| 2017/04/17

La serranía de las Quinchas bajo amenaza

En la serranía de las Quinchas el agua viene de todas partes y su voz marca el ritmo de vida de quienes visitan el sector. Este Parque Natural Regional lleva 8 años sin plan de manejo ambiental y las mineras y los cultivos ilícitos están al acecho.

La serranía de las Quinchas bajo amenaza

Por: César Rojas y Laura Díaz / periodistas

Buscábamos alguien que nos llevara río arriba. Un campesino dijo que conocía una persona que podría alquilarnos una mula y guiar el recorrido al interior del parque natural, mientras señalaba el camino y trataba de encender nuevamente su sierra eléctrica. Días después, un funcionario de Corpoboyacá contaría que en esa región todos tienen una y es difícil saber si talan para el consumo propio o porque hacen parte del tráfico maderero que amenaza la integridad de la reserva.

Giovanni Sotelo, el guía que nos conduce al interior de la serranía, asegura que hoy hay menos tráfico porque la gente tiene miedo de las multas o de ir a la cárcel. Sotelo vive en la parte baja de la quebrada La Cristalina, una de las principales de Las Quinchas, donde todavía hay ranchos hasta donde llegan algunos cables de energía. Sin embargo, pasados 100 metros, río arriba, el contacto con la civilización se pierde y es difícil encontrar nuevamente un punto seco en el camino.

Hay que avanzar entre paredes de piedra para volver a encontrar la luz que se esconde más allá de las gigantescas grietas entre las que el agua se abrió paso hace millones de años.

El Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas es una reserva natural reconocida tanto por la Corporación Autónoma de Santander, como por Corpoboyacá desde finales de 2008. Se trata de 21.226 hectáreas de selva húmeda tropical en Boyacá y 14.066 en Santander, que hasta hace poco no eran prioridad para las autoridades ambientales. Primero, porque había que atender el asunto de los cultivos ilícitos y segundo, porque hacía falta resolver los problemas de orden público que caracterizaban a esta zona del país. Ninguno de los dos temas está completamente resuelto.

La región fue centro de financiación de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, uno de los primeros grupos paramilitares del país. Su aislamiento geográfico, sumado a la riqueza de sus tierras aseguró recursos para la organización armada hasta sus últimos días. Cuando los grandes capos se desmovilizaron con la Ley de Justicia y Paz, otros miembros se rehusaron a abandonar el negocio. Solo hasta finales de 2013 la Policía logró dar de baja a Albeiro Giraldo Gómez, alias Don Alonso, un comandante de zona con suficiente autonomía como para declinar la desmovilización y retener el negocio del narcotráfico por varios años más. 

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Las Quinchas se ubica a menos de 41 kilómetros del cartel en el que, antes de la desmovilización de los grupos paramilitares, se leía “Bienvenidos a Puerto Boyacá. Capital antisubversiva de Colombia” y que hoy reza: “Hacemos un llamado a las nuevas generaciones para que por ningún motivo participen en grupos armados al margen de la ley”. Sin embargo, para los habitantes de Puerto Boyacá no todo está olvidado. De vez en cuando se ve por las calles del pueblo a Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, uno de los tres signatarios del legendario letrero, que pagó ocho años de condena y a quien todavía llaman el Patrón.

Estefany Grajales Marín, presidenta de la Fundación Comunidades Unidas de Colombia, una organización que defiende los derechos ambientales de la población en Puerto Boyacá, afirma que el conflicto fue un distractor, un periodo que retrasó una avalancha de multinacionales que llegarían tarde o temprano a la zona.  “En el momento en que ellos se desmovilizan, empiezan a entrar firmas de forma impresionante. Las empresas llegan y a los primeros que buscan es a ellos –se refiere a los actores ilegales del conflicto-, para ofrecerles contratos, para que pongan a trabajar su empresita”, cuenta la activista.

La riqueza de la región es conocida de vieja data. El municipio nació a finales de la década de los años cincuenta por la necesidad de la Texas Petroleum Company de tener cerca un puerto que le permitiera sacar crudo y tener mano de obra al alcance. Hoy existen cuatro campos petroleros operados por Mansarovar Energy que comparten terreno con cultivos de plátano y aguacate en la región. El cacao se empieza a posicionar como una alternativa muy rentable para los campesinos y el ganado, que nunca ha hecho falta, sigue expandiendo sus fronteras.

Las solicitudes de empresas extractoras no darían espera, por eso, el ingeniero forestal Fredy Augusto Jiménez, de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, cuenta que la decisión de declarar a la zona Parque Natural Regional fue “un elemento de protección frente a grandes solicitudes que se venían sobre el área para la extracción de carbón”.

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En el Acuerdo 028 del 16 de diciembre de 2008, Corpoboyacá declara y alindera el Parque Nacional Natural Regional Serranía de las Quinchas. Sin embargo, nunca se trabajó en ejecutar un plan de manejo ambiental.  Jiménez asegura que entre 2005 y 2008 el Grupo de Estudios Ecológicos Oikos de la Universidad Nacional desarrolló un plan de manejo que nunca se pudo poner en marcha porque las comunidades denunciaron que el programa no les había sido socializado, y presiones de empresas extractoras de carbón, redes de cultivos ilícitos y sectores de tráfico maderero. El proyecto quedó abandonado y José Ricardo López Dulcey, actual director de Corpoboyacá, lo retomó en  2013.

Mientras eso ocurría, la Transportadora de Gas Internacional  (TGI) construyó un gasoducto por el parque y por eso las comunidades preocupadas por la conservación de este territorio creen que el acto administrativo no fue suficiente para proteger la reserva. “Los intereses económicos siguen ahí. Los geólogos vienen constantemente. Llegan avanzadas de empresas que pretenden conquistar a la gente de Puerto Romero para hacer estudios de impacto ambiental”, denuncia Grajales.

Puerto Romero hace parte de los asentamientos de grupos campesinos que trabajan en el parque o en sus alrededores. Los habitantes del caserío viven allí desde antes que el territorio se convirtiera en reserva. Jairo García, quien hasta hace poco era el presidente de la junta de acción comunal, llegó a la región en 2002 huyendo de la violencia. Desde entonces trabajó con las empresas contratistas del oleoducto, fue jornalero, raspachín de coca y ahora, luego de sentirse insatisfecho con el cultivo de cacao, dedica sus tierras dentro del parque a la ganadería. Por su parte, el ingeniero Jiménez afirma que a la corporación no le corresponde el rol de vigilante  y que nadie tendría derecho a decirles a los habitantes de la región que no pueden dedicarse a lo que han hecho durante más de 50 años.

En este momento la práctica muestra que sin una presencia estatal organizada y articulada con la comunidad, las sanciones o advertencias no tienen efecto. Los campesinos que viven en caseríos como Puerto Romero tienen lotes en lo alto de la serranía donde el ganado pasta a disposición. Tanto las autoridades como los residentes del sector saben que todavía hay cultivos ilícitos en zonas como Caño Rangel o Puerto Pinzón y que el tráfico maderero también ha permanecido impune durante todos estos años.  Mientras no se tenga un plan de manejo ambiental aprobado y no se junten los esfuerzos de todas las entidades, preservar esta área será una tarea imposible y la serranía de las Quinchas seguirá siendo una reserva de papel aún sin estrenar.

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