Al peligro que representa el mar y a la escasez de recursos pesqueros se suma otra amenaza para los pescadores artesanales de los litorales del Pacífico y del Caribe: la pesca ilegal. Numerosas embarcaciones de procedencia extranjera llegan ilegalmente a las aguas colombianas en busca de apetecibles especies que impulsan el desarrollo de esta industria delictiva.

La situación es tan crítica que si antes, en una noche, un pescador artesanal podía conseguir entre 500.000 y un millón de pesos a bordo de una embarcación pequeña o mediana, “hoy no se hace ni para el combustible de la lancha”, cuenta con nostalgia Rubén Darío Cortés, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Tumaco. Las flotas ilegales, que proceden principalmente de Centroamérica (Nicaragua) o de Ecuador y Perú, están en busca de toneladas de la apetecida langosta espinosa y del caracol pala, en el mar Caribe; como también del pez dorado en el mar Pacífico.

De un tiempo para acá, también se han sumado barcos de bandera China, que se han visto ondear cerca de la isla Malpelo. Esas embarcaciones asiáticas persiguen tiburones, pues en algunos países de este continente la sopa de aleta de este pez, que está asociada a estatus económico, se puede vender hasta en 150 dólares, por lo que cada vez son más las embarcaciones que se arriesgan a adentrarse en aguas de varios países suramericanos en busca de ese apetecido botín.

Esta problemática es preocupante, si se tiene en cuenta que en Colombia hay unos 40.000 pescadores pequeños: 19.000 de ellos viven en la costa Caribe y 21.000 en la Pacífica, según estiman expertos en un informe sobre pesca ilegal de la organización MarViva.“Es muy triste porque aquí (a Tumaco) llegan barcos piratas de toda parte. Como uno es pescador artesanal no sale muchas millas afuera, pero eso se ve en las noches, mar adentro. El problema es que acaban con la fauna, succionan las crías y luego las botan. Lo peor es que no hay ninguna vigilancia de las autoridades”, lamenta Cortés.

El daño que causan estos intrusos a quienes viven de la pesca artesanal es tan evidente que ya en algunas zonas empiezan a escasear especies que, más que para el comercio, eran usadas habitualmente para el consumo diario. Como si esto fuera poco, especies que hace tan solo unos años se conseguían en grandes cantidades y que les servían a los pescadores tumaqueños para vender y también para su propio sustento, ya no se consiguen.

“Uno acá encontraba ‘camotillo’ o el ‘legro’, que se pescaba en las orillas. Eso ya no se volvió a ver y es culpa de ellos (los pesqueros ilegales). Por ejemplo, la ‘pelada’ ya solo se consigue cuando esos industriales no llegan o se cansaron y dejan una manchita, como le decimos nosotros. A uno como pescador artesanal le toca rebuscarse mucho porque ellos no dejan nada”, advierte.

Un enemigo viejo

Lo que ahora denuncian con fuerza las asociaciones de pescadores del Caribe y el Pacífico lo vienen advirtiendo desde hace más de una década, sin tener una respuesta contundente por parte del Gobierno nacional, como lo afirma Manuel Bedoya, presidente de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia (ANPAC).

“Desde hace más de 20 años se está presentando esta problemática. Las naves extranjeras sacan pescados en las zonas fronterizas y no hay políticas pesqueras ni control de las autoridades; la Armada no tiene cómo controlar este tema. Se concentra solo en el problema de la coca”, asegura Bedoya.
De acuerdo con la Dian, hasta la primera semana de diciembre de 2017 fueron retenidas 27 embarcaciones. También se decomisaron 121,4 toneladas de pescado introducido ilegalmente al país, el cual es donado o destruido dependiendo de si es apto para el consumo, ya que se trata de un alimento altamente perecedero.

Algunas medidas de control

Para enfrentar esta situación, el Congreso de la República emitió el pasado 19 de julio la Ley 1851 que busca darles a las autoridades ‘dientes’ para encarar a estos piratas. Por ejemplo, se fijó que, en estos casos, las 36 horas de detención se cuenten una vez el detenido pise tierra firme y no en altamar, pues muchos pescadores piratas eran dejados en libertad al llegar al puerto por las largas distancias entre el punto de retención y el puerto más cercano.

“Esta ley nos da competencias adicionales que las autoridades, la Dimar y Guardacostas no tenían antes. Por ejemplo, los aparejos que se usaron para la pesca ilegal ahora se pueden donar y no terminar en cuartos durante años a la espera de que su suerte se resuelva en un largo proceso administrativo”, señala Diego Triana, asesor jurídico de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).Además de esa Ley, en 2015, la Fiscalía, la Dirección General Marítima (Dimar), Guardacostas y la Aunap expidieron una circular conjunta para conformar una mesa nacional contra la pesca ilícita y empezar a trabajar en acciones integrales para enfrentar este flagelo. 

La pesca ilegal también ha funcionado como cortina de humo para otros delitos como el tráfico de drogas, pues las embarcaciones salen hasta los límites marinos para entregar o intercambiar cocaína con buques en alta mar que continúan la ruta ilícita. Por ejemplo, barcos colombianos reciben pescado para ocultar el cargamento de drogas, ya que, en caso de ser sorprendidos, fingen ser pescadores ilegales y no traficantes de droga, lo que en últimas les genera una pena muy inferior.

Se espera que con un enfoque regional se mejore la situación de los pescadores que representan Rubén y Manuel, ya que el tipo de pesca y los conflictos no suelen ser los mismos en el Pacífico que en el Caribe. “Se ha dejado de pensar en tener solo una mesa nacional de pesca y se han instalado unas regionales en Cartagena, Buenaventura y próximamente en San Andrés”, comenta Triana. Ahora el reto consiste en que las entidades se coordinen efectivamente y hagan uso de los nuevos instrumentos legales que existen para combatir esta problemática, logrando así proteger los recursos que sustentan a miles de familias pesqueras.