*Periodista independiente.

Desde que se dio a conocer en Brasil la condena de Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de cárcel, por los delitos de corrupción, lavado de activos y asociación para delinquir, la empresa Odebrecht S.A.S. en Colombia hace un intento por proteger los contratos que tiene y recuperar prestigio que le queda..

La estrategia de la empresa Odebrecht S.A.S., ha sido desvincularse del escándalo conocido como ‘Lava Jato’ de su casa matriz en Brasil, quizá con el propósito de evitar que se aplique la ley colombiana 1778 de febrero de 2016, que en su artículo 31, habla sobre “las inhabilidades para contratar de quienes incurran en delitos contra la administración pública”.

En el aviso contratado por Odebrecht S.A.S con dos de los diarios más importantes del país, se asegura que “Odebrecht Colombia actúa jurídica, financiera y administrativamente, de forma independiente, de los negocios y operaciones que se celebren en Brasil, y por tanto no existe relación, ni vinculación con las actividades que empresas del Grupo realicen fuera del territorio colombiano”.

Es cierto que fue Odebrecht S.A.S (Colombia) y no Odebrecht S.A. (Brasil), la empresa que resultó beneficiada con el contrato de NAVELENA; pero no se debe desconocer que la gran mayoría de los socios que integran la primera, son todos empleados y directivos de la segunda, tal como se puede verificar al comparar los certificados de existencia y representación legal que reposan en la Cámara de Comercio de Bogotá sobre ambas personas jurídicas. Por tanto ‘así Pedro se disfrace de Juan, sigue y seguirá siendo Pedro’.

De esa comparación se desprende que los señores Luis Carlos Batista Filho, Yezid Augusto Arocha Alarcón y Felipe Paz Cabral de Almeida aparecen como socios de la primera y también son socios de la segunda. Entonces, ¿cómo puede una empresa tener a los mismos representantes legales y socios y estar desvinculada de la otra, en donde la plana mayor es prácticamente la misma? (Vea cámara de comercio Brasil y Cámara Colombia)

Afirmaba también, el aviso pagado por Odebrecht que “Ningún representante, administrador o accionista de las sociedades que operan en Colombia, tiene investigación o vinculación con los procesos que se adelantan en Brasil. En consecuencia, las personas procesadas en dicho país, en modo alguno, se encuentran vinculadas con la operación en Colombia, o con la administración de las sociedades aquí presentes, ni con la administración pública colombiana”.

La publicación de Odebrecht parece desconocer que Luiz Antonio Mameri y Marcio Faria Da Silva, miembros de la Junta Directiva de Odebrecht S.A., empresa brasilera, aparecen como dos de los cuatro garantes en el “acuerdo de garantía” del proceso de licitación pública para el proyecto de “Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena”, según el documento de “Informe Definitivo de Evaluación del sobre No. 1”, suscrito por CORMAGDALENA, entidad que evalúa los oferentes, en este caso, el único oferente (ver garantes).

De la misma manera, en los documentos de garantía presentados por el consorcio NAVELENA, se identifica con toda claridad que es Odebrecht S.A. (Brasil), quien actúa como garante solidario de Odebrecht S.A.S. (Colombia), se evidencia en los folios 052 a 129 de su propuesta, donde además se indica que Marcio Faria Da Silva, como representante legal de Odebrecht S.A., suscribió el Acuerdo de Garantía con Odebrecht S.A.S.

El señor Marcio Faria Da Silva, ya está condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel (ver sentencia), el mismo tiempo y por los mismos delitos por los que condenaron a su jefe Marcelo Odebrecht, por Corrupción, Lavado de Activos y Asociación para Delinquir (ver sentencia).

