| 2017/01/02

Conozca el nuevo impuesto a los combustibles

El impuesto nacional al carbono que propone la reforma tributaria afectaría nuevamente el precio de la gasolina. Si los recaudos se invierten adecuadamente, debería darse un impacto positivo en la reducción de gases de efecto invernadero.

El impuesto al carbono es polémico porque se suma a los otros costos asociados que ya se les cobra a los usuarios.
El impuesto al carbono es polémico porque se suma a los otros costos asociados que ya se les cobra a los usuarios.

La reforma tributaria trae consigo muchos temas que afectarán directamente el bolsillo de todos los colombianos. Uno de los que más preocupa es el aumento del IVA, pero no muchos se han detenido a pensar en el impacto que también traerá el nuevo impuesto nacional al carbono.

Si la reforma del gobierno entra en vigor, el gasto promedio mensual en gasolina aumentaría como consecuencia de ese impuesto. Se trata de un gravamen ambiental que opera sobre combustibles líquidos derivados del petróleo y su cobro dependerá de la cantidad de carbono que contenga cada combustible (gas licuado de petróleo, gasolina, kerosene y jet fuel, ACPM y fuel oil). Se deberá pagar un monto fijo por galón, que en el caso de la gasolina será de 135 pesos. Es decir, un incremento cercano al 1,7 por ciento del precio actual.

El impuesto al carbono es polémico porque se suma a los otros costos asociados que ya se les cobra a los usuarios. En otras palabras, cuando se compra un galón de gasolina el precio ya incluye un cobro por búsqueda, extracción, refinación, transporte, comercialización, entre otros.

La implementación de este gravamen puede obedecer a que, de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de la Segunda Comunicación Nacional, la quema de combustibles fósiles es responsable de cerca del 31 por ciento de las emisiones totales del país. Además, el año pasado Colombia se comprometió a reducir en un 20 por ciento su nivel de emisiones en el 2030 y esta puede ser una de las primeras acciones para lograr dicho objetivo. Adicional a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) plantea que estos impuestos son una de las formas más efectivas y de bajo costo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

No es la primera vez

Los impuestos ambientales no son nuevos en el país. Desde hace varios años Colombia ya aplica la tasa por uso de agua, un pago que hacen las personas naturales o jurídicas y que depende de la cantidad de líquido que se tome de un cuerpo de agua (río, quebrada, lago). En teoría, lo que se busca es hacer más eficiente el uso del recurso al tener que asumir un costo. Esta es una estructura relativamente similar a la que se persigue con el impuesto nacional del carbono.

La tasa retributiva es otro antecedente fundamental. Todos los que realicen vertimientos de aguas residuales a cuerpos de agua naturales deben pagar. De igual forma, el cobro depende de qué tanto se vierta, las características del vertimiento y el estado de la fuente hídrica que recibe los desechos.

Incluso, las tasas retributivas fueron propuestas en el Código Nacional de Recursos Naturales de 1974 y de acuerdo al tomo principal del trabajo de Incentivos a la Conservación, elaborado por  Patrimonio Natural en el 2008, “las dos tasas han sido desaprovechadas”. El trabajo plantea que la tarifa que se paga como parte de la tasa de uso de agua ha sido reducida a valores muy bajos, “producto del lobby del sector arrocero” y que la consecuencia práctica de esto es que la tasa no genera el efecto económico esperado, ya que quien utilice el agua con una tasa baja no lo hará tan eficientemente como si estuviera pagando por ella una cantidad significativa de dinero.

Vale la pena aclarar que desde la técnica económico-ambiental, es posible calcular el valor que debería tener el impuesto para que logre su objetivo. Sin embargo, esa misma técnica no prevé los efectos políticos que se generarán y ese es, sin duda, un aspecto fundamental para que los impuestos ambientales puedan ser implementados y sean sostenibles en el tiempo.

¿Por qué cobrar?

Los impuestos ambientales tienen como objetivo incrementar el precio de un bien, con el fin de que el consumidor se ajuste a la nueva realidad del mercado, para que al final ese consumo se haga más eficiente. Esto aplicado al contexto de la gasolina y del nuevo impuesto nacional al carbono, debería traducirse en que una persona que desee ahorrar probablemente adoptará prácticas que le permitan transportarse consumiendo una menor cantidad de combustible.

El recaudo de estos impuestos se invierte generalmente en la prevención, mitigación o compensación de potenciales efectos negativos. Pero en este punto surge una duda en torno al cobro del nuevo gravamen al carbono: el texto del proyecto de reforma tributaria no especifica cuál será la destinación de los recursos que se generen. A pesar de esto, en recientes declaraciones el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, destacó que este impuesto espera recaudar cerca de 700.000 millones de pesos al año que se invertirán principalmente en “acciones de adaptación al cambio climático asociadas a conservación de ecosistemas y al  establecimiento de un número mayor de áreas protegidas”.

En medio de este proceso de reforma es necesario que Colombia analice lo que implica la implementación de este impuesto y que decida aumentar la inclusión de la variable ambiental en todos los proyectos. Uno de los grandes obstáculos para que esto no suceda es que el lenguaje de los tomadores de decisiones generalmente es solo económico. Como el medioambiente es ‘gratis’ y los impactos negativos que se le generan no representan mucho en términos de dinero (multas, sanciones), entonces el sistema económico no registra su importancia en la sociedad.

Además, generalmente los precios de los bienes no reflejan los efectos negativos que generan sobre el medioambiente y la sociedad en general. En la práctica, esto hace que se consuma más de algo que genera grandes costos sociales.

El impuesto nacional al carbono parte de entender que el cambio climático es un problema común y por lo tanto su solución es responsabilidad de todos. En este caso, es necesario modificar nuestra mentalidad frente al consumo de combustibles, de no hacerlo, una vez aprobada la reforma tributaria, ningún bolsillo se salvará del impacto.

*Ingeniero ambiental y Magister en Economía y Administración Ambiental de la Universidad de York.

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