María López Castaño, directora de Semana Sostenible.

Para nadie es un secreto que muchos empresarios de este país consideran que la Consulta Previa, el licenciamiento ambiental y la compra de predios son los principales cuellos de botella para los grandes proyectos de desarrollo. Es muy probable que tengan razón. 

La relación del Estado colombiano con sus ciudadanos, particularmente con la población vulnerable que no está incluida en las clientelas políticas, es unidireccional: el Estado regula y establece condiciones, partiendo de que las leyes aprobadas por el Congreso cuentan con el aval de los representantes de la ciudadanía. De resto, dicha relación tiende a ser transaccional. La Constitución de 1991 estableció una excepción notable en esa comunicación unidireccional: la Consulta Previa. En ese mismo espíritu, la Ley 99 de 1993, que regula la institucionalidad y gestión ambiental, instaura la posibilidad de audiencias públicas como parte del proceso para la definición de una licencia ambiental. 

La Consulta Previa y las audiencias públicas del licenciamiento se han convertido en uno de los únicos espacios que comparten de manera repetida las comunidades menos favorecidas y el Estado. En ese sentido, sería un error declarar que todas ellas se convierten en espacios para la corrupción, pero también lo sería considerar que no son oportunidades para una forma de clientelismo muy particular. Eliminar la posibilidad del beneficio propio es imperativo. La única forma de lograrlo será la reglamentación de la Consulta Previa, a la cual hasta ahora el Gobierno le ha tenido –con toda la razón– miedo; pues sencillamente, requiere en sí misma de un proceso de consulta previa que pinta casi imposible. 

Durante los últimos meses la discusión se ha centrado en la pertinencia de mejorar, acelerar o eliminar ciertos trámites relacionados con la consulta y el licenciamiento. Como en casi todo en la vida, la respuesta no es unívoca: hay que fortalecer las instituciones. Sí. Más allá de la ANLA, y a pesar de su frecuentemente errada mala reputación, las que más fortalecimiento requieren son las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). 

Sobre todo, hay que plantear el debate sobre las políticas públicas necesarias para un desarrollo sostenible de país y reducir la presión sobre el licenciamiento, caso por caso. Por un lado, es necesario revitalizar otros mecanismos de participación social, tales como el Consejo Nacional Ambiental y los procesos participativos en la planeación del desarrollo. 

Por otra parte hay que definir, de una vez por todas, con qué criterios vamos a determinar los espacios que deben permanecer por fuera del desarrollo o bajo qué condiciones pueden ser explotados; llamémosles como les llamemos, no podemos reducir la discusión sobre cada páramo, humedal o arrecife coralino a los caprichos del Gobierno de turno. Hay que hacer Política de Estado y esta debería ser participativa. El instituto Humbolt ya ha empezado a hacer llamados públicos sobre la dificultad, o prácticamente la imposibilidad, de hacer delimitación de ecosistemas estratégicos  como se ha intentado establecer hasta el momento. El costo es demasiado alto tanto en recursos como en tiempo. Y la discusión se debería centrar en qué tenemos que conservar y para qué. Debemos aprender a plantearnos mejores preguntas de gestión. Quizás es hora de bajar nuestras expectativas sobre la rigurosidad científica de la delimitación, y darle mayor valor al conocimiento de la gente sobre su territorio. Es sentido común.

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