Aunque el fallo de la Corte Constitucional sobre los páramos prohíbe la minería y no la agricultura, tiene un segundo efecto crucial: para realmente protegerlos, es urgente que haya una política clara para las 300.000 personas que viven dentro de los páramos.

La razón es que casi todos están poblados, al punto que dentro de este ecosistema estratégico se producen tres cuartas partes de toda la cebolla y la papa en el país. Muchos de ellos– como Guerrero, Rabanal, Almorzadero, Sumapaz y Tota– están muy deteriorados, por lo que podrían perder sus funciones hídricas en unas décadas sin un plan de trabajo con esas comunidades. Como dice un ecólogo, “en la convivencia está su preservación y los campesinos deben ser los aliados”.

Lograrlo implica resucitar una política como la que el propio gobierno Santos esbozó en 2013 y luego engavetó. En ese momento, el ministro Juan Gabriel Uribe y el Humboldt proyectaron una resolución que creaba una política para ayudar a los campesinos a ir cambiando, poco a poco, su modo de vida por uno más armónico con el páramo. El problema es que ese régimen de transición fue engavetado por la exministra Luz Helena Sarmiento cuando ya estaba listo y no fue revivido por Vallejo, ni por el actual ministro Luis Gilberto Murillo.

Entre otras medidas, los comprometía a no aumentar el área cultivada, a reducir el de pastaje para ganado y a dejar de sembrar en los lugares más deteriorados para poder restaurarlos. También los animaba a proteger los nacimientos de agua, a sembrar cercas vivas de árboles y a establecer planes a varios años para eliminar los pesticidas y los tractores, ambos muy dañinos para la capa de tierra negra del páramo. En últimas, los persuadía de adoptar mejores prácticas para el páramo, que garantizaban su funcionamiento como ecosistema.

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.