| 2013/12/01

¿Restitución o minería?

La locomotora minera podría chocar con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, en un momento en el que el país define su futuro en materia de paz.

Fernando Vargas.
Fernando Vargas.

Dabeiba es un municipio con cerca de 30 mil habitantes, ubicado a 183 kilómetros de Medellín. Allí los Emberá Katío han luchado desde 1975 por recuperar el área del resguardo indígena del río Andágueda en la zona rural, lugar de exploración y explotación minera.

Los enfrentamientos entre las comunidades y los mineros por controlar el territorio han originado quemas de caseríos, homicidios y desplazamientos. En 1990 los Emberá Katío pensaron que habían logrado la paz, pues las partes firmaron un acuerdo para frenar el conflicto y el resguardo fue declarado zona minera indígena; es decir, que ellos tenían la posibilidad de decidir en qué lugares se podía extraer el recurso y dónde no. A la fecha esta declaración está vencida, y hasta octubre de 2012 se otorgaron 13 títulos mineros a particulares, con una vigencia de 30 años, lo que permitía explorar y explotar 26,2 por ciento del resguardo. 

En un hecho sin precedentes, en abril de este año, esos títulos fueron suspendidos por el Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Quibdó. Se frenaron 10 solicitudes de títulos presentados por empresas que sumados a los ya otorgados representan 80 por ciento del territorio. El juez, además, ordenó retirar la maquinaria y el personal, y exigió a las autoridades proteger la zona.

Fernando Vargas Valencia, uno de los abogados del grupo de investigación de la Contraloría, quien tuvo a cargo el capítulo del libro titulado ‘Minería, conflicto armado y despojo de tierras: impactos, desafíos y posibles soluciones jurídicas’, sostiene que “falta coordinación entre las agencias gubernamentales y las políticas públicas. No es posible que en el caso del Alto Andágueda, mientras el juez de restitución de tierras da una orden, la Agencia Nacional Minera presenta un recurso en contra”.

Colombia pasa por un momento crucial en el que la paz es el tema principal, y uno de sus puntos tiene que ver con las víctimas y restitución de sus tierras. Pero, como propone Vargas, ¿cómo va a hacer el Estado para devolver las tierras a quienes fueron despojados si en muchos casos, además de no cumplir con las condiciones de densidad histórica y seguridad, estos lugares han sido entregados en concesión o titulados para exploración y explotación minera? De los 31 departamentos continentales de Colombia, solo 10 tienen menos del 10 por ciento de su territorio titulado o solicitado por minas de oro y carbón. 

No se trata de criminalizar la minería, pero no en vano la Corte Constitucional se pronunció en los Autos 004 y 005 de 2009 de seguimiento a la sentencia T-025 afirmando que la minería era un factor subyacente vinculado al conflicto. Con esto, concluye Vargas, lo que se busca determinar es hasta qué punto la minería se ha visto beneficiada indirectamente del actuar macrocriminal. 

Por ahora, los habitantes del Alto Andágueda pueden estar tranquilos. Sin embargo, como afirma el investigador “los discursos de la paz no pueden disociarse de los discursos del desarrollo”. 


El investigador

Fernando Vargas Valencia
Abogado especialista en derechos humanos de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Sociología Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Combina sus escritos sobre minería y derechos humanos con la poesía, su lado más artístico, el cual acompaña con el sonido de los timbales que interpreta. 

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