*Director de Dejusticia y del Observatorio de Justicia Ambiental (OJA).

Así como las disputas sobre los recursos naturales y el medioambiente son causas frecuentes de guerras, las nuevas violencias tras procesos de paz también pueden serlo. Según cifras de la ONU En los últimos 25 años, 18 conflictos armados internos han sido exacerbados por luchas sobre los recursos naturales, al igual que cerca del 40% de las guerras entre estados en los últimos 60 años. Además, hay que recordar que cerca de la mitad de las transiciones a la paz alrededor del mundo han fracasado por nuevos y viejos conflictos, incluyendo los socioambientales.

Colombia no es la excepción. Los grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda, han derivado parte de su sustento de la explotación o el gravamen de economías extractivas, desde la coca hasta el oro, la madera y el carbón. Pero la violencia también ha tenido un efecto ambiental preservador y paradójico. Por ejemplo, el hecho de que la Amazonia colombiana haya sido mejor conservada que la de países vecinos se debe no solo a los resguardos indígenas y los parques naturales, sino también a la barrera fáctica que la violencia le ha puesto a la entrada de la ganadería, la minería y otras economías extractivas.

Lo cierto es que no habrá paz duradera en Colombia si no hay paz ambiental, esto es, si no se previenen y tramitan pacíficamente los conflictos socioambientales. Como lo mostramos en un estudio de Dejusticia con Diana Rodríguez y Helena Durán, la paz ambiental  dependerá de múltiples factores: las políticas sobre medioambiente, los movimientos ambientalistas, el lugar y las modalidades de la explotación de los recursos naturales en el modelo económico del futuro, la fortaleza de las instituciones nacionales y locales para implementar las leyes y políticas ambientales, la participación ciudadana, las presiones previsibles del cambio climático sobre poblaciones que tendrían que desplazarse forzosamente por nuevos eventos climáticos extremos, y el ordenamiento territorial de las zonas biodiversas (como la Amazonia, el Chocó biogeográfico y el Catatumbo) que serán accesibles en el futuro.

La paz ambiental comprende tareas de construcción y reconstrucción. De un lado, implica la creación de las políticas e instituciones que el sector ambiental nunca ha tenido y que son esenciales en cualquier Estado, con o sin conflicto armado. Algunas fundamentales son las instancias independientes y competentes de realización de estudios de impacto ambiental, y las de coordinación de las decisiones del Estado nacional y los municipios.

Por otro lado, el posconflicto requerirá la reconstrucción de instituciones que deben ser fortalecidas. Entre ellas están los mecanismos de participación democráticos (por ejemplo consultas populares y audiencias ambientales) que fueron diseñadas para que la voz de las comunidades locales tenga influencia en las decisiones que afectan su entorno.

Son tareas difíciles. Pero conozco de primera mano el trabajo de muchos colombianos y colombianas que ya comenzaron a hacerlas: los ciudadanos de Armenia, Ibagué y Florencia que salieron a las calles durante el carnaval del agua del pasado 3 de junio; las organizaciones indígenas y afro que han protegido los ecosistemas en sus territorios a riesgo de su propia vida; los funcionarios de algunas CAR que cumplen puntualmente con su deber; las autoridades y comunidades de Salento y Pijao en Quindío, o de Ibagué o La Macarena, que les apuestan a la paz y las economías verdes en sus territorios. En esos y otros muchos lugares está la semilla del país del posconflicto.

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