En los últimos años ha crecido la preocupación mundial por la conservación y la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales. Proliferan las campañas que incentivan el reciclaje, así como las notas de prensa y los documentales que alertan sobre las amenazas que trae consigo el cambio climático.

En Colombia, cada vez más sectores muestran su preocupación por la destrucción de la  biodiversidad y abogan por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, orientados a la conservación del medioambiente y que favorecen el desarrollo de proyectos orientados al uso sostenible y a la adopción de prácticas amigables con la naturaleza. Asimismo, una creciente tendencia a visibilizar  la necesidad de cerrar las brechas de desigualdad, sumadas a ciertas coyunturas nacionales, han propiciado que regiones aisladas y olvidadas como el Chocó vuelvan a figurar en los mapas y en la agenda política.

Así son cada vez más los colombianos que ven con indignación el maltrato a la naturaleza y que se preocupan por conocer la proveniencia de los productos que consumen, la forma en que estos han sido procesados y las condiciones de las personas involucradas en su cosecha, transformación y transporte hasta el lugar de consumo final. También, es creciente el número de empresas que, ya sea por convicción o para obtener beneficios fiscales,  indagan sobre las acciones que pueden realizar en pro de la conservación, lo que en los últimos años ha generado una ola de proyectos de responsabilidad social y ambiental.

Mientras los campesinos, los pescadores artesanales y los pequeños productores se esmeran por colocar sus productos “de buena procedencia” a competir en los grandes mercados y propenden por la conservación de la biodiversidad en sus territorios y en el mar, en las grandes ciudades los ambientalistas expresan su indignación por la urbanización de los humedales, la matanza de osos y los incendios provocados en los bosques nativos. A la vez, una creciente fracción de la población urbana opta por el consumo de productos orgánicos y el reciclaje de bolsas y envases de plástico.

No obstante, esta “ola verde” parece una extraña paradoja en medio de la agitada cotidianeidad de las metrópolis, donde el ruido, la urgencia de lo inminente y las coyunturas mediáticas tienden a retardar las reacciones de los individuos a favor del planeta. De ahí que para muchas personas que se suman a la “ola verde”, especialmente en lo que atañe al consumo de productos orgánicos o con algún ingrediente de responsabilidad ambiental,  sumarse no es más que una forma de ponerse “a paz y salvo” con la naturaleza .

En las plazas de mercado colombianas ya se ofrece una amplia gama de productos cárnicos, frutas y verduras orgánicos que garantizan un origen y un manejo  responsable, pero aún son muy incipientes las ofertas en tal sentido relacionadas con el pescado y los mariscos.

Y es que todavía el mar para la mayoría de colombianos no representa más que un escenario para disfrutar las vacaciones; además, la aparente lejanía del mar y la centralización de las actividades corporativas en el país, deja en el limbo la importancia del mayor ecosistema del planeta: el océano.  

En varios países con larga tradición pesquera y de consumo de pescado se han desarrollado iniciativas que propenden por la salud de los mares, incluyendo certificaciones y clasificaciones de sostenibilidad de las pesquerías, los expendios de pescado y los restaurantes. Algunas de las iniciativas se han proyectado internacionalmente en forma de campañas de concientización, comunidades virtuales, estándares y certificaciones de buenas prácticas ambientales.

La presencia de este tipo de iniciativas es aún precaria en Colombia, y todavía ninguna de las pesquerías que se realizan en aguas colombianas cuenta con certificaciones reconocidas internacionalmente.

No obstante, ya existe en Colombia una certificación para restaurantes, supermercados y distribuidores de pescado de mar, desarrollada por la Fundación MarViva, que se constituye en una estrategia complementaria para la conservación de los recursos marinos y costeros. Con certificaciones como esta que, en lugar de avalar las prácticas de las pesquerías o de quienes extraen del mar los productos, testifican la responsabilidad ambiental y social de los establecimientos comerciales que los venden, se brinda una ventana más amplia de sensibilización al consumidor y se garantiza la consolidación de cadenas de valor y oportunidades de negocio para los productos pesqueros nacionales y de pequeña escala.

Los establecimientos certificados garantizan al consumidor que los procesos internos de los mismos han sido manejados con criterios de responsabilidad ambiental, incluyendo capacitaciones a los empleados y a los proveedores, que existen políticas ambientales rigurosas y que se han desarrollado programas de responsabilidad social y cadenas de valor en torno a la pesca. El Estándar de MarViva es un mecanismo que permite diferenciar a los comercializadores de pescado de mar como aquellos que respetan las tallas de madurez de los animales, que no comercializan especies amenazadas, que respetan las vedas impuestas por las autoridades, exigen a sus proveedores el uso de técnicas de captura no dañinas del medioambiente, y que cuentan con programas de trazabilidad, los cuales permiten tener certeza sobre la procedencia y la identidad de las especies ofrecidas.

La exigencia a restaurantes, supermercados y distribuidores para que implementen el Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización de Pescado de Mar es una opción para los consumidores, que preocupados por la sostenibilidad de los océanos y sus recursos, desean usar su poder adquisitivo en favor de la conservación.

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