El que gasta, paga

La caída de los precios del petróleo genera un alto riesgo financiero, comprometiendo importantes objetivos del Plan de Desarrollo 2014-2018 como el de propender por un crecimiento de una economía verde, baja en carbono y adaptada a los eventos extremos del cambio climático. En mitigación del cambio climático, el país ha avanzado durante años con una estrategia que combina de manera equilibrada la generación hidroeléctrica determinante con la térmica como complemento. Aunque todavía se puede hacer mucho más en mitigación, es indudable que el reto más exigente está asociado a la debilidad para enfrentar eventos climáticos extremos asociados al calentamiento global.

En el largo plazo, la inversión en adaptación al cambio climático puede recuperarse con creces, simplemente a través de la disminución de costos, públicos y privados, requeridos para el manejo de desastres y la reparación de daños. Pero si no se dispone de recursos de inversión, no se podrán cubrir oportunamente los costos de prevención y seremos nosotros quienes tendremos que asumir con creces los costos de reparación y compensación de víctimas. 

Sin embargo, el marco jurídico colombiano dispone desde hace años de instrumentos económicos y financieros de política ambiental que el país está en mora de aplicar de manera más decidida. Se trata de aplicar un conocido principio: quien usa un servicio debe pagar por dicho uso. Esto es válido no solo para los servicios prestados por empresas industriales y comerciales, sino también para aquellos que nos proporciona directamente la naturaleza. Existe así la obligación de que todo aquel que use el agua, el aire o el suelo para depositar desechos, debe pagar por este servicio que presta la naturaleza una tasa que retribuya los costos de prestación de dicho servicio. Esto se ha reglamentado parcialmente en Colombia, aunque de manera restringida y únicamente por vertimientos puntuales a los cuerpos de agua, sin que en los últimos 10 o 15 años se hayan logrado mayores avances en esta dirección. Además existe la obligación legal de que todo aquel que tome agua de una fuente natural, debe pagar la cantidad de agua que use o el caudal que tenga concesionado. 

En ambos casos, se buscaba alcanzar un doble beneficio: enviar una señal del valor, incentivando un uso racional del recurso, y recaudar, al mismo tiempo, recursos financieros con el fin de asumir los retos de inversión requeridos para ordenamiento del agua y del territorio. Sin embargo, el Gobierno ha claudicado frente a este reto llegando a límites dramáticos. Por ejemplo, en ciertas regiones como en el Valle del Cauca se recaudaba esta tasa obligatoria, junto con otra voluntaria que los mismos cañicultores destinaban a la conservación de las cuencas que abastecen de agua a la región. Pero este esfuerzo se esfumó porque el Gobierno nacional, prácticamente, anuló este instrumento, fijando una tarifa totalmente simbólica y eliminando el doble beneficio que ya se empezaba a reportar. 

Frente a esta situación y ante el prolongado inmovilismo del Gobierno, sería de gran utilidad que el Congreso recuperara su iniciativa de fijar directamente las tarifas mínimas de estas tasas. Con una tarifa relativamente moderada y pagada únicamente por los sectores con alta capacidad de pago, se podrían recaudar alrededor de medio billón de pesos anuales. Recursos que serían en extremo valiosos, especialmente en estos momentos de alto déficit presupuestal que limita seriamente el cumplimiento de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.