*Directora de la Especialización y Línea de Investigación Derecho Ambiental. Universidad del Rosario Twitter: @esp_ambiental (Foto: Javier Casella)

La protección ambiental es un principio que involucra no solo al Estado sino también al sector empresarial y social. Todos debemos trabajar de manera coordinada para conservar el patrimonio natural de nuestro país,  que infortunadamente se ha visto afectado como consecuencia del inadecuado uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

El país necesita crecer y para ello requiere desarrollar la infraestructura y otros proyectos con alto impacto sobre los recursos naturales, que al final han generado un choque entre las políticas ambientales y de desarrollo. En este contexto, como plantea el Ministerio de Ambiente, Colombia se distingue por ser megadiverso y por la complejidad y fragilidad de su diversidad biológica. Ese panorama se superpone con una historia y un presente social, económico y político,dinámico y complejo, que ha traído como consecuencia un deterioro ambiental que desemboca en movilizaciones y confrontaciones entre los representantes del Estado, los inversionistas, los gremios y las organizaciones sociales que defienden los derechos ambientales y la protección de los recursos.

Ejemplos de lo anterior son la represa de El Quimbo, el proyecto Angostura, las explotaciones petroleras en Campo Rubiales, el cargue de carbón en la bahía de Santa Marta, la Colosa, entre otros.

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Así las cosas, el dilema entre el desarrollo y la protección ambiental implica superar estos obstáculos y asumir enormes retos. Es imperativo generar una política ambiental integrada con otros sectores, que debe estar orientada a garantizar derechos y al compromiso del Estado colombiano de proteger el ambiente y restaurar y conservar las áreas prioritarias, además de promover y fomentar el desarrollo en el contexto de construcción de la paz. Para lograrlo se debe tener en cuenta a todos los actores involucrados, así como los derechos de quienes habitan en las zonas donde se planea adelantar obras o proyectos que puedan afectar el entorno.

El desafío no se queda ahí. También incluye la necesidad de consolidar la institucionalidad ambiental, garantizar un plan de acción para hacer seguimiento al cumplimiento de las normas y fortalecer el control ambiental. En ese sentido, se requiere consolidar una legislación para la gestión del riesgo y los asuntos ambientales, reforzar el apoyo internacional y garantizar la participación y la transparencia en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

Para lograrlo es indispensable crear incentivos para promocionar otras actividades que permitan el desarrollo del país, como el consumo y el turismo responsables. Así mismo, se requiere priorizar la reformulación de los procesos de ordenamiento territorial, para que tengan en cuenta aspectos sociales, culturales, mineros y ambientales.

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Pero no todo puede estar enfocado en dar respuesta. Es necesario establecer mecanismos y espacios para identificar y prevenir las disputas ambientales, que permitan trascender la visión del ambiente y los recursos como un instrumento meramente económico sobre el cual priman intereses diferentes a lo público.

La paz de Colombia no puede quedar resumida a tareas vitales –pero no suficientes– como erradicar la pobreza extrema y combatir la desigualdad y la injusticia. Todas las decisiones deben ser asumidas de manera integral para responder con los compromisos de protección de la diversidad, teniendo en cuenta que “el desarrollo sostenible es desarrollo económico incluyente en lo social y sostenible en lo ambiental”, como plantea el economista Jeffrey Sachs.

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