El trazado que hasta ahora se tiene pasaría por los cerros occidentales de Tabio y Tenjo.

Garantizar el servicio de energía en el país es una de las apuestas del gobierno. Hace cinco años la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) realizó la convocatoria 03 del plan de Expansión 2010 para el proyecto Chivor - Chivor ll - Norte - Bacatá 230 kV.

Este consiste en diseñar, construir, operar y mantener, durante mínimo 25 años, unas torres de energía que soporten el paso de líneas de 230 kV desde San Luis de Gaceno, Boyacá, hasta Tenjo, Cundinamarca. La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) presentó la oferta más económica, la siguiente propuesta era tres veces más costosa, y ganó el contrato para dicho proyecto, el cual estima en 101 millones de dólares para 160 kilómetros de recorrido. Sin embargo, los habitantes de ocho municipios de Cundinamarca (Tabio, Zipaquirá, Gachancipá, Suesca, Sesquilé, Subachoque, Cogua y Nemocón) se encuentran preocupados por las zonas de sus municipios donde se ubicarán las torres.

El proyecto pasaría por zonas de reserva de la cuenca alta del río Bogotá. El Ministerio de Ambiente redelimitó esta zona el año pasado, reduciéndola de 245.147 hectáreas a 94.161. La decisión causó polémica ya que además de quitarle terreno a la reserva, en lo que quedó protegido se permiten actividades agrícolas y de infraestructura. Ese detalle permite que la EEB no quebrante la ley al pretender pasar por esa zona, pero ha hecho que las comunidades se asocien en diversos grupos, todos con una misma premisa: oponerse a la fragmentación de las reservas forestales.

En primer lugar aseguran que en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) presentado por la EEB a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el trazado que va desde Chocontá hasta Tenjo, se presentó solo una alternativa, según ellos la de mayor impacto ambiental y que ni siquiera estaba entre las rutas de referencia propuestas por la Upme para el proyecto. Aun así, Anla aprobó el diagnóstico propuesto por la compañía.

La Corporación Autónoma regional de Cundinamarca (CAR), en informe técnico de octubre de 2014 afirmó que “se puede observar que esta ruta es la que afecta en mayor proporción el área de la reserva forestal protectora Cuenca Alta del Río Bogotá (46 por ciento)... Si bien es cierto en cuanto a los aspectos socioeconómicos esta ruta representa los menores valores, no se constituye la ruta más apropiada en términos ambientales”. Por otro lado, hace poco se conoció que Anla rechazó la solicitud hecha por la Alcaldía de Subachoque en un recurso de reposición para pedir conceptos de la CAR, Ministerio de Ambiente, Instituto Humboldt y las universidades: Andes, Javeriana, Distrital y Tolima.

La desvalorización de los predios sería otra posible afectación. “Quién va a querer comprar un lote por donde pasan unas torres y unas líneas de alta tensión. Además, muchos de esos predios pertenecen a pequeños campesinos”, afirma Marcela Granados, vocera del grupo Red de Municipios Afectados. Para la comunidad la elección del trazado por zonas de reserva obedece a razones económicas ya que según le dijeron algunos voceros a Semana Sostenible sale más barato pagarle al campesino que a urbanizadores o industrias.

El impacto ambiental y la desvalorización de los predios no serían los únicos problemas. La afectación paisajística sería evidente y a largo plazo se perturbarían las fuentes de agua y los ecosistemas. Hugo López, biólogo magister en Conservación y manejo de vida silvestre, doctor en Ciencias y profesor de la Universidad Nacional, asegura que existen estudios donde se evidencia que las zonas fragmentadas son propensas a incendios forestales y que eso afectaría los ecosistemas estratégicos y por ende las reservas.

Semana Sostenible presenta el panorama de lo que se vive en dos de los municipios que se verán afectados.

Tabio

Este municipio del noroccidente de la sabana es uno de los pocos de Cundinamarca que se autoabastece de agua. Su preocupación es que el trazado propuesto pasaría cerca de 17 nacederos y quebradas que surgen de sus cerros occidentales. La comunidad ya ha marchado en contra del proyecto y el año pasado enviaron una carta de advertencia a la Anla y a la EEB.

El 55 por ciento del municipio es catalogado dentro del POT como reserva forestal y hay privados que tienen inscritos sus predios como Reserva de la Sociedad Civil. “¿Cómo es posible que a la Anla, que debe velar por lo ambiental, le importen más las variables socioeconómicas y nos castigue por proteger?”, dice Patricia de Bedout, veedora del municipio.

Además, algunos trabajos de la Universidad Nacional identificaron especies amenazadas y endémicas en los cerros de Tabio y Tenjo y la Bird Life International declaró la relevancia ambiental de estos cerros para la conservación y la protección de aves.

Así mismo, Óscar Rodríguez, alcalde del municipio, afirma que Tabio no tiene por qué ser el afectado. “Esos municipios que han permitido un desarrollo industrial y urbanístico desbordado y necesitan aumentar su capacidad eléctrica, son los que deben acarrear con el paso de las redes de alta tensión”.



