Texto de: César Ruiz/Conservación Internacional

Hay que poner la casa en orden 

Es urgente recuperar la gobernanza del sector. Esto implica el trabajo coordinado de los municipios, los gobiernos departamentales y nacionales y las autoridades ambientales; en la unificación de políticas en materia minera, de modo que las decisiones no vayan en contravía del interés colectivo.  Aquí también se deben incluir a los consejos comunitarios y las organizaciones indígenas para incrementar el control de la actividad extractiva.  

Más que acción fiscalizadora, la política de formalización debe ser una estrategia articulada del estado. Incorporando los componentes sociales, económicos e incentivos y otros mecanismos de enganche para los mineros interesados en regularizar su situación, además de apoyo a las unidades  mineras en la implementación de tecnologías limpias, la comercialización directa (sin intermediarios), el suministro de insumos y creación de cadenas de valor agregado, el fortalecimiento de actividades complementarias, el cumplimiento de normas básicas de trabajo decente, seguridad industrial y proyección del medio ambiente. En el caso de la población que ejerce el barequeo, la labor de las entidades públicas debe ser acompañar proyectos productivos sostenibles y rentables que abran nuevas fuentes de empleo e ingresos, a través de procesos asociativos.

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