La semana pasada, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, abrió un nuevo frente de batalla con los ambientalistas. Con la firma del decreto 565, que modifica la política de humedales de la capital para permitir allí la construcción de ciclorrutas y senderos de cemento, se armó una polémica sobre la conveniencia de este tipo de intervenciones en uno de los pocos ecosistemas naturales que sobreviven en la ciudad.

La discusión se trasladó de las redes sociales a los estudios de Semana Sostenible en vivo. Allí, Óscar López, director de control ambiental de la Secretaría de Ambiente y el Concejal por el Centro Democrático Diego Molano defendieron la decisión de Peñalosa bajo el argumento de que se trata de un ajuste de la política de humedales a los mandatos del Plan de Ordenamiento Territorial que está vigente en la ciudad.

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“Lo que se modifica es la definición de recreación pasiva. Lo que está haciendo la administración es ajustarla al instrumento actual de ordenamiento y lo que busca es una armonización entre lo que establece el POT y las directrices que establecen los otros instrumentos con que cuenta la ciudad”, afirma López.
Ese ajuste tiene grandes implicaciones en la manera como se entienden los humedales desde el gobierno y, en consecuencia, para las actividades que son o no permitidas dentro de ellos. Para no ir más lejos, la nueva definición da vía libre a la construcción de infraestructuras duras en estos ecosistemas, algo que estaba prohibido explícitamente bajo el esquema anterior.

Para el investigador Germán Andrade, "esta modificación es la reedición de los conflictos ambientales que se crearon en la primera administración de Peñalosa y que los entes de control dirimieron hace años, pero que hoy renacen bajo la forma de falsos dilemas: me pregunto cuál es la necesidad de oponer conservación con apropiación social y cuál es la necesidad de oponer una visión técnica con la visión social".

Y es que esas dicotomías son las que ha usado la administración para explicar la necesidad de la modificación de la política de humedales: que ahora la ciudadanía sí se va a poder apropiar de estos ecosistemas. Y que aunque desde algunos sectores sociales se critique la medida, esta corresponde a criterios técnicos que en el largo plazo van a demostrar que es la mejor opción para conservarlos.

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"El Concejo aboca la discusión de los humedales desde el plan de desarrollo hace dos años, en varias de las comisiones se planteó la necesidad de que Bogotá tuviera una política amplia de recuperación y de protección del todo sistema de humedales”, dice el concejal Molano. La modificación de la política que regula estos ecosistemas es el resultado de estas discusiones.

Sin embargo, para el director de la Fundación Humedales Bogotá, Jorge Escobar, “es muy básico pensar que uno con ciclorrutas y con alamedas va a responder a las necesidades de los humedales. Por algo las Altas Cortes siempre le han dado la razón a la comunidad en que estos espacios no se deben intervenir”.

Pero tal vez el problema de fondo sea justamente que Peñalosa no tiene muy en cuenta lo que dicen los expertos ni las organizaciones sociales. “¿Por qué la administración no cuenta con el apoyo técnico y científico que puede validar esto?, ¿por qué toman decisiones unilaterales sin contar con instancias mínimas de legitimación y validación como es la mesa de humedales?", se pregunta Andrade.

“Lo que se hizo con este decreto fue ajustarse a la norma, ajustarse al POT, cumplir la ley no es algo que se pueda negociar, básicamente lo que estamos haciendo es ajustar una definición a un instrumento que hoy permite la planeación de la sociedad”, le responde López. “El problema de esta administración es el método. Deberían contar con la ciudadanía porque lo legal no siempre es legítimo, las buenas ideas hay que saberlas manejar”, replica Andrade, y con esto concluye un debate en el que, sin embargo, las partes nunca se van a poner de acuerdo.

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