Estos 4 gramos de coca (16.000 pesos) fueron el pago que El Chamo recibió de unos indígenas por una torta de casabe que su esposa hizo. Los iba a utilizar para comprar pan y carne. (Fotos: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA )

“Nosotros fabricamos y usamos la coca por necesidad. Es como en Bogotá, allá ustedes hacen billetes para comer, ¿o no?”, dijo El Chamo, un campesino del área rural de Cumaribo, Vichada, el día en que llegaba el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo a firmar el primer acuerdo en que el gobierno y una comunidad concertarían erradicar y sustituir los cultivos ilícitos. Ese día, el pasado viernes 14 de octubre, cerca de 180 campesinos e indígenas esperaban con ansías la llegada de un avión de la fuerza aérea que traería por primera vez un miembro del alto gobierno a la inspección de Güérima, jurisdicción de Cumaribo.

Los niños de la comunidad recibieron con bombas al ministro Pardo y a la delegación que lo acompañaba.

Este caserío de pocas casas, poca gente y mucha humedad, es tradicionalmente cocalero. Sin embargo, la bonanza ya pasó. Hace nueve u ocho años, cuenta El Chamo, dejaron de existir los días en que los “comerciantes” -su manera gentil de llamar a los narcos- aterrizaban en la misma pista en que aterrizó el ministro Pardo. Los barriles llenos de plata con que estos pagaban la coca que los campesinos juiciosamente cultivaban y procesaban, son solo un recuerdo. “Y lo peor -dice El Chamo- fue que no ahorramos”.

Ahora que el conflicto ha amainado y que el frente 16 de las Farc -su otro comprador- está en cese, los habitantes de Güérima y sus alrededores ven incierto el futuro. Por décadas fueron fuente de ingreso de esta guerrilla y de los narcos, llegaron a tener ganancias mensuales de hasta 9 millones, y crearon tal dependencia con la mata que mata que para ellos esta es sinónimo de vida. “¿Cómo vamos a sentir vergüenza de decir que somos cocaleros -cuenta El Chamo- si acá para comprar cualquier cosa hay que pagar con coca? Es como si usted se avergonzara de usar billetes”.

Para los habitantes de estas tierras, la coca es la moneda. Los billetes escasean y están en manos de los comerciantes, que fungen como intermediarios con la guerrilla. El resto de los habitantes usa coca. Una gaseosa cuesta 2,5 gramos; una arroba de arroz, 40 gramos; 10 mil pesos en minutos de celular, 5 gramos; una torta de casabe, 4 gramos. Y así, todo en gramos, nada en pesos.

Cada hectárea sembrada tiene su fin: el mercado del mes, las botas machitas, o la mensualidad de Direct Tv, el único contacto que tienen con el resto de Colombia. De ahí la rabia con que El Chamo cuenta cómo hace un mes el Ejército le quemó la hectárea que había sembrado para las medicinas de su hijo especial.

Estos 4 gramos de coca (16.000 pesos) fueron el pago que El Chamo recibió de unos indígenas por una torta de casabe que su esposa hizo. Los iba a utilizar para comprar pan y carne.

Por eso el día que llegó Pardo acompañado de representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, del director de la Lucha contra las Drogas de la Presidencia, de las autoridades locales y de varios miembros de la Fuerza de Tarea Ares -el cuerpo de la Fuerza Aérea que lideró la idea de que impuesta la sustitución de cultivos no funciona- en la población había más dudas que certezas.

“Lo que va a pasar hoy es el comienzo de la paz”, fue la frase que eligió el gobernador Luis Carlos Álvarez para abrir su discurso. Vichada, el municipio de Cumaribo y en especial las inspecciones de Güérima, Puerto Príncipe y Chupave, habían sido elegidas para dar inicio a la punta de lanza de la nueva estrategia de la lucha contra las drogas: la sustitución voluntaria. Una sustitución en donde serán los mismos cultivadores quienes destruyan las matas de coca. No el Ejército, no a la fuerza.

