| 2013/12/05

La locomotora minera: ¿es motor del desarrollo regional?

La discusión que se ha iniciado en los últimos meses en el país sobre el modelo de la minería en Colombia debe incluir, al menos, dos temas relevantes: la reforma del esquema de imposición de regalías y su distribución entre las regiones y la consulta de muchas de las mismas regiones sobre el inicio de nuevos proyectos de minería a gran escala en su territorio.

La locomotora minera: ¿es motor del desarrollo regional?
La locomotora minera: ¿es motor del desarrollo regional?

Las regalías, esa porción de los ingresos mineros y petroleros que recibe la Nación en contraprestación por la explotación del subsuelo de su propiedad, se canalizaron durante los últimos veinte años, en un altísimo porcentaje, hacia los municipios y los departamentos en donde se realiza la explotación. Estas regalías se incrementaron notablemente, en especial desde mediados de la década pasada, por el boom de los precios en el mercado internacional. Sólo a partir del año pasado, con la reforma del régimen de distribución regional de regalías, estos ingresos empezaron a ser asignados a todas las regiones del país y no solo a aquellas en donde se explota el subsuelo. De manera casi simultánea con este cambio en el destino de las regalías, han surgido crecientes voces de protesta en la mayoría de las regiones en donde hay expectativas de nuevos proyectos de gran minería, por los riesgos intrínsecos asociados a esta actividad. Protestas muchas veces relacionadas con la localización geográfica de los proyectos mineros en la alta montaña, en donde nacen los cuerpos de agua que abastecen a las poblaciones y al resto del sector productivo.

Para aportar a esta discusión, en el respectivo capítulo se revisa la evolución que ha tenido este sector en los últimos años, así como su potencial de contribución al desarrollo regional. Esta revisión, que próximamente será divulgada por un segundo volumen sobre la minería en Colombia por parte de la Contraloría General, arroja varios resultados de especial interés. Aunque no se hayan iniciado la mayoría de los nuevos proyectos de gran minería que se anuncian, se encuentra que el impacto de este sector sobre el crecimiento de las economías regionales ha sido muy marcado en los últimos años. Pero también que los efectos de este crecimiento económico sobre las condiciones de vida de la población dejan un sabor muy amargo.

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Dane, a nivel nacional la minería y los hidrocarburos casi que duplican su participación en el producto interno bruto (PIB), pasando de representar el 5,9% en el 2000 al 11,3% en el 2012. En contraste, la industria contrajo su participación en el PIB, en el mismo período, en dos puntos porcentuales (de 13,9% cayó a 11,9%), en tanto que el sector agropecuario perdió más de dos puntos (de 8,3% pasó a apenas un 6,0%). Pero esta tendencia a la desindustrialización y a la contracción agropecuaria es, por supuesto, mucho más marcada en las regiones en donde se concentra la producción minero-energética. Es así como en el departamento del Meta, en donde se concentran actualmente los principales proyectos petroleros, este sector pasó de representar el veinte por ciento a actualmente el setenta por ciento de su producto regional. En el Cesar, la minería incrementó su participación en casi treinta puntos porcentuales, mientras que en La Guajira lo hizo en cerca de nueve puntos. En estos dos departamentos, donde se explota prácticamente todo el carbón que exporta el país, este sector representa hoy en día, respectivamente, el 48 y el 59 por ciento de sus PIB regionales. Y el oro no se queda atrás. En el Chocó, el departamento con más crecimiento de su producción en los últimos años, este producto pasó de representar menos del cuatro por ciento a alrededor del cuarenta por ciento de su economía en los últimos dos años. En todos estos casos, al igual que en el resto del país, la industria y el sector agropecuario han sufrido serios retrocesos en su participación en las economías locales.

Este auge minero puede ser interpretado como un indicador económico positivo, en la medida en que refleja un acelerado crecimiento del producto bruto per cápita en las distintas regiones productoras. Pero esto sería apenas una vana ilusión si al menos este crecimiento del ingreso per cápita no se reflejara en una mejora proporcional de las condiciones de vida de la población. Infortunadamente, sin duda alguna la situación observada no corresponde a lo que se habría sido deseable. A pesar de haber recibido la mayor parte de las regalías, la calidad de vida de la población de estas zonas de explotación de minerales no sólo no mejoró, sino que, en la mayoría de los casos, vio consolidar su franco retraso en contraste con otras regiones del país.

Al comparar los municipios mineros con aquellos que han tenido mayor desarrollo de otros sectores productivos, los resultados resultan ser muy preocupantes. A mediados de la década pasada, cuando se realizó el último censo, la situación en los municipios mineros era ya bastante crítica. Por ejemplo, en los municipios del Cesar en donde se explota carbón, el 76% de la población no tenía sus necesidades básicas satisfechas, en contraste con un 30% de la población en los municipios del país con menor dependencia de las regalías. Más aún, midiendo la pobreza con el nuevo índice multidimensional que está construyendo el Departamento Nacional de Planeación, más del 90% de la población de estos municipios productores de carbón en el Cesar estaría bajo esta condición y el 74% en el caso de La Guajira, en marcado contraste con el 43% de los habitantes en aquellos municipios del país que en donde predominan otros sectores productivos.

Esta situación se refleja de manera dramática en las condiciones de los niños menores de un año, uno de los grupos más vulnerables de la población. En los municipios del país con mayor desarrollo de actividades distintas a la minería, sin contar las capitales de departamento, por cada mil niños nacidos vivos en el año 2011, 12 de ellos murieron antes de cumplir un año. Esta cifra, ya de por sí inaceptable, es significativamente mayor en los municipios del Cesar y La Guajira en donde se produce carbón: 27 niños no alcanzaron a cumplir su primer año de vida, a pesar de que en estos municipios se reportan afiliaciones al servicio obligatorio de salud muy por encima de las que reportan los otros municipios tomados aquí como referencia.

Las condiciones de vida son también altamente preocupantes en los municipios del Chocó que vieron crecer sus ingresos por regalías de manera acelerada por la producción de oro en los últimos años. Lo anterior, sumado a los impactos ambientales que sufren estas regiones especialmente sobre sus fuentes de agua, permite concluir que el crecimiento minero y el aumento de las regalías que de allí se derivan, no han generado claramente per se desarrollo humano en las regiones  productoras, ni aún, contrario a lo que hubiera sido de esperar, en términos relativos con respecto a municipios no mineros en el país. Todo esto obliga a hacer un seguimiento muy cuidadoso al nuevo sistema de regalías, donde la Contraloría General ya ha venido encontrando problemas tanto en la asignación de los recursos a los proyectos y programas de inversión, como en la ejecución. Pero igualmente resulta reiterativa la imperiosa necesidad de indagar por qué, en los últimos veinte años, los municipios predominantemente mineros no han logrado progresar ni económica ni socialmente, habiéndose desaprovechado cuantiosos recursos por regalías e inversión minera.

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