“Si terminamos el conflicto, los dividendos para el medioambiente serán inmensos”, dijo Santos en la Cumbre de Cambio Climático en París en noviembre del año pasado. Planeación Nacional ya le puso una cifra optimista a esa promesa presidencial: por cada año de paz, el país ahorraría 7,1 billones de pesos en degradación ambiental.

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Los científicos ambientales coinciden con el presidente, pero también piden cautela. Su gran preocupación es qué sucederá en muchas de las regiones donde se implementarán los acuerdos de La Habana, si se firma un acuerdo final con las Farc, ya que son– al mismo tiempo– epicentros de la ausencia histórica del Estado y lugares ambientalmente estratégicos y muy sensibles.

“Nadie duda de que el ambiente ha sido una víctima de la guerra, pero a la paz hay que hacerle gestión del riesgo ambiental. Se trata de prevenir los imprevistos”, dice Gustavo Wilches-Chaux, poniendo el ejemplo de cómo una pobre gestión ambiental permitió que, paradójicamente, El Salvador viera la mayor destrucción de sus ecosistemas tras la firma de la paz en 1992.

Por eso él y otros expertos ambientales vienen insistiendo en la necesidad de que los proyectos del posconflicto tengan en cuenta las consideraciones ambientales de las regiones, como manera de prevenir que se escalen los conflictos por temas como el agua o el uso del suelo.

Uno de los principales riesgos es que la falta de tierra y las expectativas generadas por la paz provoquen oleadas de colonización masivas y sin control hacia regiones aisladas como la Amazonia o las selvas del Chocó, donde no hay instituciones fuertes que puedan hacerles frente. Eso ya se puede ver en parques nacionales como Nukak y Picachos.

Como escribió Juan Pablo Ruiz en respuesta al optimismo del gobierno, el acuerdo agrario “genera riesgos que es importante discutir para planificar su manejo y evitar procesos de destrucción y degradación que llevarían a la insostenibilidad de los procesos productivos y sociales que allí se impulsen”.

De hecho, varios científicos proponen que la restauración de ecosistemas– un tema en el que Colombia está muy atrasado– se convierta en una actividad económica impulsada por el Estado y que pueda dar empleo a los reinsertados, que conocen bien esas zonas.

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