*Abogado de la Javeriana con maestría en regulación de la London School of Economics y candidato a doctorado en la Universidad de Oxford.

Los medios han identificado, con nombre propio, a algunos de los abogados que sin mayores méritos han llegado a ser magistrados de una o más cortes. Y los vaivenes de la situación jurídica del Alcalde Mayor de Bogotá han exacerbado aún mas los ánimos contra la “rama judicial”. Sin embargo, la calidad del debate de fondo no pareciera corresponder con la magnitud del problema que enfrenta el país.

No soy un experto en el funcionamiento de la rama judicial, ni pretendo abogar aquí por soluciones específicas. Pero creo que a este debate le ha hecho falta un marco general que permita ordenar y evaluar con mayor rigor cada propuesta.

El marco que ahora sugiero, está basado en los desarrollos de la “teoría cultural” para el estudio de la administración pública, liderados por el profesor Christopher Hood de la Universidad de Oxford (aunque el modelo también ha sido popular en las investigaciones sobre temas ambientales gracias a académicos como Stephen Reyna). Aplicando el marco desarrollado por Hood, las propuestas de reforma de la rama judicial pueden clasificarse en cuatro perspectivas generales: “jerarquizada”, “igualitaria”, “individualista” y “fatalista”.

Desde una perspectiva “jerarquizada”, los problemas de la Justicia se deben al incumplimiento de los procedimientos legales y la deficiente preparación profesional de jueces y abogados. En consecuencia, sus propuestas incluyen una regulación más estricta y detallada de los procedimientos judiciales, mayores herramientas para monitorear y controlar el cumplimiento de esta regulación y nuevas reglas para asegurar una mayor experticia técnica de jueces y abogados (por ejemplo, estableciendo mayores requisitos para el ejercicio profesional).  

En contraste, desde una perspectiva “igualitaria” los problemas de la Justicia se derivan del abuso de poder de quienes se encuentran en la cima de la rama judicial, del gobierno, y del sector privado (como el sector financiero, que ocupa buena parte de las horas de trabajo de los funcionarios judiciales). Para ellos, la solución pasa, necesariamente, por una mayor participación de la ciudadanía en esta organización (por ejemplo, a través de figuras como los jueces de paz), y no hay mejor gobierno sobre jueces y abogados, que el que pueden ejercer sus propios pares.

Por su parte, desde una perspectiva “individualista”, el problema es la falta de buenos incentivos individuales y la falta de información. Por ejemplo, para un individualista, la congestión judicial se podría disminuir con mecanismos generales de competencia entre jueces y magistrados, con un ranking entre ellos, de modo que los más productivos reciban un mayor pago y ascensos, y los menos eficientes sean penalizados, o incluso retirados del servicio (por ejemplo comparando el número de decisiones al año). Y, para el abuso en la presentación de acciones y recursos, un individualista consideraría apropiado implantar mecanismos que informen de forma clara a los litigantes el “precio” de sus estrategias.

Finalmente, para un “fatalista”, ninguna de las anteriores perspectivas funcionaría. A lo sumo, algunos controles aleatorios sobre jueces, abogados y facultades de derecho lograrían ayudar a mejorar, de alguna manera, la provisión de Justicia en el país.

Sin embargo, como explica el profesor Hood, todas tienen fallas inherentes, todas pueden dar lugar a consecuencias indeseadas.

En este caso, los planes, demasiado ambiciosos, propios de las estructuras “jerarquizadas”, con mucha frecuencia tienen dramáticos colapsos (¿cómo monitorear la conducta de todos los magistrados, jueces, de los más de doscientos mil abogados, de las facultades de derecho que nacen cada año?).

La perspectiva “igualitaria”, por su parte, con su gobierno entre pares, podría ser fácilmente acusada de ser la responsable de la existencia de la “camarilla” que, según los medios, tiene tan desprestigiada a las altas cortes.  

La perspectiva individualista, podría cerrar los espacios para la necesaria cooperación entre jueces y magistrados, mientras abre otros para la corrupción individual (como ocurrió con los incentivos por número de bajas en combate, asociados por investigadores del Externado y La Sabana con el lamentable incremento en los “falsos positivos”).

Mientras, la perspectiva fatalista podría llevar a la inacción.

Por su puesto, también existen propuestas “híbridas”. Pero, al final, estas tienen problemas asociados con la búsqueda de valores contradictorios (cantidad versus calidad, etc.).

No se trata de un ejercicio “meramente” académico. El presupuesto básico de este debate, debe ser la identificación de los supuestos fundamentales y de los riesgos de cada propuesta. 

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