Sentado en un sofá del lobby de un hotel bogotano, con su mochila al hombro y con su poporo en la mano, Jaime Arias, gobernador del Cabildo del resguardo kankuamo, cuenta que en estos meses se cumplen los diez años de una de las mayores profanaciones que “los hermanos menores” han hecho al territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde habitan los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo.

Se trata de la construcción del Puerto Brisas, ubicado en el municipio de Dibulla, La Guajira, el cual “afectó física y espiritualmente más de 15 sitios sagrados y partió en dos a Jukulwa, un cerro muy importante para el pagamento y el control de las enfermedades en la Sierra Nevada. Fue tan grande la tragedia cultural que en 2010 el mamo Valencia del pueblo kogui, cuidador y poseedor espiritual de Jukulwa, murió de pena moral”, dice Arias. 

En su relato alega que, a pesar de que la Sentencia T-547 de 2010 tutelaba el derecho de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada a tener una consulta previa libre e informada, el gobierno actuó de mala fe y favoreció a los constructores del puerto.

El gobernador tiene una larga lista de proyectos mineroenergéticos y de infraestructura en los que, a su juicio y el de las demás autoridades indígenas, el Estado les ha violado sus derechos fundamentales: “Los mismos malos procedimientos en la consulta previa ocurrieron en la construcción de la represa del río Ranchería y otros proyectos”. (Vea: La trágica historia de la Sierra Nevada)

Por eso, cuando comenzaron las obras del sector III de la Ruta del Sol, los cuatro pueblos indígenas, congregados en el Consejo Territorial Indígena de la Sierra Nevada (CTC), decidieron no participar en ninguna consulta previa hasta que no se realizara un nuevo protocolo para efectuar este procedimiento. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos se entrevistó con los líderes indígenas para desempantanar la obra, que estaba estancada desde 2013 debido a grandes retrasos por múltiples imprevistos, entre los que se encontraba la oposición de la CTC.

Superadas las tensiones con los pueblos las obras continuaron, pero al poco tiempo la comunidad sintió que el nuevo protocolo para las consultas y las medidas de reparación de los sitios sagrados afectados por el consorcio Ruta del Sol empezaban a embolatarse.

Ante el supuesto incumplimiento del gobierno, la CTC difundió el 13 de febrero de 2016 un comunicado de ocho puntos en el que suspenden todos los procesos de consulta previa que actualmente se adelantan en el territorio de la Línea Negra (límite territorial sagrado de los kogui, arhuacos, wiwas y kankuamos y que no necesariamente coincide con la delimitación de los resguardos de estos pueblos). Además, exigieron una reunión con el alto gobierno nacional para redefinir los principios de relacionamiento con los pueblos indígenas de la Sierra.

Desde que se realizó el anuncio ya han pasado siete meses de cruce de cartas y reuniones con los representantes de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Sin embargo, los pueblos no dan su brazo a torcer, aunque las citaciones para las reuniones de consulta previa no paran de llegar. Según datos de esa dependencia, durante 2016 se han efectuado 42 convocatorias para diferentes fases de consulta previa en  27 proyectos. “Ante nuestra negativa de participar, el gobierno nos bombardea con muchísimas solicitudes que nos es imposible atender”, explica Arias.

Por su parte, Álvaro Echeverry Londoño, director de la Dirección de Consulta Previa, afirma que en esas 42 convocatorias no hay ni mala fe ni una retaliación del gobierno por la decisión que tomó la CTC. También insiste en que el problema con los indígenas no es por la consulta previa si no por la naturaleza de los proyectos: “De las diez convocatorias a las que ellos han faltado, ocho corresponden a proyectos relacionados con la minería. Eso significa que se oponen más que todo a la extracción minera en la Sierra”.

El eje del problema

La inconformidad con la manera como se lleva a cabo la consulta previa se centra en que tanto indígenas como Estado tienen una concepción muy diferente del territorio y del desarrollo. En eso coinciden tanto Arias como Londoño.

El centro de la discusión está en las afectaciones que, según los indígenas, los proyectos de infraestructura y minero-energéticos les han causado a los lugares sagrados ubicados en la denominada Línea Negra, que fue reconocida por el gobierno nacional mediante una resolución de 1973 y otra de 1995. El historiador Pablo Duque Cañas explica que esta delimitación territorial es una serie de “líneas imaginarias llamadas ‘negras’ o de ‘origen’ que conectan radialmente los sitios sagrados con el Pico Bolívar –cerro Gonawindúa– para garantizar el flujo de las fuerzas espirituales que mantienen el equilibrio del mundo”. El perímetro lo componen 39 puntos geográficos en los que se encuentran numerosos sitios sagrados y de pagamento.

Aunque los indígenas de la sierra y las ONG que los acompañan en su lucha, como el Colectivo de Abogados José Alvear, dicen que desde hace mucho tiempo los sitios sagrados que conforman la Línea Negra han sido afectados y destruidos, esta situación ha empeorado en los últimos 15 años con el aumento de las autorizaciones dadas por el gobierno para proyectos de infraestructura y minero-energéticos en la zona.   También afirman que la consulta previa en lugar de proteger sus tierras y prácticas culturales, se ha convertido en un elemento que legitima la destrucción de su territorio sagrado.

Detrás de la decisión de no participar en las consultas previas está el deseo de estipular cuáles son los sitios en los que no pueden desarrollarse proyectos y que se repare a las comunidades por los lugares sagrados que ya han sido afectados.

Un gran cuello de botella es que no hacer parte de la consulta previa no implica necesariamente que los proyectos se suspendan. Tal es el caso de Puertos Brisas, donde nunca se llegó a un acuerdo con la comunidad pero la construcción del puerto siguió. A eso hay que sumarle que la falta de acuerdos en las consultas también podría generar pleitos judiciales de largo aliento, que no son buenos para la nación ni para las comunidades. Por eso, es importante que la reunión de alto nivel que solicita la CTC se realice lo antes posible para que se pueda llegar a puntos en común que beneficien tanto al Estado como a las comunidades indígenas de la Sierra.

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