La Corporación Autónoma de los Valles de los ríos Sinú y San Jorge, CVS, otorgó licencia ambiental a la empresa “Graneles del Golfo”, para adelantar la construcción de un puerto que impactaría el Distrito de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá en el municipio de San Antero en Córdoba.

El puerto, que se pretende construir en un área de 7 hectáreas, se encuentra ubicado en el “Distrito de Manejo Integrado Cispatá–La Balsa–Tinajones y sectores aledaños”, situación que ha despertado la preocupación de comunidades, académicos y científicos; por tratarse de una zona en muy buen estado de conservación.

Sandra Vilardy, bióloga marina con Ph.D. en Ecología y Medio Ambiente, asegura que “el bosque de manglar de Cispatá es uno de los mejor conservados en el Caribe colombiano y la construcción de un puerto y todas las actividades asociadas generarían unos altísimos impactos a un ecosistema frágil por definición”.

Por su parte, Luis Mora, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Bijaito y vicepresidente de la Asociación Afro Agustín Payares, manifiesta la preocupación y el descontento de las comunidades de San Antero Córdoba. “Ya tenemos zonas restringidas para practicar nuestra labor de pesca, Ecopetrol nos tiene limitada esa parte y ahora quieren hacer un puerto, entonces nos van a restringir mucho más. Súmele a eso el dragado que piensan hacer que es inmenso y acabaría con arrecifes de coral en los puntos de pesca más importantes. Nos van a terminar desplazando”, advirtió.

Con tristeza, este pescador de oficio desde su nacimiento agrega que también peligra la cría de caimanes aguja, que es una especie que se ha recuperado gracias al trabajo que todas estas comunidades.  “Los hemos protegido por más de 16 años. Los manglares también se verían muy afectados, pero vea, somos cinco negritos con el Estado en contra, no podemos”, dice.

Clara Lucía Sierra y Giovanni Ulloa son biólogos, de los más prestigiosos expertos en el estudio y conservación de los ecosistemas de mangle, quienes han liderado por casi dos décadas el proceso comunitario de recuperación de la especie Cocodylus Acutus. También conocida como el Caimán Aguja, es una especie catalogada como en peligro de extinción.

Cuando se indaga sobre la afectación que las poblaciones de caimán del Magdalena, como también se le conoce al único cocodrilo americano, Ulloa responde que “se afecta sobre todo la dinámica ecosistémica de repoblamiento y de expansión de este animal que funciona como especie sombrilla para otras especies de los bosques de mangle”.

A pesar de las advertencias de varios expertos investigadores y científicos y contra todos los pronósticos, el director de la autoridad ambiental en la región, Luis Fernando Tirado, es uno de los más grandes defensores de la construcción de un puerto de carbón sobre el área del Distrito de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá.

Cuando se le pregunta cómo es posible que la autoridad ambiental haya otorgado licencia ambiental para la construcción de un puerto de cargue de carbón en un área de manejo especial, el director de la CVS afirma que “Dentro de la zonificación donde está ubicado el puerto que se piensa construir, es categoría tipo ‘b’ y se permiten actividades industriales”.

A pesar de lo que afirma Tirado en referencia a las actividades permitidas en esta área de manejo especial, en el Plan Integral de Manejo, documento público que rige su funcionamiento, está claramente consignado que en la zona tipo ‘b’, se permiten: “Actividades agrosilvopastoriles, senderismo, reforestación y restauración de vías y áreas urbanas”. También, según el mismo documento, se habla de “usos condicionados”, que son: “Zoocriaderos, acuícultura, construcción de infraestructura para turismo sostenible y actividad de protección de playas”. En ninguna de las anteriores se considera la construcción de un puerto, mucho menos de cargue de carbón.

Más delicada parece ser la situación cuando claramente el mismo documento es claro frente a los “Usos y actividades prohibidas en el DMI”, y expone textualmente: “Obras de infraestructura de alto impacto sobre los objetos de conservación del DMI como puertos, carreteras, instalaciones de telecomunicaciones, oleoductos, entre otras, e infraestructura hotelera no acorde con los criterios de turismo sostenible en el DMI”.

Nace pues, una duda razonable, ¿el director no conoce el Plan Integral de Manejo de un Área Protegida que se encuentra en su jurisdicción, o decidió hacer caso omiso?

Por su parte Rodrigo Negrete, abogado con más de 15 años de experiencia en el área de evaluación de licencias portuarias del Ministerio de Ambiente, afirma que “No quiero despertar suspicacias, pero esta licencia la otorga la CVS por muy poca capacidad de carga anual, es decir, si el puerto tuviera 1.500.000 toneladas al año, la competencia para otorgar la licencia sería de la Anla, pero este puerto parece haber acomodado su capacidad para que fuera la CVS y no la Anla quien otorgara la licencia. Por apenas 20 mil toneladas al año no alcanza a ser competencia de la autoridad nacional”.

Agrega Negrete que “una de las grandes preocupaciones es que esa zona es llana, por lo cual el dragado será muy fuerte, a tal punto que tendrían que disponer mar adentro más de un millón 350 mil toneladas de sedimentos en donde existen zonas aptas para la pesca, más de 16 caladeros de pesca, cuatro bajos coralinos y 12 arrecifes coralinos. Además está muy cercano el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y no se habla nada de los impactos que pueda generar esta actividad”.

“Yo tengo que hacer referencia a lo que sucedió hace algunas semanas con la licencia de exploración de hidrocarburos que otorgó la Anla en el Distrito de Manejo Integrado Ariari Guayabero. Se tuvo que revocar la licencia porque esta actividad no era compatible con las actividades permitidas según el plan de manejo, por tanto la Corporación, en ese caso Cormacarena, informó de esta situación y se revocó la licencia. En esta ocasión es la misma Autoridad Ambiental Regional la que otorga la licencia para una actividad claramente de alto impacto en un área protegida”, puntualizó el abogado Negrete.

Respecto a las afectaciones puntuales sobre los ecosistemas, la bióloga Vilardy afirma que “la actividad naviera es la principal vía de entrada de especies invasoras, lo cual es uno los grandes fenómenos que afecta nuestra biodiversidad. Como segunda medida, el sedimento que se encuentra en los bosques de manglar es muy importante en cuanto a la depuración que se hace de la materia orgánica. Si se tapa ese sedimento con el carbón que pueda caer producto de los accidentes, que siempre en los puertos se dan, se estaría afectando de manera significativa, la manera como la materia orgánica va a ser reciclada”.

Surge una preocupación general en el país frente a la declaratoria de áreas de manejo especial. A pesar de que se invierten años de investigación, trabajo comunitario e institucional en la preservación de estas zonas definidas como estratégicas y de uso público, al cabo del tiempo, se otorgan vía licencia ambiental a particulares cuyas actividades son de muy alto impacto. Un puerto de cargue de carbón, particularmente en medio de un bosque de manglar, dentro de en un Distrito de Manejo Integrado y vecino a un Parque Nacional Natural, difícilmente podría considerarse de bajo impacto.

*Director Natural Press

 

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