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José Antonio Saldarriaga Tavares es un líder campesino y defensor ambiental del Caquetá. En los últimos meses, José ha sufrido intimidaciones y persecuciones por su trabajo como defensor del territorio ante los avances de una multinacional petrolera. Como él,  muchos defensores ambientales en Colombia y en el continente están bajo constante amenaza.

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El Acuerdo sobre Democracia Ambiental en América Latina y el Caribe puede ser una esperanza para cambiar esta situación. Los países participantes, en la última reunión de negociación en Santiago de Chile, en noviembre de 2017, aprobaron un artículo específico destinado a la protección de los defensores ambientales. Este es un verdadero avance para América Latina, región donde en los últimos años han ocurrido el mayor número de asesinatos de defensores ambientales. Esta protección es además clave para hacer realidad los derechos a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.

Sobre estos derechos se pronunció precisamente esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva solicitada por el Estado Colombiano, en la que estableció que la garantía de estos derechos es una obligación de los Estados derivada de la Convención Americana, y que es esencial para garantizar los derechos a la vida y a la integridad en relación al medio ambiente.

Sin embargo, hay preocupación en la sociedad civil sobre lo que pueda suceder con la futura implementación del Acuerdo, pues los países aun no acuerdan la definición de público, que es necesaria para saber quiénes pueden beneficiarse del Acuerdo. En la última reunión de negociación, la delegación colombiana presentó una posición que la sociedad civil considera regresiva frente a  la definición de público.

La delegación de Colombia solicitó que la definición se restringiera solo a los nacionales. Una limitante contraria a la Constitución pues crearía una categoría de discriminación para ejercer los derechos garantizados por el Acuerdo. Luego de trabajar con otros países Colombia aceptó  cambiar su posición para incluir  “a nacionales o a personas que estén bajo la jurisdicción nacional”. Esta definición de público aún es restrictiva pues le negaría el goce a los derechos de acceso a gran cantidad de personas. Por ejemplo, los colombianos que vivan fuera del país no podrían hacer una solicitud de información ambiental. Como sociedad civil hemos sostenido que el Acuerdo debe asegurar el goce efectivo de los derechos de acceso, y para ello es fundamental que la definición de público incluya a todas las personas y grupos, sin ningún tipo de excepción.

En agosto pasado los congresistas Angela María Robledo y Alirio Uribe cuestionaron a la delegación colombiana por su posición regresiva en las negociaciones y su reticencia a pronunciarse a favor de la adopción de un Tratado en este proceso. En esa oportunidad, en el marco de una Audiencia Pública en el Congreso se evaluó el papel de la delegación colombiana en las negociaciones del Acuerdo sobre Democracia Ambiental. Los congresistas cuestionaron varias posiciones regresivas presentadas por la delegación colombiana. Por ejemplo, se cuestionó la posición de la delegación de solicitar que se modificara la obligación de “garantizar” el acceso a la justicia ambiental por una obligación más restringida de “facilitar el acceso”. Ahora que la negociación avanza en su recta final, Colombia debiera asegurarse que la definición de público sea amplia y no termine restringiendo el acceso a la democracia ambiental.

En la próxima reunión de negociación en febrero, en Costa Rica, los países tomaran la decisión final sobre la forma jurídica del Acuerdo. Para la sociedad civil el éxito de la negociación solo podrá asegurarse con un Tratado Internacional que establezca altos estándares y que permita a todas las personas ejercer sus derechos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha manifestado públicamente su voluntad política para que el Acuerdo regional sea un tratado internacional. Sin embargo, la Cancillería, encargada de definir la posición del Estado Colombiano, tiene la última palabra.

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La Corte Interamericana de Derechos humanos en su reciente opinión consultiva, solicitada precisamente por Colombia, acaba de reconocer el Acuerdo Regional sobre democracia ambiental como una buena medida para garantizar el acceso a la información ambiental. Colombia debe escuchar este mensaje de la Corte y manifestar su compromiso con la Democracia Ambiental y con los defensores de derechos humanos ambientales con la adopción de un Tratado Internacional.  Defensores del territorio como José necesitan contar con las garantías necesarias para seguir defendiendo nuestro medio ambiente sin persecución y sin amenazas contra su vida.

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