Por su parte, Luiz Antonio Mameri, presidente de Odebrecht para América Latina, quien a su vez, era director superintendente de Odebrecht en Angola, ha sido vinculado al mismo escándalo por recibir, al parecer, órdenes de su jefe para lo que se entendiera como el ofrecimiento de una coima en un correo fechado el 17 de junio de 2010. “A las 11h voy a estar con el italiano. Sería el caso de decirle que con los 700 que está señalando difícilmente tendrá algo, y que si nos autorizaran, E.B. podría intentar conseguir 50 de reembolso con el propósito de llegar a 1200”, escribió Marcelo Odebrecht a Mameri.

Por tanto, desconocer que efectivamente hay miembros judicializados y condenados por la comisión de delitos de corrupción, lavado de activos y asociación para delinquir vinculados con la operación en Colombia, es pretender desconocer una cosa juzgada por la justicia brasilera.

Los organismos de control colombianos deberían tener bajo la lupa esta situación a la luz de la ley 1778 de febrero de 2016, expedida por el Congreso de la República y en la que expone que estarán inhabilitadas “las personas naturales que hayan sido declaradas responsables jurídicamente por la comisión de delitos contra la administración pública o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno transnacional”.

También la ley afirma que “…la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas y a las sucursales de sociedades extranjeras”.

La Ruta del Sol en su segunda fase, el proyecto para el mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena, entre otros multimillonarios contratos, podrían estar en peligro y también los dineros de los impuestos de los colombianos si quienes adjudican estas licitaciones, hacen caso omiso de la gravedad de la situación.

Por su parte Luis Álvaro Mendoza Mazzeo, director de CORMAGDALENA, que adelanta la licitación, responde que “el Gobierno Nacional está estudiando minuciosamente la situación y no queremos ofrecer ningún tipo de declaraciones ni conceptos ni opiniones en favor o en contra de ninguna empresa o situación que se presente, lo que sí debe quedar claro es que actuaremos pegados a la ley, exigiremos a cualquier empresa a cumplir específicamente con lo que esté en el contrato y de ninguna manera vamos a exigir más, pero tampoco vamos a exigir menos”

Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade Moreno, se negó a dar declaraciones e incluso a conocer las evidencias que se exponen en el marco de esta investigación, de manera insistente intentamos contactarlo y fue imposible la comunicación, al punto de que hasta su jefe de prensa dejó de contestar los teléfonos.

Por su parte Camilo Enciso Vanegas, secretario de transparencia de la Presidencia de la República, afirma que “la prudencia manda, yo no puedo ni debo salir a ofrecer ni opiniones personales, ni posiciones oficiales como secretario de transparencia. El Gobierno Nacional está estudiando la situación, porque cualquier decisión que se tome, puede tener implicaciones de algún tipo; por tanto, esperemos a que el gobierno se pronuncie sobre estos temas de manera oficial, posterior a hacer un juicioso análisis de la situación actual”.

Mientras tanto, en el Gobierno se muestran muy prudentes, y es entendible, pues de aplicar la ley 1778 a una empresa cuyas características son similares a otras en el país, tendrían que aplicarla con la totalidad de ellas y de esta manera, se puede “espantar la confianza inversionista” que gobiernos pasados dejaron en Colombia fundada en la permisividad estatal, saltan a la luz casos como los de El Quimbo y Reficar, entre muchos otros.

Todo lo que ha pasado, se refleja en la calificación de riesgo que, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, han otorgado hoy día a Odebrecht: han bajado el grado de inversión a ‘BB’ a esa firma.

Siendo éste el panorama, es imposible no pensar en el anuncio que hizo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, en referencia al cierre financiero al cual tiene plazo la empresa Odebrecht hasta el próximo 11 de mayo. Con esto se le permitió una prórroga de un mes y de no cumplir en la fecha establecida, se daría la inmediata cancelación del multimillonario contrato que pagaríamos los colombianos a un consorcio, cuyo socio mayoritario, está considerado por las tres grandes calificadoras de riesgo del mundo de forma negativa y en la que algunos de sus altos directivos se encuentran ya condenados y otros envueltos en investigaciones por delitos graves.

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