Ese día, en un acto de valentía y como un salto al vacío, los lugareños que por décadas han vivido por y para la coca, acordaron destruir sus cultivos y reemplazarlos por cacao, el fruto de moda. El proyecto, según el gobierno, beneficiará a 189 familias, sembrará 168 hectáreas de cacao y, progresivamente, reducirá a la mitad las 683 hectáreas de coca que hay en Vichada. En 2017, dijo Pardo, 40.000 de las casi 100.000 hectáreas con coca que hay en el país estarán cobijadas por este tipo de acuerdos.

“¿Y mientras tanto qué?”; “¿De qué vamos a vivir si el cacao se demora 4 años en dar frutos?”;  “Hemos intentado cultivar tomate y comercializarlo pero cuando llega a Villavo ya está picho”; “Imagínese, la coca me da 4 millones al mes y ahora ¿cuánto me irá a dar el cacao?”, fueron algunas de las dudas de la gente.

Eduardo Díaz, director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, y miembros del Ejército y la Fuerza Aérea durante el evento.

Pardo y los miembros de la fuerza Ares intentaron disiparlas: “Escogimos el cacao porque precisamente se puede secar y tener guardado varios meses mientras lo llevamos a las fábricas de CasaLuker”, la empresa que les comprará el producido a los cultivadores que entren al programa;  “A las familias comprometidas con el proyecto se les hará una transferencia mensual de 750 mil pesos hasta por 12 meses, que se empiezan a pagar una vez se verifique que la coca esté tumbada"; “No vamos a esperar a que se firme la paz, podemos ir haciéndola desde ya”.

Pero esa paz, dicen los lugareños, no es la suya. “El frente 16 no hostiga a la población hace rato. No tiene sentido hacerlo porque los campesinos son los que les dan su medio de financiación: la coca. Por eso cuando les hablan de erradicación y paz no entienden”, dice un soldado que lleva dos años en Vichada. “La paz, para nosotros, -cuenta El Chamo- sería que nos traigan vías y así no nos demoremos día y medio llegando a la cabecera de Cumaribo, por ejemplo”. “O que nos equipen mejor el puesto de salud para que los enfermos resistan hasta que el helicóptero llegue”, advierte otro de los asistentes.

Al margen de la carpa en que transcurre el evento, en la última fila y en un corredor contiguo, están los indígenas. Algunos visten jean y camiseta, otros traen traje artesanal. Pero todos tienen algo en común: la mirada perdida, como si no entendieran en qué estaban, quién era el invitado de honor y a qué iba. “Hasta hoy nos enteramos de que se iba a firmar este acuerdo”, señaló uno de ellos en un español poco fluido. “Nos duele que el gobierno les traiga soluciones a los que tienen cultivos de coca y a nosotros no”, agregó. A sus réplicas Pardo respondió con compromiso. Prometió tenerlos en cuenta, así como a las mujeres, que en la voz de la presidenta de la Junta de Acción Comunal le hicieron saber que quieren soluciones acordes a su género.

Cerca de 180 campesinos e indígenas asistieron a la firma del acuerdo.

De ahora en adelante, las familias de Güérima, Puerto Príncipe y Chupave que decidan entrar al Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos tendrán que arrancar una a una sus matas de coca. Si incumplen, resiembran o mantienen algún tipo de vínculo con el negocio de los cultivos ilícitos, salen del programa y el Ejército entrará a erradicar.

Para El Chamo despedirse de la coca no será fácil: “Nos va a doler pero hay que confiar porque si la guerrilla se va a desmovilizar y los narcos ya se fueron los billetes volverán, me imagino”. En un mes se recogerá la primera cosecha de cacao fruto de la sustitución, una que lidera desde 2012 la Fuerza Aérea. Lo que venga de allí en adelante será decisivo para esas tres inspecciones que por décadas compusieron ‘el triángulo negro’, un territorio de coca, guerra y petróleo que ahora quiere llamarse ‘el triángulo del cacao’.

El Chamo tuvo que caminar dos horas de ida y dos horas de vuelta desde su vereda para asistir a la firma del acuerdo. No usa zapatos porque, según él, “así es el campesino de verdad”.

Vea: El acuerdo que cambiará la vida de cientos de familias en Vichada

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