Movilización en Ibagué reportada por Justicia Ambiental Colombia (@RJAColombia)

Con motivo del Día del Medio Ambiente, los Comités Ambientes en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio convocaron a los ciudadanos a manifestarse en contra de los grandes proyectos mineros que amenazan la biodiversidad y la vida de las comunidades. El evento, llamado Gran Marcha Carnaval, logró su cometido en estas regiones, especialmente tocadas por el fenómeno minero.

Las tres ciudades son el epicentro de fuertes movimientos ciudadanos para frenar grandes proyectos mineros. En conjunto piden la consulta ciudadana y poner como prioridad al medio ambiente a la hora de entregar concesiones. Fue una jornada pacífica en la que se promovieron actividades culturales y llenas de colorido y celebración por el medio ambiente.

La mayor concentración se dio en Ibagué, donde hay mucha resistencia frente al proyecto La Colosa, de Ashanti Gold, que pretende hacer minería a gran escala en territorios que pueden afectar los páramos de Los Nevados. Su intervención en el municipio de Cajamarca pondría en riesgo el suministro de alimentos del departamento si se llegan a afectar sus cuencas hídricas. (Vea: Aprobada la consulta antiminera en Ibagué)

El alcalde Guillermo Jaramillo estuvo en la marcha, mostrando su apoyo a la consulta antiminera. Actualmente, el 53% del territorio de la capital tolimense está ocupado por títulos mineros aprobados o en proceso. “Es inaceptable que los ejercicios de poder y gobierno se encuentren al servicio de proyectos que deterioran el ambiente y expropian a nuestro pueblo del territorio”, declaró el Comité del Tolima.

Por su parte, los quindianos buscan proteger las intenciones de exploración minera en el Valle del Cocora, que fueron denunciadas por el gobierno del municipio de Salento. Los títulos mineros que se ejecutarían allí se superponen con zonas de páramo. Una amenaza latente para la supervivencia de la palma de cera, árbol insignia de Colombia que se encuentra en peligro de extinción.

En Caquetá, los 43 bloques petroleros del departamento han sido objeto de una dura resistencia civil que se opone a la invasión minera de sus territorios. Los marchantes denuncian que están afectando regiones que hacen parte de la selva amazónica, que es considerada como un área protegida.

La gran afluencia a movilizaciones como la del viernes pasado muestra que la ciudadanía se ha convertido en un enérgico participante en las discusiones ambientales. Están activamente exigiendo mayor transparencia en los procesos de entrega de licencias ambientales y la constante rendición de cuentas de las empresas y los gobiernos en defensa de sus recursos naturales.

Así documentaron la marcha sus asistentes:

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