Foto: Gloria González.

Colombia ocupa un lugar privilegiado en el listado de regiones con mayor biodiversidad del planeta, con más de 1200 especies de peces marinos. Para la protección y conservación de esa riqueza marina, se realizan importantes esfuerzos gubernamentales mediante la promoción de estrategias públicas y la declaratoria de áreas marinas protegidas para salvaguardar los recursos naturales del país. No obstante, actualmente la pesca ilegal es una amenaza latente a la vida marina y a la sociedad, que obliga a las autoridades a la implementación de nuevos procedimientos y mayores controles en el Pacífico y Caribe colombianos.

La pesca ilegal es entendida como toda actividad que realizan embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado, sin las respectivas licencias; violentando leyes; medidas de ordenación y reglamentos de protección sobre los recursos marinos. Se trata de una problemática a nivel mundial que atenta contra los recursos marinos y genera graves afectaciones a las economías nacionales; a quienes ejercen la pesca legalmente; al consumidor que obtiene los productos sin controles sanitarios y de inocuidad; y además, atenta contra la seguridad alimentaria del planeta.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 50% de los productos extraídos del mar a nivel mundial provienen de la pesca ilegal, causando pérdidas económicas que se estiman en 23.5 billones de dólares anuales.

Es por estas cifras que la pesca ilegal obliga los Estados a generar acciones estratégicas con enfoque preventivo y represivo como: el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización en puerto, el intercambio de información sobre embarcaciones entre países, el mejoramiento del marco normativo y el aumento en la vigilancia en los territorios marinos.

En Colombia, se ha logrado evidenciar que el término de 36 horas, establecido en el Código de Procedimiento Penal Colombiano para la judicialización en flagrancia de un caso de pesca ilegal, es insuficiente cuando la captura de la embarcación sospechosa se hace en alta mar a grandes distancias de la costa, y en ocasiones, bajo condiciones metromarinas extremas que dificultan el remolque de los barcos a costas colombianas. El vencimiento de las 36 horas, supone la imposibilidad de actuar por parte de la Fiscalía sin importar los delitos cometidos, sea actividad ilícita de pesca, violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros.

Debido a esta problemática, diferentes entidades como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la Armada Nacional (ARC), La Dirección General Marítima (DIMAR), La Comisión Colombiana del Océano (CCO), entre otras, con apoyo de organizaciones no gubernamentales, se encuentran trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley que, en parte, permite que el término de las 36 horas sea contado a partir del momento en que la embarcación de los presuntos infractores arribe a puerto, tal y como sucede con los delitos relacionados con el narcotráfico.

Este es solo un ejemplo de los retos país que enfrentamos actualmente para combatir la extracción ilegal de los recursos marinos. Con urgencia se requiere generar conciencia y abrir espacios de discusión y diálogo para el abordaje integral de esta problemática, donde participen las autoridades competentes, los sectores involucrados, los tomadores de decisión a nivel político y se enfrenten con acciones concretas las pérdidas económicas y de recursos que implican las actividades de pesca ilegal para el país.


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