar a los campesinos a cambiar, poco a poco, su modo de vida por uno más armónico con el páramo. Eso pretendía al menos darle pie legal a ese trabajo urgente mientras salía una ley de páramos que lo dejara en firme.

Entre las medidas había compromisos para no aumentar el área cultivada, reducir la de pastaje del ganado y dejar de sembrar en los lugares más deteriorados para poder restaurarlos. Además, los animaba a cuidar los nacimientos de agua, a sembrar cercas vivas de árboles con especies nativas y a hacer planes para eliminar el uso de pesticidas y tractores, ambos muy nocivos para la capa de tierra negra del páramo.

“No significa que se pretenda devolver los páramos a su condición original. Con el mejoramiento de sistemas de producción se busca que el ecosistema recupere su capacidad para proveer servicios como el abastecimiento de agua, la provisión de alimentos e incluso la captura de carbono”, dice Carlos Sarmiento, quien coordina el proyecto que elabora los insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos en el país.

Sin embargo, lograrlo cuesta. Requiere acompañar a las comunidades, apoyarlos en sus esfuerzos de restauración y montaje de semilleros nativos, brindarles asistencia técnica en lo productivo y, a largo plazo, reglamentar posibles fuentes de ingresos como el pago por servicios ambientales que reconocería económicamente su rol como guardianes de los recursos que ofrece el páramo.

Ejemplos exitosos hay varios, desde la laguna de La Cocha en Nariño hasta el Sumapaz vecino a Bogotá. El tema es que pasen de ser iniciativas aisladas -y privadas- para convertirse en política nacional.

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De todos modos, más allá del apoyo estatal, las comunidades tienen que ser las primeras en interpretar ese papel. “Yo puedo darles todas las herramientas, pero lo importante es que haya voluntad. Que exista esa conciencia”, dice Felipe Rubio Torgler, biólogo especializado en planeación participativa del territorio, que viene trabajando en páramos.

Para que ese modelo sea viable, se necesita que esa opción también lo sea para los habitantes del páramo. Por ejemplo, que puedan vender en el mercado sus papas de mayor calidad y encuentren clientes como el prestigioso restaurante bogotano Minimal que compra variedades nativas a los campesinos del páramo de Rabanal, en Ventaquemada. Es decir, la sostenibilidad es una moneda de dos caras: la del páramo y la de las comunidades que lo habitan. Al final, en esa convivencia está la clave de la supervivencia de ambos.

Irónicamente, aunque el gobierno entendió su importancia, ese régimen de transición nunca fue adoptado por Luz Helena Sarmiento o Gabriel Vallejo, los dos ministros que sucedieron a Uribe, y tampoco fue incorporado ningún proyecto de ley en el Congreso, –aunque sí aparece explícitamente mencionado en el acuerdo de desarrollo rural firmado en La Habana–. Y aunque en el ejercicio de delimitación de los páramos hay algún trabajo con las comunidades, no existe todavía una política integral que le dé vida a esa relación.

Esa realidad se vio agravada con el fallo de la Corte Constitucional este año, ya que deja en pie una prohibición absoluta sobre las actividades agropecuarias en páramos -en vez de fijarse en las de gran impacto- y no contempla la reconversión de los campesinos a opciones más sostenibles.

Como dice Rubio, “¿Qué sale más barato, que la gente sea la que cuide el territorio o recogerlos para sacarlos? Hay que hacer esa contabilidad”.