De la efectividad estatal dependerá en gran medida si los acuerdos de La Habana traen consigo sostenibilidad o mayor degradación ambiental.

Aunque en el acuerdo entre las Farc y el gobierno no hay un capítulo ambiental, la implementación de los puntos negociados tendrá profundas implicaciones en ese tema. Semana Sostenible leyó las 297 páginas del texto final y encontró múltiples oportunidades para mejorar la gestión de los recursos naturales del país, aunque de ser mal aplicado podría tener el efecto contrario.

Oportunidad: detener los motores ilegales de la degradación ambiental

La deforestación es el principal problema ambiental del país. De los siete motores que la impulsan, cuatro están directamente relacionados con el conflicto armado: los cultivos de uso ilícito, la minería criminal, la extracción ilegal de madera y la ampliación de la frontera agrícola, que con frecuencia resulta del desplazamiento forzado. El fin del conflicto armado dejará por fuera a uno de los principales actores de esos negocios ilegales.

Riesgo: actores ilegales diferentes a las Farc pueden retomar los negocios que mueven los motores de la degradación ambiental

La explotación ilegal de los recursos naturales puede cambiar de manos, o incluso permanecer bajo el control de disidentes de las Farc. Al fin y al cabo, ya están ahí los insumos técnicos, humanos e incluso las vías. Como en cada uno de los puntos del acuerdo, las oportunidades para el país dependen de que el Estado tenga la capacidad para gestionar adecuadamente los territorios. 

Oportunidad: cambiar la relación de los colombianos con la tierra

La ampliación de la frontera agrícola es una de las principales causas de la deforestación. Aunque no se deriva directamente del conflicto armado, sí resulta de una relación particular con la tierra y de la herencia de la violencia: bajos prediales, ausencia de seguridad jurídica frente a la propiedad y falta de apoyo técnico y financiero para el sector rural. Todo ello ha incentivado un modelo rural en el que prima la ganadería extensiva poco tecnificada y ambientalmente nociva.

El primer capítulo del acuerdo, relativo a la reforma rural integral, toca temas neurálgicos para el futuro del agro. Los principales son la formalización de títulos y el catastro rural, el acceso al agua, la determinación de la vocación del suelo, el ordenamiento territorial con criterios socioambientales y la asistencia técnica para la adaptación al cambio climático. Adicionalmente, en La Habana se acordó promover la conservación de semillas nativas y la producción agroecológica.

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Riesgo: Las elites rurales tienen mucho poder y no dudan en recurrir a la violencia

Cada región tiene su grupo dominante que activa o pasivamente ha aprovechado las condiciones del conflicto para mejorar su posición en la sociedad. Muchos de ellos dependen de acaparar la tierra y de usufructuar sus rentas para mantener su poder político. Ellos no se desmovilizan con este acuerdo y en el pasado han utilizado la violencia para defender sus intereses. En este punto también será necesario combatir la corrupción y aumentar la presencia del Estado, al tiempo que se ofrecen garantías para la participación comunitaria.

Oportunidad: aumento en el gasto en educación, protección ambiental y crecimiento verde

Con el final de la guerra el cambio en el gasto público no se presentará de inmediato: mantener la seguridad urbana, recuperar el control territorial y asegurarse de que otros actores ilegales no se apropien de los negocios de las Farc requerirá un esfuerzo continuo. Sin embargo,  la redistribución del gasto llegará eventualmente. La educación y la reforma rural deberán tener prelación porque ambas son esenciales para la sostenibilidad ambiental.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), por cada año sin guerra Colombia ahorraría 7,1 billones de pesos en degradación ambiental. Ese cálculo es demasiado optimista ya que parte del supuesto de que las actividades ilegales estarían cerca de desaparecer en los principales municipios del conflicto. Aun si estas se reducen gradualmente, la institucionalidad ambiental deberá incrementar su capacidad tanto de supervisión y control como de ordenamiento territorial y asistencia técnica.

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Riesgo: conflictos entre sectores económicos

La prioridad que el acuerdo le otorga al desarrollo rural se va a topar con la dura realidad de muchos territorios ya entregados por el gobierno en concesión para actividades como minería e hidrocarburos. Este antagonismo entre las expectativas de las comunidades rurales y la agenda extractiva oficial puede generar mayor conflictividad en el campo y una continuidad de la polarización en el ámbito político.

Oportunidad: zonificación ambiental

El acuerdo establece claramente el objetivo de cerrar la frontera agrícola y consolidar zonas de reserva para proteger áreas de especial interés ambiental. El compromiso del Estado es desarrollar “en un plazo no mayor a dos años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario, y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional”.

Riesgo y oportunidad: reforma a las Reservas Forestales (Ley 2 de 1959)

En el Fondo de Tierras mencionado en el acuerdo se podrán incluir tierras resultantes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de las reservas forestales.  Es urgente discutir una reforma a la Ley 2 de 1959. Hasta ahora no ha habido una transformación integral, sino delimitaciones individuales cuyo impacto acumulativo es difícil de estimar. Sería mejor un debate público sobre el alcance de esa herramienta jurídica,  la necesidad de proteger los bosques de manera efectiva e incluir a la gente que los habita. Como no está claro cómo se realizará esa actualización, esta es una oportunidad que encarna un gran riesgo.

Oportunidad: bienes públicos para las zonas rurales

Las inversiones en bienes públicos, que incluyen comercio, educación, ciencia y tecnología, deberían presentar oportunidades para enriquecer la gestión ambiental de organizaciones e individuos en el campo.

Riesgo: infraestructura rural

Definir la localización y trazado de infraestructura de gran tamaño, como las vías necesarias para conectar zonas aisladas, implicará tomar en cuenta delicados balances ecosistémicos. Sin duda habrá que hacer algunos sacrificios para darles oportunidades de conectividad y desarrollo a poblaciones relativamente aisladas. Estará por verse qué pasará con las vías informales que las Farc abrieron ilegalmente en las selvas y montañas del país.

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