Minería de aluvión en el Bajo Cauca.

“Ante la grave situación de minería ilegal que afronta le departamento del Cauca, la Comisión Regional de Moralización, del a cual hace parte la Procuraduría General de la Nación, hizo un llamado urgente a las instituciones involucradas con este tema para que asuman su responsabilidad e inicien acciones contundentes que permitan combatir de manera efectiva esta problemática”.

Así comienza el comunicado publicado por la Procuraduría sobre  el estado de la  minería ilegal en este departamento. Además de este llamado, el ente regulador exhortó a los alcaldes municipales y al comandante de la Policía del departamento a  cumplir la Resolución 464 de 2013 del Ministerio de Transporte y el Decreto 2235 de 2012, ambos   sobre las autorizaciones, permisos y demás exigencias previstas en la ley para el tránsito y uso de maquinaria dentro  de  los territorios donde tienen jurisdicción en actividades mineras.

Minería ilegal en Colombia

Por décadas la minería ilegal ha estado asociada a los grupos armados que la usan para sembrar terror y obtener ganancias. Es por esto que se ha vuelto normal leer sobre capturas de delincuentes involucrados en esta actividad. Hace un año, por ejemplo, Zabala de las Farc fue asesinado por matar mineros en Zaragoza y Don Leo, de los Urabeños y conocido por generar terror en los mineros del Bajo Cauca, fue capturado.

En total el Ministerio de Minas y Energía ha contado 9.044 unidades de producción minera sin títulos ni licencia en el país, 15.000 mineros informales y 25 municipios donde es usual esta actividad.

Gran parte de estas minas son controladas directamente por los grupos armados mientras que otras son manejadas por medio de millonarias extorsiones. Un ejemplo de esto está en Segovia donde muchos de los 200 mineros que trabajan en el campo de Gran Colombia Gold pagan vacunas. Varios líderes mineros han contado que esa vacuna va desde el 5 hasta el 20 por ciento del oro que logren sacar.

En qué va el gobierno en materia de minería ilegal

A finales de 2012 el presidente Santos anunció que él y su gobierno irían “con toda contra la minería  ilegal”.  Para hacerlo dijo que se estaba finiquitando un proyecto de ley dentro del código penal. Explicó, además, que una de las dificultades que se habían tenido hasta el momento para combatir este tipo de minería era que fuera un delito mal tipificado.

También añadió que la ley no solo buscaba castigar la minería ilegal, sino  también restringir el uso de sustancias tóxicas en el proceso de explotación como mercurio y arsénico.

En uno de los debates presidenciales de las últimas fechas el presidente afirmó que “estamos volando las máquinas que sirven a la minería ilegal”. Esta afirmación, aunque cierta, deja algunas cosas  por decir.

Con el decreto 2235 de 2102 se han destruido, según cifras de Conaminercol, 95 retroexcavadoras y 45 dragas. Sin embargo, después del paro minero los pequeños mineros pidieron no ser criminalizados por lo que el Gobierno diseñó la manera de aplicar el decreto sin afectarlos. El problema es que ya ha habido denuncias de estos mismo mineros en las que dicen que la maquinaria se sigue destruyendo.

El problema  en el Cauca no es solo la minería ilegal

Aunque la presencia de este tipo de minería es altamente nociva para el medio ambiente y las comunidades de la región, otro gran problema son las multinacionales mineras que operan en la zona.  

A finales del año pasado las comunidades indígenas plantearon este tema como prioritario en sus charlas con el Gobierno al explicar que además de los títulos ya otorgados el Ministerio de Minas y Energía decidió en febrero delimitar 21 áreas estratégicas mineras en el Cauca.

Estas áreas equivalen a aproximadamente 105.000 hectáreas y ecluyen otro tipo de figuras como zonas protegidas ambientalmente más no resguardos y territorios indígenas.

Según datos del catastro minero, que sigue  en proceso de actualización, la multinacional con mayor interés en esta zona del país es Anglo Gold Ashanti con un número grande de solicitudes y títulos, pero sin ninguna licencia ambiental otorgada. 

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