Luis Jorge Garay.

Sibylla Brodzinsky: ¿Por qué la Contraloría pide que hagan esta investigación?

Luis Jorge Garay: Los recursos naturales son propiedad del Estado, es decir, un patrimonio público. Velar por su conservación o exigir que se tomen medidas cuando ya hay detrimentos es competencia de la Contraloría General de la República. Esta es su función más importante. 

S. B.: ¿La minería sostenible es una contradicción de términos?

L.J.G.: En toda actividad minera hay una afectación del territorio de muy diversa índole: ambiental, geológica y, en muchos casos, también social y cultural. Las preguntas son: ¿cuál es el grado de afectación y su perdurabilidad? ¿Es este daño reversible o se vuelve definitivo? La minería de carbón a cielo abierto, por ejemplo, tiene impactos intergeneracionales irreversibles. Están comprobados sus impactos en el medioambiente y en la salud de las comunidades vecinas. En ese caso uno dice ‘esa minería no es sostenible’. Otros tipos de minería tienen una afectación en el territorio, en las comunidades y en el ambiente, pero se desarrollan de una forma tal que pueden tener una sostenibilidad temporal. 

S. B.: El libro señala que la minería a gran escala es ‘un factor subyacente’ del conflicto armado en Colombia. ¿A qué se refiere? 

L.J.G.: Este ha sido uno de los elementos fuertes de discusión que se ha malinterpretado del estudio. No estamos diciendo que la minería a gran escala ha producido o está produciendo los conflictos de violencia, desplazamiento y despojo de tierras. Lo que se quiere destacar es que en las regiones en las cuales hay altas inversiones en minería se han observado episodios severos de este tipo. Con esto, también llamamos la atención sobre el cuidado que deben tener las grandes mineras de verse involucradas directa o indirectamente en violaciones de derechos humanos. 

S. B.: El estudio dice que para que la actividad minera sea un factor de desarrollo, los proyectos deben cubrir todos los costos de producción. ¿Cuáles son y cómo se calculan estos costos?

L.J.G.: Ahí hay una serie de valoraciones muy complejas que llevan a posiciones extremas. Unos fundamentalistas dicen que eso no es evaluable, y que por eso no debe haber minería en territorios claves del país. Otra posición es que no se evalúe. Nuestra postura tiene que ver con llegar a una sana y sabia decisión para poder lograr compensaciones adecuadas cuando se producen daños al patrimonio público. 
En el libro evaluamos la renta minera en términos económicos, el ingreso tributario y regalías pagadas por las mineras en favor del Estado. Mostramos que infortunadamente es insuficiente. Las proporciones de regalías y de impuestos no son tan elevadas como pudieran ser en comparación con otros países. 

S. B.: Colombia tiene problemas de orden público que no se ven en otros países de la región y ofreció a las mineras incentivos extraordinarios para la inversión. ¿El país ya pasó la etapa de tener que regalarlo todo?

L.J.G.: En términos nominales las empresas deberían pagar el 33 por ciento, pero la tasa efectiva en el caso de la minería en Colombia es del orden del 12 o 13 por ciento, y eso es por deducciones y tratamientos preferenciales. En cuanto a regalías, el esquema que se adoptó en el país no es el más adecuado. Cuando hay boom de precios internacionales, lo apropiado es que la tasa de regalías aumente en la medida que sube el precio, y que el Estado, que es el dueño de esos recursos naturales, se pueda beneficiar proporcionalmente; pero también reducir las tarifas cuando hay caídas para que las empresas no resulten afectadas. Hicimos ese cálculo y Colombia puede obtener regalías mayores de las que recibió sin afectar a las empresas. El ajuste en los dos últimos años ha incrementado la presión hacia una mayor tasa efectiva, lo que es saludable, pero todavía hay mucho espacio.

S. B.: Hablamos sobre la sostenibilidad de la minería, pero ¿qué tan sostenible es el modelo de minería colombiano? 

L.J.G.: El boom de precios internacionales más reciente comenzó entre 2003 y 2004 e impuso un modelo extractivista. Nosotros no hemos construido la regulación ni la institucionalidad necesaria para un boom de esa naturaleza. Sin una fiscalización detallada –ni pública ni privada– se aprobaron en el transcurso de ocho años alrededor de 8.000 títulos mineros bajo un principio de carácter feudal: primero en el tiempo, primero en el derecho. Colombia tiene que modernizar y adaptar la institucionalidad medioambiental minera con o sin boom, para lograr un manejo más estructural y ético en el mediano y largo plazo. De hecho, hay algunos avances. En 2011 el gobierno Santos cerró la ventanilla minera ante esa acumulación de solicitudes y solo la reabrió hace unos meses; negó un altísimo número de solicitudes, lo cual es un paso inicial. La Agencia Minera para ciertas zonas de reserva estratégica está empezando a implantar criterios de selección objetiva por primera vez, pero se necesita un fortalecimiento institucional mucho mayor de lo que se ha previsto.

Ficha personal 

Luis Jorge Garay Salamanca

Profesión: Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en Economía de esta misma institución. Doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Trayectoria: este investigador innato se ha movido entre la Academia y el sector público, siempre indagando y analizando la realidad nacional desde una óptica económica y social. Fue profesor de la Universidad Nacional y de los Andes, así como asesor y jefe de algunas dependencias del Departamento Nacional de Planeación. 


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