Los delitos ambientales están disparados en Cundinamarca. El año pasado, la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) abrió 7.104 expedientes, la gran mayoría de ellos sancionatorios, contra empresas y personas que infringieron las normas ambientales. Además, impuso multas por 8.855 millones de pesos, una cifra que supera con creces el promedio histórico de 1.100 millones durante los últimos cinco años.

Para Juan Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR, estas cifras se explican por una mayor eficacia de los sistemas de control y vigilancia de la Corporación. Según el funcionario, “este trabajo se logró gracias a la mayor especialización del equipo jurídico y técnico, y al estricto  seguimiento a las actividades con mayor impacto ambiental en el territorio de jurisdicción CAR, que se encargó de inspeccionar minuciosa y rigurosamente los expedientes, pasando de 1.915 en el 2011 a 7.104 iniciados en el 2016”. 

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La gran mayoría de estas actuaciones tuvieron que ver con la minería ilegal. De hecho, esta entidad incautó maquinaria pesada que estaba siendo utilizada para esta actividad. “Sumado a las sanciones impuestas y a las multas, la CAR decomisó por primera vez diez retroexcavadoras involucradas en procesos sancionatorios por infracciones ambientales, las cuales están valoradas en aproximadamente 3.000 millones de pesos”, agregó Ferrer.

Los dineros recaudados por la entidad por sanciones pecuniarias, entrarán al presupuesto general de la entidad y se destinarán principalmente a restaurar los ecosistemas afectados con las infracciones descritas. También se usarán para cofinanciar programas de gestión ambiental de la entidad.

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