Las fallas verdes

Julio Fierro: Porque las empresas interesadas hacen los estudios de impacto ambiental y no el Estado, como le competería. El Estado debe encargarse del tema y lo puede hacer, por ejemplo, bajo un modelo de fiducia. Que sea un proceso transparente en el que las empresas no manoseen la normativa.

Mauricio Cabrera: Cuando trabajé en el Ministerio de Ambiente, en 2000, me di cuenta de la situación. Uno llega a una mega mina y espera encontrar una interpretación de la parte ambiental, pero para las compañías eso es tener tres árboles revegetalizados, cinco canecas, una planta de tratamiento de agua, vertimientos de agua para uso y consumo, y una fundación que regala plata a los vecinos para que no ‘frieguen’. No tenían mapas hidrogeológicos ni planes de abandono. 

Semana Sostenible: ¿Le quedó grande al Estado y a las mineras el diálogo con las comunidades?

J.F.: Hay una apuesta extractivista que choca con las comunidades, que necesitan y exigen estándares mínimos de calidad de agua, suelo y aire. Si no se piensa en las comunidades, sujetos de derecho y de consulta, se va a generar un nuevo conflicto social. El plan de desarrollo del presidente Santos es contradictorio al incluir una locomotora minero-energética y una sostenible, más aún cuando considera como único problema la minería ilegal. Están negando lo que sucede en el Cesar, en Cerromatoso o en Santurbán. 

M.C.: Los resultados técnicos confirman los límites ambientales, pero siento que hay una alta presión sobre el Ministerio y el Instituto Humboldt para que se pliegue a los intereses. Si el Ministerio diera un mensaje diferente, el país iría en contra del marco legal ambiental y cometería un grave error que le costaría mucho, porque todo sería fácilmente demandable. Pero sé del lobby que están haciendo las empresas en el Ministerio de Minas, entre otras cosas, acaban de nombrar un Viceministro de Minas (César Díaz) que viene del sector, exrepresentante de la Cámara Colombiana de la Minería. Él era un lobista de profesión y ahora es el viceministro. 

J.F.: Hay puerta giratoria. Por ejemplo, un abogado salió de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la Gerencia Ambiental de Cemex. Esto es peligroso porque si se arreglan los términos de referencia, ¿quién revisa? Pues personas pendientes de irse a trabajar a mineras o petroleras. Se necesita un fortalecimiento institucional. 

M.C.: Un montón de funcionarios públicos que tenían alta responsabilidad en el manejo de la política pública ambiental han pasado a las empresas, incluso algunos burlando la normativa, escudándose en ONG que trabajan para las empresas. Pero también está sucediendo lo contrario: funcionarios de compañías que llegan a manejar la política energética. Históricamente los sectores productivos se han opuesto a cualquier avance del tema ambiental. Esto es nefasto, hay que tener niveles de independencia.

J.F.: La Drummond tiene incumplimientos de sus compromisos pactados en el plan de manejo ambiental. Dijeron que iban a caracterizar las rocas y sus composiciones geoquímicas, pero nunca lo hicieron. La Contraloría ya tiene certeza de un desmejoramiento en el medio ambiente y el deterioro de las aguas subterráneas en la zona que incluye a la Drummond, Carbones de la Jagua, El Hatillo y La Francia. También hay indicios de daños en la salud pública. La Corte Constitucional, en la sentencia T- 154, le dice a la ANLA que a pesar de que certifiquen que la Drummond cumple con 80 por ciento del manejo ambiental, hay un deterioro.

J.F.: El del Cerrejón, que entregó los modelos hidrogeológicos a la autoridad ambiental después de años de explotación. Esto demuestra que desconocían lo que iba a pasar con sus aguas subterráneas. La joya de la corona es pretender correr 26 kilómetros el único río que tiene esta zona para sacar 500 millones de toneladas de carbón. Hicieron además un proceso que llamaron de preconsulta previa absolutamente espurio, acompañado por el Ministerio del Interior. 

J.F.: Cerromatoso ha dejado de pagar regalías al Estado, opera con una licencia de 1981 que ni siquiera se llama licencia ambiental y ha presionado para que el Estado firme el otrosí para que se le dé propiedad sobre el subsuelo. Por su parte, en el proceso de exploración en Santurbán, Ecoro está haciendo túneles y galerías que deberían estar prohibidos por su gran impacto. Las aguas que salen de esas galerías no sirven para nada, están contaminadas. También es importante mencionar a La Colosa, de AngloGold Ashanti, que va a dejar un hueco y una montaña de desechos gigante en la parte más alta del río Coello, afluente del Magdalena. Al sacar el oro también sale pirita, que hace parte de los desechos, es altamente contaminante y se va a drenar a aguas y suelos. Por no hablar del dique de colas que harían en un valle en el municipio de Piedras y que contendría una sopa de químicos que quedan luego de extraer el oro. 

Es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia con un Máster en geotecnia de la misma universidad. Se ha desempeñado como director del Grupo de Investigación en Geología Ambiental Terrae, profesor universitario y consultor independiente. 

Geólogo experto en instrumentos de gestión e información ambiental. Trabajó en la Dirección de Licencias Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente, fue subdirector de Estudios Ambientales del Ideam y coordinador de los proyectos de adaptación al Cambio Climático INAP, con el Banco Mundial y el Programa conjunto con agencias de Naciones Unidas.