*Graduada de Economía y Negocios de la Universidad de Bologna.

Por Lina M. Rodríguez*

Derretimiento de los glaciares, blanqueamiento de corales, pérdida de playas a causa del aumento del nivel del mar, eventos extremos como lluvias torrenciales, granizadas, sequías y fuertes ventarrones, además del peligro de extinción de una gran cantidad de especies, son algunos de los síntomas que el cambio climático ha provocado en Colombia y que lo han posicionado en la lista de países altamente vulnerables. El país presenta la tasa más alta de desastres en Latinoamérica: más de 600 al año y de los cuales el 90% están relacionados con eventos hidroclimáticos.

Colombia hace parte de los 40 países con mayor responsabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero, pues es responsable del 0,42% de las emisiones a nivel global debido, en gran parte, a la deforestación.

Es por esto que, durante la pasada COP21 que llevó a la firma del Acuerdo de París por parte de 174 países, se anunció la intención de movilizar 100.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo o emergentes, como Colombia, a partir de 2020 con el fin de contrarrestar el cambio climático.

Fue en París donde el concepto de financiamiento climático tomó fuerza y envió una señal importante sobre el papel que los recursos financieros juegan en la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, Colombia se comprometió en el acuerdo a la reducción de sus emisiones en un 20% al 2030, compromiso que requiere de grandes inversiones por parte de un grupo de actores clave para impulsar el financiamiento climático: los sectores públicos, financieros, empresariales y de cooperación internacional.

Para cumplir con los compromisos de París, Colombia necesitará invertir 56 billones de pesos de aquí a 2030, de los cuales 62% deben venir del sector privado y 38% del sector público, según Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el evento “Finanzas del clima Colombia 2016” celebrado en octubre pasado.

Según el DNP, Colombia ha invertido 1,1 billones de pesos anuales en la lucha contra el cambio climático entre 2000 y 2015, gracias a recursos del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, esta cifra debe aumentar a 3,1 billones anuales para cumplir los objetivos del acuerdo. A estas inversiones se debe sumar el apoyo de la cooperación internacional, quienes han entregado 567.000 millones de pesos entre 2010 y 2014 para que el país aumente su compromiso de reducción de emisiones a 30% al 2030.

Para alcanzar dichos objetivos, el Gobierno nacional emprendió el desarrollo de la Estrategia Colombiana de Financiamiento Climático a través del Comité de Gestión Financiero del SISCLIMA (Sistema Nacional de Cambio Climático), mediante la cual busca incorporar el cambio climático en la agenda económica y financiera del país, mejorar la eficiencia y el impacto de las inversiones públicas y privadas y aumentar los recursos destinados a la mitigación y adaptación del cambio climático. La construcción de dicha estrategia es fundamental, pues representa el camino hacia una economía sustentable, resiliente y baja en carbono, promoviendo a su vez un desarrollo compatible con el clima del futuro.

Ante la contundente necesidad de incrementar los flujos financieros destinados a afrontar la amenaza del cambio climático, en Colombia ya se han implementado mecanismos como los bonos verdes: un instrumento financiero mediante el cual se busca financiar proyectos ambientalmente responsables. En el caso colombiano, Bancolombia fue la primera entidad financiera privada del país y de Latinoamérica en emitir bonos verdes por un valor de 350.000 millones de pesos, mientras Davivienda emitió 433.000 millones de pesos en bonos verdes adquiridos en su totalidad por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). Asimismo, el pasado 9 de agosto, el banco de desarrollo empresarial y de comercio exterior, BANCOLDEX, emitió 200.000 millones  destinados a financiar proyectos de carácter verde.

Por otra parte, el Gobierno nacional lanzó el pasado julio la Política de Pago por Servicios Ambientales (PSA), desarrollada por el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación. Este sistema otorga incentivos económicos a las personas que prestan servicios ambientales en pro de la conservación o restauración de ecosistemas, transformando así la concepción de pagar por contaminar por premiar a quien protege el medioambiente. Esta política, además, está incluida en el portafolio del Fondo Colombia en Paz, pues juega un papel fundamental en el posacuerdo, ya que representa una alternativa de desarrollo económico y social en las zonas afectadas por el conflicto armado.

“Por décadas, factores como la presencia de cultivos de uso ilícito, la expansión de la frontera agrícola y el conflicto armado afectaron nuestros suelos y territorios, ahora que Colombia avanza por la senda de la paz estamos creando esos instrumentos para que nuestra naturaleza también se vea beneficiada con este nuevo país que ya empezamos a construir”, indicó el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.

Otro mecanismo importante, de menor resonancia pero de alto impacto son los llamados “impuestos verdes”. Un ejemplo clave de estos en el caso colombiano es el impuesto nacional al carbono, incluido en la reforma tributaria de finales del año pasado y que establece el pago de una determinada tarifa por contaminar el ambiente con gases presentes en los combustibles fósiles, estimulando así el uso de energías alternativas más limpias y eficientes.

Siendo este el escenario en Colombia, son varios los desafíos que el Gobierno y la sociedad deben superar para alcanzar un financiamiento climático eficiente: desarrollar una colaboración público-privada sólida y un esquema de financiamiento climático que permita una mejor gestión de los recursos y la diversificación de las fuentes, es indispensable para cumplir con los objetivos internacionales establecidos en París. Fortalecer y potenciar el esquema de incentivos para que los sectores financieros y empresariales inviertan en proyectos de adaptación y mitigación, y a su vez monitorear su impacto ambiental y social en las regiones y territorios. Generar escenarios de intercambio de información confiable y conocimiento para afianzar la toma de decisiones efectivas por parte de los sectores público y privado en cuanto a financiamiento climático.

Pero estos retos deben ir de la mano de una ciudadanía consciente, que demande productos y servicios amigables con el medioambiente, que se comprometa a aportar a este cambio mediante la propia reducción de sus emisiones, el ahorro de energía, el consumo responsable del agua y la participación ciudadana en políticas e iniciativas que promuevan un desarrollo resiliente al clima.

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