Luis Gilberto Murillo. (Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA))

El gobierno nacional ha tratado de reformar el funcionamiento de la institucionalidad ambiental al menos 16 veces en los últimos 20 años. Cada intento ha tenido su historia y su versión de fracaso. En un país centralizado, la autonomía constitucional de las corporaciones y su independencia en el manejo de recursos y proyectos las ha convertido en piezas claves en los escenarios políticos locales. En consecuencia, pasar por el Congreso una reforma que las alinee con el gobierno ha sido imposible hasta ahora. 

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El ministro Murillo ya inició su propio intento. La idea es aprovechar la coyuntura de la vía rápida para la paz para hacer varios cambios que desde el gobierno se consideran esenciales. Aunque la conexidad de la reforma con el proceso de paz es motivo de cuestionamiento, para Murillo y su equipo la reforma al sistema toca tres temas claves para la paz: la presencia efectiva del Estado en el territorio, la sostenibilidad del proceso de redistribución de tierras y la relación de las áreas protegidas con la población que busca alternativas de subsistencia.

Murillo anunció su proyecto de fortalecer y modernizar la institucionalidad ambiental del país desde que llegó al cargo, pero los detalles solo han sido de conocimiento público desde finales de febrero, lo que para muchos ha sido un intento de pasar las reformas de agache.  Entre los ambientalistas hay expertos que tienen ideas claras de lo que creen que debe hacerse. Eso sin mencionar a las corporaciones y a los políticos interesados en ellas. Para ellos,  cualquier intención de incrementar las funciones de control y vigilancia desde  el gobierno nacional es un atentado contra la descentralización.

La conexidad, con algo de razón, será el principal caballito de batalla de quienes se oponen a la reforma. La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocar) es el gremio que representa a la gran mayoría de esas instituciones. Según su director, Ramón Leal, la reforma “es inconstitucional e inconveniente (…) no tiene conexión con el acuerdo de paz y no atiende los retos de la paz, ni facilita ni agiliza la implementación de lo acordado. Nosotros hemos venido planteando que después de más de 20 años de expedida la Ley 99, hay necesidad de hacer una reforma del Sina buscando el fortalecimiento de la institucionalidad a partir de un análisis serio, pero definitivamente no se debe hacer utilizando la vía del ‘fast track’, sino darle trámite por los mecanismos legislativos ordinarios”.

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El argumento preponderante del gobierno central contra la autonomía de las corporaciones  ambientales siempre ha sido la corrupción. En 2016 la Contraloría encontró irregularidades en la contratación de las CAR que una vez más mecieron a la opinión pública. Aunque hace muchos años no hay condenas contra sus funcionarios, la reputación de estas entidades no ha logrado mejorar. Con los recientes escándalos relacionados con Odebrecht, sin embargo, al gobierno nacional se le acabó el argumento de que la corrupción está en las regiones: hoy está claro que la corrupción está en todas partes y que un mayor control desde el centro no garantiza mayor transparencia ni probidad.

Las corporaciones varían enormemente entre ellas, compararlas sería como hacer declaraciones sobre todas las gobernaciones y todas las alcaldías: las hay pobres, ricas, malas, buenas y regulares. Como sus fuentes de ingreso están amarradas a la sobretasa al predial, por ejemplo, la diferencia entre la Corporación del Valle del Cauca, que recibe los recursos de Cali, la CAR de Cundinamarca, que cuenta con los de Bogotá y las corporaciones antioqueñas, con el resto del país, es abismal. Como consecuencia, también lo es su gestión.

Una cosa que tienen en común es que bajo el actual régimen, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como cabeza del sector, no tiene herramientas para alinear las prioridades ambientales de las autoridades del país ni exigir de su parte rendición de cuentas por gestión ni por cumplimiento de metas y objetivos. La reforma planteada ataca el segundo más que el primer objetivo, con la intención de no meterse tanto con la autonomía como para que los políticos regionales se opongan muy vehementemente a la reforma.

Está por verse en dónde termina la reforma. Meter en cintura a las corporaciones e incluso aprovechar la oportunidad para rebautizarlas podría ser conveniente para todas las partes. El Congreso tendrá la última palabra.

¿Qué busca el gobierno?

  1. Darle a la Presidencia funciones de inspección y vigilancia de la gestión ambiental.

El gobierno busca agregar a las funciones del presidente la de ejercer la inspección y vigilancia de la gestión ambiental, incluido el uso de sus recursos. Estas nuevas funciones para la Presidencia, que se delegarían en el ministerio correspondiente,  se asemejarían al régimen existente para los servicios públicos. Además de llamados de atención públicos y privados, el ministerio podría llegar a multar a individuos y a organizaciones para asegurar la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental y de los recursos naturales.

  1. Creación de dos nuevas entidades y transformación de la Anla.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se transformaría en Agencia con estructura y su alcance sería similar al de la Agencia Nacional Minera o la de Hidrocarburos.

La nueva Unidad de Planificación Ambiental (UPA) sería similar a la Upme en el sector minero-energético o a la Upra en el sector agrario, mientras que la  Unidad Administrativa Especial de Mares tendría un régimen más parecido al de Parques Nacionales Naturales para supervisar el uso de lo que hoy son aguas de nadie.

  1. Darle la responsabilidad del control de la deforestación a los municipios

Con la reforma, la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para evitar la deforestación dentro de su jurisdicción quedará en manos de cada municipio. El proyecto establece que los departamentos donde estén los  mayores tasas de deforestación, y las corporaciones de la jurisdicción, serían castigados con acceso limitado a recursos del Presupuesto General de la Nación.

  1. Permitir la presencia y actividad lícita de particulares en los parques nacionales

Un proyecto independiente de ley establece las condiciones para que las personas que ya viven o tienen tierras tituladas dentro de los Parques Nacionales entren en un proceso de concertación con la entidad que los regula.

  1. Establecer y formalizar un sistema nacional de pago por servicios ambientales

La herramienta de pago por servicios ambientales está presente, pero dispersa en la normatividad. El gobierno nacional le apuesta a que los pagos por conservar sean una de las principales herramientas para garantizar la paz en los municipios priorizados para el posconflicto.

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