El alcalde de Tabio, Óscar Rodríguez, asegura que parlamentarios nacionales lo han presionado para que no se oponga al proyecto.

Zipaquirá 

Además del efecto paisajístico y la fragmentación de la reserva forestal, en Zipaquirá hay otro tema de angustia. La Catedral de Sal, sitio turístico emblemático, podría contar con por lo menos una torre por encima o muy cerca del gran domo salino. En una carta de febrero pasado Fernando Duarte, gerente de la catedral, manifestó que “la sociedad cuenta con documentos emitidos por el Servicio Geológico Colombiano donde se expone el riesgo que representa para la estructura de la mina de sal la tala de árboles en el domo salino, dado que al hacerlo podría afectar la filtración de aguas dulces... Por otra parte también se estableció sobre la vocación turística del municipio y lo que implicarían visualmente estas torres sobre los cerros”.

El concejal Fabián Rojas ha sido uno de los principales opositores. En su opinión, detrás de este proyecto vienen otros con el mismo trazado, entre los cuales estarían unas líneas de alta tensión de 500kV del proyecto Hidrosogamoso.

A Rojas le inquieta que la EEB le asegura que no ha determinado exactamente los predios del área de influencia del proyecto, pero sí le envió una carta el año pasado a un habitante de la vereda Barroblanco en la que le pedían ingresar a su lote para “una revisión técnica, ambiental y predial por parte del personal de la empresa” por estar en la zona de influencia del proyecto.

Así mismo, entradas sin autorización y marcaciones en árboles se han presentado en el municipio de Tenza, Boyacá, donde sus habitantes también se oponen al trazado, pero dicen no contar con el apoyo de su alcalde. En Gachancipá están preocupados por el lote donde se construirá la subestación Bacatá, según líderes de la comunidad, el terreno es inundable ya que recibe las aguas del cerro Santuario, está sobre la servidumbre de un oleoducto y cerca de una escuela rural.

El caso Barbas-Bremen

Pero esta no es la primera vez que comunidades se oponen a la EEB. En febrero de este año la Anla frenó el proyecto de líneas de alta tensión (230kV) con subestación en Armenia ya que “se encontró que la Empresa de Energía de Bogotá ha llevado a cabo actividades al interior de los Distritos de Conservación de Suelos Barbas-Bremen y La Marcada sin implementar las medidas de manejo a ser establecidas por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y por la Corporación Autónoma Regional del Quindío”. 

“Sobre mi cadáver ponen una sola torre ahí. ¡Tengo las botas puestas y llevo carpa! porque con licencia o sin licencia merecemos respeto”, dijo Sandra Paola Hurtado, gobernadora de Quindío. Trasladó su oficina a pleno campo, radicó junto a los alcaldes de Circasia y Filandia una acción popular en contra del trazado y buscó revocar la licencia ambiental. Finalmente, fue el incumplimiento confirmado por la Anla el que puso el punto final.

Ante este panorama, los habitantes de ocho municipios de Cundinamarca y de Tenza en Boyacá, aseguran que no se oponen al proyecto, pero sí al trazado. “Esperamos que la EEB considere otras opciones y si eso no ocurre, esperamos tener un futuro como el que tuvo Quindío”, concluyen.

Responde la EEB

SEMANA SOSTENIBLE: La Upme proponía varios trazados, ¿por qué no escogieron ninguna de las sugerencias?

VÍCTOR QUIASÚA, gerente del proyecto: La Upme presenta esos trazados como información de referencia porque el único responsable es el adjudicatario, es decir, la EEB. Lo presentado está basado en información muy liviana, secundaria. Queremos causar el menor impacto y eso no incluye solo lo ambiental, el social es quizás el factor más importante. 

S.S.: ¿Prima el factor social sobre el ambiental?

V.Q.: No se puede afirmar categóricamente que uno prima sobre el otro. Sea cual sea el trazado es inevitable no tocar alguna parte de la reserva. Hay unas zonas de reserva auténtica, pero otras están bastante intervenidas por los mismos habitantes.

S.S: En zona de reserva hay menos población y el impacto social es menor, ¿podría decirse que se está castigando a quienes protegen?

V.Q.: No. El impacto ambiental se busca que sea mínimo. En términos de proyectos de infraestructura, este es uno de los que causa menor impacto, porque es prácticamente aéreo. 

S.S.: Pero por donde pasarán las líneas se crea una fragmentación de la reserva…

V.Q.: Esto no es una carretera, debajo de la línea hay tránsito de personas y animales. No se genera ninguna barrera. 

S.S.: ¿Es cierto que el diagnóstico de alternativas ambientales que ustedes entregaron solo tenía una alternativa?

V.Q.: Se analizaron no menos de seis posibilidades, pero lo que se va a presentar tiene que ser viable. Ninguna de ellas lo era. Si existieran otras alternativas las hubiéramos presentado.

S.S.: ¿Van a pasar por la Catedral de Sal de Zipaquirá?

V.Q.: Sí, pasaremos por la zona salina. Cerca de la catedral pero posiblemente no se vean las torres y las líneas.

*Periodista de Revista Semana

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