Ayer, los habitantes de Arbeláez le dieron un nuevo portazo a la “locomotora minero-energética”. El 98 por ciento de las 4.350 personas que participaron en la consulta popular rechazaron la explotación del petróleo en su territorio y reafirmaron su vocación agrícola y turística. Con esta contundente votación, Arbeláez se sumó a la lista de municipios que están poniendo en cuestión las bases del modelo de desarrollo que propone el Gobierno Nacional.

Como en las otras ocasiones, en el día siguiente las reacciones tienden a concentrarse en la validez jurídica de estas decisiones. ¿Son vinculantes los resultados de las consultas populares? Entonces cada bando da su interpretación como verdadera, tratando de sacar provecho del desorden institucional que reina en ese tema. En el caso de Arbeláez, sin embargo, tras la discusión legal existe un gran interrogante técnico sobre la viabilidad de desarrollar un proyecto petrolero en este municipio ubicado a una hora de la capital del país.

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Arbeláez es uno de los 10 municipios de la provincia del Sumapaz, una subregión del suroccidente de Cundinamarca que colinda con Bogotá y extiende sus límites hasta el oriente del Tolima. Además de la riqueza hídrica que le provee su vecindad con el páramo más grande del mundo, el Sumapaz también se caracteriza por una abundante producción agrícola que va desde la papa y la cebolla en las partes altas, pasando por el café en las medias y termina en una gran variedad de frutales en las tierras bajas.

En 2011 desde el gobierno central se decidió que esa configuración territorial debía cambiar. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) firmó dos contratos de exploración y producción de petróleo en los bloques denominados Cor 4 y Cor 33. Ambos polígonos sumaban más de 113.000 hectáreas y cubrían la totalidad de municipios como Arbeláez, Pasca, e incluso de la propia capital de la provincia, Fusagasugá, que con 135.000 habitantes es una de las cinco ciudades más pobladas del departamento de Cundinamarca.

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El bloque Cor 33 fue entregado a la compañía Alange Energy, que tras realizar 34 kilómetros de sísmica en Arbeláez decidió finalizar el contrato con la ANH. Según la escueta información proporcionada por esta agencia, “la empresa renunció en octubre del año pasado aduciendo temas socio ambientales”. Henry Ramírez, ingeniero ambiental de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), afirma que las razones que llevaron a la devolución del bloque fueron los pobres hallazgos geológicos y las dificultades sociales de ingresar en una región densamente poblada.

Un técnico que trabajó en el proyecto y que pidió no ser mencionado, le contó a Semana Sostenible que Alange declinó principalmente porque los bajos precios del petróleo hacían muy riesgosa una inversión para explorar esa región del país. Según él, sin embargo, las complejas condiciones sociales y ambientales también influyeron en la decisión. En cualquier caso, los trámites de finalización del bloque Cor 33 terminarán en octubre de este año.

Sobre el Cor 4, mientras tanto, todo es incertidumbre. Las actividades en el bloque, hoy a cargo de la empresa Canacol, están suspendidas por cuenta de la oposición de las comunidades de la zona. Los resultados de ayer en Arbeláez, y la expectativa de que algo parecido ocurra en la próxima consulta de Pasca, oscurecen el panorama de un proyecto que en seis años ha avanzado muy poco.

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En este tiempo no se ha realizado el primer kilómetro de sísmica y los acercamientos previos de la empresa han sido boicoteados constantemente por los pobladores, e incluso por las autoridades locales, que se han negado a mantener reuniones sin la presencia de la comunidad. La información que se conoce de la zona proviene de unos trabajos de sísmica que hizo Ecopetrol hace más de 20 años y de un estudio ambiental elaborado con base en esos insumos por una empresa consultora en 2014.

Actualmente Canacol mantiene una disputa legal con la empresa consultora porque ese estudio no ha sido pagado. Sin embargo, una experta que trabajó en la zona que también pidió anonimato cuenta que el informe da cuenta de la sensibilidad socioambiental del Sumapaz. Para ella, la alta densidad poblacional, la presencia de numerosas viviendas e infraestructura y el predominio del minifundio hacen que en el bloque se presente una gran vulnerabilidad frente a un proyecto petrolero.

La tenencia de la tierra en el Bloque Cor 4 está caracterizada por minifundios menores a 20 hectáreas. Esta parcelación profusa dificulta la logística necesaria para la construcción de una plataforma de perforación y el transporte de maquinaria y equipos necesarios para este tipo de operaciones se hace más impactante. Además, en este contexto las actividades terminan afectando a muchas más familias que en otras regiones. Por eso la ubicación de plataformas implica medidas como el reasentamiento de viviendas y la mayor negociación de predios.

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Según la experta, todas estas características llevan a que la actividad petrolera deba ser excluida de la gran mayoría de la superficie del bloque. Y aun así, en la parte que en la que sea posible explotar, quedarían pendientes de resolver los conflictos con la agricultura por el uso del agua y del suelo. Henry Ramírez, de la ACP, minimiza la magnitud de estas posibles disputas, pues afirma que “ambas actividades podrían convivir en el mismo territorio bajo unos estrictos controles y compensaciones ambientales. El problema es que ni siquiera nos han dejado entrar a ver qué hay”.

En las comunidades de la región, sin embargo, la disyuntiva es radical y la decisión ya está tomada. Como lo explica Diego Rojas, líder del comité Ambiental de Arbeláez, “no queremos poner en riesgo el agua que surte nuestros acueductos y nuestros sistemas de riego por este capricho. Los resultados de la consulta demuestran que la gente piensa que los procesos petroleros no son el mejor futuro para este territorio”. A juzgar por la información técnica existente, la razón parece estar del lado de las comunidades del Sumapaz.

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