*Director de Dejusticia y del Observatorio de Justicia Ambiental (OJA)

El acuerdo de paz tendrá un impacto profundo sobre el futuro de los ecosistemas y las políticas ambientales del país, como expliqué en mi columna anterior. Por eso, el que nos espera será también un plebiscito ambiental. Un análisis detenido al acuerdo entre el gobierno y las Farc da razones para decir Sí.

En ese sentido destaco las que se pueden ver con la sola lectura del pacto y que han pasado relativamente desapercibidas para los ciudadanos preocupados por el medioambiente. En primer lugar, la política de tierras, acordada entre el gobierno y las Farc, pone al día al Estado colombiano con deudas de muchas décadas: programas para facilitar el acceso de los pequeños campesinos a la propiedad rural formal, esfuerzos para finalmente tener un catastro rural moderno y confiable y políticas de apoyo a los habitantes de las regiones más golpeadas por la violencia. Todo esto sin expropiar a los titulares lícitos de las tierras, ni desalentar la inversión en el campo, ya que las tierras vendrán de un banco de 3 millones de hectáreas de lotes baldíos y sujetos a extinción de dominio, y de 7 millones de hectáreas ya ocupadas por campesinos que necesitan un título formal.

¿Por qué el acuerdo de tierras les da razones a los ambientalistas para votar Sí? Porque uno de los principales motores de la deforestación y la degradación ambiental es la expansión de la frontera agrícola, ganadera y minera en la que participan campesinos sin tierra, desplazados o desprovistos de un título formal. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) el 75% de la deforestación del país en 2013 tuvo lugar en los municipios más afectados por el conflicto armado. Reconocerles u otorgarles tierras a los pequeños campesinos es aliviar la presión sobre los territorios más biodiversos y mejor conservados, que van desde la Orinoquia y la Amazonia hasta el Chocó biogeográfico.

Segundo, los compromisos que trae el acuerdo en materia de políticas de drogas tendrían un impacto directo y benéfico en el ambiente por partida doble. Por un lado, la sustitución manual de cultivos cerraría definitivamente 15 años de aspersión aérea con glifosato, el riesgoso químico que ha permeado más de 1,8 millones de hectáreas sin reducir los cultivos de coca. Por otro lado, el compromiso de las Farc de cesar su involucramiento en el narcotráfico –compromiso verificable por mecanismos previstos en el mismo acuerdo—aliviaría la tendencia de crecimiento de los cultivos en áreas protegidas por razones ambientales, desde Parques Naturales hasta territorios indígenas y afros.

La lista de argumentos por el Sí ambiental no cabría en este espacio, así que me limito a mencionar apenas unos pocos más. Los parques naturales serían viables y visitables cuando dejen de ser centros de minería ilegal (el 28% de ellos está afectado por esta actividad) y de cultivos de coca (presentes en 42% de ellos). Y no solo esto, el capítulo étnico incluido a última hora en el pacto protege los territorios colectivos indígenas y afros, a los que se les debe buena parte de la conservación ambiental en medio de la guerra. Además, las reglas acordadas para ampliar la participación ciudadana empoderarían a las comunidades locales que quieren influir en decisiones sobre proyectos que afectan el ambiente, especialmente los mineros.

Por estas y otras razones, los miles de ciudadanos cuidadores del medioambiente tienen razones para salir a votar el 2 de octubre y optar por el Sí. Probablemente será el plebiSÍto ambiental más importante de sus vidas.

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