Taganga, Santa Marta.

Las playas marítimas, esa estrecha franja donde interactúan arena y olas, son el lugar preferido para las vacaciones de millones de turistas al año. No gratuitamente han sido denominadas como ‘el paisaje más fotografiado del mundo’ y ¿quién que conozca el mar no tiene una foto en la playa?

Esta fuerza de atracción que tienen estos espacios costeros ha llevado a que muchos países con climas cálidos, desde el Caribe hasta el Índico, concentren sus esfuerzos en promocionar estos destinos ya calificados como paradisiacos. Colombia no es la excepción, como lo demuestra que el turismo de sol y playa sea uno de los siete paquetes turísticos escogidos por Proexport en 2013 para promocionar al país en el exterior.

Hasta mediados de 2013, la única herramienta legal para la gestión de playas eran las concesiones y permisos que otorga la Dirección General Marítima. Sin embargo, su debilidad radica en que estas concesiones no tienen criterios técnicos para asegurar que, una vez autorizado el usufructo de la playa por un privado, se retorne parte de la utilidad en su conservación como ecosistema y un servicio de calidad para los turistas.

Esta situación debería cambiar a futuro, con la aprobación del Decreto 1766 de 2013, que reglamenta los Comités Locales para la Organización de las Playas. La expectativa es que estas nuevas instancias locales, conformadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la DIMAR y el Alcalde de cada distrito o municipio costero, logren generar procesos sostenibles y participativos.

La pregunta será si esta nueva instancia contará con asesoría de expertos en temas de manejo costero integrado, pues el riesgo es que sus iniciativas terminen como tantas, en acciones puntuales e insostenibles, que les harán perder la legitimidad con los intervinientes de las playas. En cualquier caso, el 2014 será la prueba de fuego para demostrar su valía.

Y es que los antecedentes de iniciativas de gestión de playas, direccionadas desde Bogotá, no han traído buenos resultados. La principal referencia es la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS-001-2, la cual desde 2007 ha buscado certificar los destinos de sol y playa, sin que todavía ninguna playa lo haya logrado.

Tampoco llegó a buen término el intento de certificación de Playa del Muerto en el Parque Tayrona (denominada Playa Cristal por el proyecto), a pesar de los enormes esfuerzos de varias entidades nacionales. Otro caso de direccionamiento desde la capital es el actual contrato para ordenamiento de seis playas, realizado por el Viceministerio de Turismo, en el cual se están invirtiendo varios cientos de millones en un proceso que ahora debe convencer a quienes visiten estos destinos.


Playas en proceso de ordenamiento por el Viceministerio de Turismo.

Pero no todo son debilidades o esperanzas. El país ha empezado a ser reconocido en los círculos científicos como un vanguardista en los temas de gestión de playas. Se destacan los esfuerzos de  instituciones como la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, de Cartagena, y el Grupo de Investigación en Sistemas Costeros, de la compañía Playascol Corporation, que en los últimos años han desarrollado modelos de gestión de playas presentados en países como Brasil, Uruguay, Cuba y Argentina.

En esta escala continental, desde el año 2006 se creó la Red Iberoamericana de Gestión y Certificación de Playas –Proplayas, la cual en sus años de existencia ha logrado reunir más de 120 científicos y expertos en temas de gestión de playas.

Precisamente en el marco de esta Red se realizó la Tesis Doctoral del profesor colombiano Camilo-Mateo Botero, quien identificó y evaluó todas las certificaciones de playas existentes en América Latina, proponiendo incluso un mecanismo para su homologación continental.

Dentro de los hallazgos del profesor Botero se encontraron nueve certificaciones de playas, la mayoría de ellas implementadas solamente en su país de creación. Entre todas ellas se destaca la certificación costarricense Bandera Azul Ecológica, la cual fue la primera creada en el continente y que certificó en 2013 más de 100 playas del país centroamericano.


Tabla. Esquemas de certificación de playas en América Latina.

 Así mismo, se encontró que la mundialmente conocida certificación Bandera Azul, de origen europeo, apenas está presente en los países latinoamericanos. Este hallazgo contrasta con las múltiples demandas de los políticos locales de nuestro país, quienes, según Botero “piensan que certificarse con Bandera Azul es un asunto de ir y comprarla, pero desconocen que ésta es una marca registrada y que hay una franquicia de exclusividad que se debe pagar anualmente para administrarla en cada país”.

Al margen de esta discusión sobre si certificar una playa o no, surge la duda para el turista común y corriente sobre qué es una playa de calidad.  Para ello el equipo de investigadores de Playascol Corporation ha desarrollado un modelo propuesto por cinco categorías. La primera de ellas, la ambiental, indica que una playa solo tiene calidad si el impacto ambiental del uso turístico no afecta las relaciones naturales del ecosistema, ni la salud de las personas. Para ello se deben evaluar aspectos como gestión de residuos sólidos, calidad del agua de mar y prevención de contaminación acústica.

La segunda categoría se relaciona con los aspectos de servicios en la playa, los cuales buscan un nivel de comodidad para su uso turístico. Estos servicios se refieren a limpieza de la playa, acceso a personas discapacitadas e instalaciones sanitarias, entre otros.

El tercer grupo son los aspectos de seguridad, tanto física como policiva, que determina que una playa debe contar con salvavidas, equipo de primeros auxilios y vigilancia, como mínimo, aunque son más requisitos.

Figura. Aspectos de calidad que debe cumplir una playa turística.

La cuarta y quinta categorías son transversales. Por una parte están los requisitos de información, pues la gestión de la playa es un asunto de autoridades públicas, prestadores de servicios turísticos y, claro está, de turistas. Toda playa de calidad debería tener un plan de educación ambiental, un código de conducta y recomendaciones de seguridad, colocado en un panel informativo en cada acceso a la playa.

Finalmente, las playas bien gestionadas se identifican por su nivel de ordenación. Es decir, si en una playa de calidad se mide periódicamente la capacidad de carga, se encuentra zonificada y tiene un órgano gestor conformado por los mismos intervinientes del lugar.

Este modelo de gestión apenas se está empezando a aplicar en algunas playas del país. Un ejemplo el proceso que adelanta en Cartagena la Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca Barú – Corplaya, quienes están trabajando con la comunidad local para mejorar la gestión de la playa, a la vez que han denunciado a la Alcaldía Distrital varias invasiones privadas del espacio costero.

También se destacan esfuerzos locales desde el sector público, como el iniciado recientemente por Coralina y la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el cual se buscará la certificación de tres playas de la Isla de San Andrés. No obstante, son iniciativas en pleno desarrollo y que traerán sus frutos en 2014 y 2015.

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