Hace cinco años conocí a Catalina Vallejo, una estudiante de doctorado de la Universidad de los Andes que estaba por iniciar su tesis sobre los litigios de cambio climático. Con poco optimismo, me contó la triste historia de Kivalina, un pueblo de Alaska de casi 400 habitantes cuya existencia estaba en riesgo por el cambio climático.

En 2008, dado que sus tierras estaban a punto de desaparecer por el aumento del nivel del mar, Kivalina demandó a Exxon y a otras compañías petroleras exigiendo una compensación por los daños causados y la reubicación de su población. La Corte del Distrito de Estados Unidos desestimó la demanda por tratarse de un asunto político que debía resolver el Congreso. Kivalina perdió.

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El mundo ya no es el mismo una década después de Kivalina. Con impactos cada vez más visibles y una mejor comprensión científica, los litigios sobre cambio climático se han triplicado en los últimos cuatro años. Actualmente, hay 884 casos registrados en el mundo, de los cuales 654 están en Estados Unidos, muchos de ellos interpuestos para defenderse de las políticas de Trump en contra del ambiente. 

Sin embargo, quizás el más importante es el de Urgenda, una fundación que, junto con 884 ciudadanos, demandó al Estado holandés por incumplir su deber de cuidado y por poner en riesgo a sus habitantes de los efectos del cambio climático. Pocos creían que funcionaría, pero en junio de 2015 hicieron historia. El Tribunal de La Haya obligó al Estado holandés a aumentar sus metas y comprometerse a reducir, para 2020, al menos 25 % de sus emisiones de CO2 con base en los niveles de 1990. Era la primera vez que la sociedad civil obligaba al gobierno a modificar su política de cambio climático por una más ambiciosa. Con esta sentencia, que irónicamente el gobierno apeló el mismo día que firmó el Acuerdo de París, se abrió una puerta que parece imposible de cerrar.

En poco tiempo nueve países pusieron demandas similares que aún están por resolverse. Este boom de litigios climáticos es un enorme desafío para los jueces, uno que no se podrá resolver bajo una lógica tradicional del derecho. El cambio climático es un problema supremamente perverso. Los que queremos solucionarlo somos a su vez causantes del mismo. Las autoridades que se requieren para resolverlo son débiles o no existen. El tiempo para actuar se está agotando. Y para rematar, los que tienen el mayor poder de revertirlo son los principales responsables y, por tanto, los que menos incentivos tienen para actuar en el corto plazo.

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Este tipo de problemas exige jueces hábiles para darle flexibilidad al sistema y dar una respuesta justa. Y este tipo de decisiones jurídicas, aún escasas pero significativas, ya se están gestando en el mundo. De hecho, hoy Catalina Vallejo es optimista. En su tesis de doctorado, recién salida del horno, afirma que una nueva jurisprudencia, diferente a la que tradicionalmente se desarrolló en torno al derecho ambiental, está surgiendo. El precedente de Urgenda es una muestra de ello.

Tan solo este año, la ciudad de Nueva York y ocho condados y ciudades de California, incluyendo a San Francisco y Oakland, demandaron a las cinco petroleras más grandes, entre ellas Exxon, por ser responsables del 11 % de las emisiones globales. Estas empresas conocían la gravedad del problema y, en lugar de divulgarlo, se empecinaron en crear un manto de duda sobre la ciencia, que retrasó la acción.

Colombia no se queda atrás. Hace unas semanas un grupo de 25 jóvenes ganó una tutela contra el Estado exigiendo la protección del derecho a un medioambiente sano y un plan para frenar la deforestación. Igualmente, hace poco la Corte Constitucional prohibió la minería en páramos para proteger el agua y declaró sujeto de derechos al río Atrato, uno de los más contaminados por mercurio.

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Hasta ahora, no existe ninguna sentencia que haya condenado a una empresa por el cambio climático. Pero así como los diferentes Estados ya están siendo obligados a responder, es posible que a otros actores les llegue su hora. La equidad está en juego: no todos somos igualmente responsables ni sufriremos los mismos impactos. Ese activismo judicial puede catalizar el cambio que requerimos con urgencia. Al fin de cuentas, el derecho es una arma poderosa para mantener el statu quo, o para transformarlo por completo.