El peligro de ser activista ambiental en Colombia

En el 2014, 25 defensores ambientales fueron asesinados en Colombia. Así lo estableció el informe ¿Cuántos más? de la organización Global Witness en el que se reportaron en el mundo 116 asesinatos de ambientalistas de los cuales 88 ocurrieron en Latinoamérica.

El top de países latinoamericanos donde ocurrieron el mayor número de asesinatos es encabezado por Brasil con 29 asesinatos, seguido de cerca por Colombia con 25, Honduras con 12, Perú con 9 y Guatemala con 5. Además de los 88 asesinatos de activistas ambientales en Latinoamérica 39 correspondieron a miembros de comunidades indígenas que luchaban por la defensa de sus territorios ancestrales. (Vea: Colombia es el segundo país donde se asesinaron más activistas ambientales en 2014)

Daniel Humberto Sánchez Avendaño, joven colombiano de 19 años, miembro del Colectivo Socio ambiental juvenil Cajamarcuno (COSAJUCA), organización de jóvenes activistas del medio ambiente, fue asesinado el 7 de octubre de 2014. Daniel había reportado ser víctima de acosos y su organización había recibido amenazas constantes por su campaña en contra de la exploración a cielo abierto de la mina La Colosa.

La Colosa es uno de los conflictos sociambientales más graves del país, y la situación de los activistas ambientales allí no parece mejorar, pues solo hace pocas semanas la Red de Comités ambientales del Tolima emitió un nuevo comunicado en el que denuncian que recibieron nuevas amenazas hacia la integridad de sus miembros. Estos son solo algunos de los muchos casos de ambientalistas amenazados y asesinados en nuestro país por emprender acciones en defensa de sus territorios y sus recursos naturales.

La grave problemática ambiental que vive Colombia y en general América Latina, y el alto número de conflictos socioambientales que se presentan, hace que los ambientalistas sean especialmente vulnerables a numerosos tipos de violaciones a sus derechos. Además de los atentados que han cobrado numerosas vidas, se ha visto como activistas ambientales son objeto de graves amenazas, violencia física, criminalización, persecución y restricción a sus libertades.

Quizás una puerta de esperanza para remediar esta situación es el proceso regional de negociación de un convenio que proteja los derechos al acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales en nuestro continente que actualmente se desarrolla con el apoyo de CEPAL. Este proceso se inició en el 2012 Durante la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Rio +20), donde varios Estados de Latinoamérica suscribieron la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Rio de 1992, el cual establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, el acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente y el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. Colombia se sumó a esta declaración en el 2013 y actualmente el proceso cuenta con 20 países signatarios y 13 observadores.

Durante la última semana de Octubre se realizará en Ciudad de Panamá la Segunda Reunión del Comité de Negociación en la cual se espera se den grandes avances que permitan consolidar compromisos de los Estados para la protección de los derechos de los defensores y defensoras ambientales en Latinoamérica. De lograrse la negociación de un tratado regional vinculante que garantice los derechos al acceso a la información, la participación y la justicia ambiental como pilares de la democracia y la gobernanza ambiental los activistas ambientales contarían con un marco de protección más fuerte y con garantías internacionales que obliguen a los Estados a tomar cartas en el asunto y adoptar medidas de protección.

Es innegable que los Estados de Latinoamérica no pueden lograr un desarrollo sostenible mientras en sus territorios las personas que trabajan por la protección del medio ambiente son asesinadas. Es urgente que se adopten medidas concretas y se asuman compromisos claros en torno a la protección de los defensores ambientales. De no ser así cada año seguiremos preguntándonos ¿Cuántos más?