El Plan de Desarrollo suele ser una caja de sorpresas. En ese documento de 110 páginas están todos los temas esenciales para Colombia. Este año, por primera vez, el “crecimiento verde” se incluye como una de las seis estrategias transversales de la hoja de ruta de un gobierno. Para Planeación Nacional esto “marca el inicio de un cambio en la formulación de políticas ambientales y una nueva visión del desarrollo sostenible”. La verdad es que ese giro no es puramente altruista pues es claro que cada vez más los Estados tienen que satisfacer unos mínimos en materia de protección a la naturaleza. Por ejemplo, para ingresar a la OCDE, el club de buenas prácticas en el que están los países de primer mundo y al que aspira entrar Colombia, hay que cumplir con una serie de requisitos en esta materia. 

Semana Sostenible acompañó durante varios meses a un grupo de organizaciones expertas en medio ambiente a preparar insumos para el plan de desarrollo. En este grupo participaron Dejusticia, Patrimonio Natural, WWF, Alisos, Fundación Natura, Resnatur, Aida, entre otras. Los expertos de estas instituciones prepararon un documento para Planeación Nacional con sus aportes en temas como minería, agua, bosques y energía. Ahora que esa entidad hizo público el documento que se va a discutir en el congreso, Semana Sostenible los convocó de nuevo para que analizaran lo bueno, lo malo y lo feo de lo que quedó. 

LO BUENO: 

Hay una agenda de crecimiento Verde: El PND el gobierno reconoce la necesidad de definir una política de crecimiento verde a largo plazo, identificando objetivos y metas de crecimiento económico sostenible. Asimismo, reconoce la importancia de cumplir con convenios internacionales como el marco de negociación de la Agenda Post-2015 y las contribuciones nacionales frente a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático que establece metas sectoriales de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. 

Se incluyen también los conflictos “verdes”: El Plan pone en marcha el Sistema Integral de Prevención y Gestión de Conflictos.  Están contemplados mecanismos para abordar los conflictos socio- ambientales. Esto es muy positivo pues en últimas el gobierno reconoce que los recursos naturales son uno de los ejes de la guerra en el país. El Atlas de Justicia Ambiental ubicó a Colombia como el segundo país del mundo con más conflictos ambientales del mundo y la ONU acaba de publicar un completo informe sobre cómo el medio ambiente tiene un rol vital en el posconflicto.  

Se promueve el Pago por Servicios Ambientales (PSA): Cada vez toma más fuerza la importancia de establecer estos esquemas. En el plan se incluyen como potenciales fuentes de financiación las tasas por uso de agua  y las transferencias del sector eléctrico.  Sin embargo, es importante revisar las tasas por uso del agua, porque en la práctica los recursos que salen de estas son irrisorios. 

Habrá cobros por congestión o contaminación: El transporte privado en las ciudades cada vez revierte más importancia en materia de movilidad. En plan se empiezan a reglamentar instrumentos económicos, como los cobros por congestión, para incentivar formas de transporte más sostenibles.

Se protegen los Humedales RAMSAR: Es muy positivo que se mantenga la exclusión ya establecida en la ley del plan anterior respecto a la exploración y explotación de hidrocarburos y minería en estos sitios de importancia internacional. Sin embargo, los humedales que no están en esta categoría quedan por fuera. 

LO MALO:

Las mineras se quedan en los páramos: El Plan crea una especie de régimen de transición para que las mineras con título y licencia ambiental puedan continuar en los páramos. En el documento se establece que los permisos que se “hayan sido otorgados con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las actividades de minería, o con anterioridad al 16 de junio de 2011 para la actividad de hidrocarburos, respectivamente, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin posibilidad de prórroga”. 

Partieron la Amazonía: El Plan Nacional de Desarrollo trae una propuesta de regionalización que podría hacerle daño a la Amazonía colombiana. Los Departamentos del bioma amazónico quedan divididos en dos regiones, Centro – Sur (Caquetá – Putumayo y Amazonas) y Llanos (Guainía, Guaviare, Vaupés). Esta perspectiva puede tener implicaciones concretas sobre el modelo de desarrollo de esa región. 

Quedaron por fuera: En el plan se eliminan las restricciones de uso en ecosistemas estratégicos como los manglares y los bosques secos que correspondía a un avance en la protección de estos ecosistemas tal como estaba establecido en la bases y la ley del plan anteriores.

LO FEO: 

No se sabe cómo llegaremos: No aparece en la propuesta de articulado, la  mención explícita del diseño en los próximos 4 años, de estrategias que le permitan al país dar cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Post 2015, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a sus respectivas metas establecidas a 2030. 

Se olvida la minería ancestral: El plan impone restricciones para la legalización de la pequeña minería. Se establece que podrá desarrollarse con título minero a través de la subcontratación o por la asignación de áreas cuando éstas hayan sido devueltas. Sin embargo, se desconoce la existencia de la minería ancestral en territorios que han sido explotados durante décadas por mineros de pequeña escala especialmente en la región pacífico. Esto podría plantear un conflicto dado que en dicha zona la mayor parte de la tierra es de propiedad de las comunidades afrocolombianas e indígenas que las tienen asignadas a consejos comunitarios y a resguardos.  Sin el concurso de estas comunidades en el proceso y sin el reconocimiento de titulaciones mineras a las actividades que se han venido desarrollando, se hace inviable el mejoramiento de prácticas a la pequeña minería en este territorio.

Muy poca inversión: A pesar de que es positivo que el Crecimiento Verde tenga un peso específico como estrategia del plan, es preocupante el poco peso que tiene en la destinación de recursos. Solo un 1,35% del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2015-2018 se destina a la estrategia de Crecimiento Verde, que de las estrategias del plan es la que menos recursos recibe después de Buen Gobierno (1,17%). Se observa en este sentido que sigue prevaleciendo en materia de asignación de recursos para los sectores una visión de desarrollo extractivista, donde por ejemplo el sector minero-energético recibe una asignación del 11,15% de los recursos. Este punto es importante además porque de la asignación a Crecimiento Verde gran parte estaría destinada a la atención a emergencias y desastres y no a la gestión ambiental.

Con los comentarios de Javier Sabogal, WWF; Carlos Lozano-Acosta, AIDA; Wendy Arenas, Alisos; Sebastián De Los Rios Echeverri, Patrimonio Natural. 

*Editora de Medio Ambiente Revista SEMANA 

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