Directora de la especialización y de la línea de investigación en derecho ambiental de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario

Veo con mucho entusiasmo el Acuerdo final para la terminación del conflicto, en especial porque el enfoque territorial del mismo reconoce y tiene en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades. Parece querer garantizar la sostenibilidad socioambiental e implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada con la participación activa de la ciudadanía.

No obstante, existen diversas preocupaciones relacionadas con las implicaciones ambientales del posconflicto. Ello se debe al posible ingreso al país de empresas interesadas en explotar recursos naturales que están ubicados en los territorios ocupados por las FARC, intervenciones que pueden generar deterioro y afectación del entorno, e incrementar la diversidad de conflictos ambientales.

Lo anterior está fundamentado en la débil y descoordinada institucionalidad ambiental colombiana y en el incumplimiento de la normatividad, desconociendo que todos los colombianos tenemos derecho al desarrollo y al bienestar general.

La situación merece la mayor atención y amerita la urgente adopción de acciones preventivas dado que, según el Atlas Global de Justicia Ambiental, son varios los conflictos ambientales en nuestro país. Estos son resultado fundamentalmente de una creciente demanda de energía y recursos naturales y en los que las más afectadas son siempre las clases más desfavorecidas.

La realidad le da razón al economista catalán Joan Martínez Alier Martínez Alier, quien ha concluido que las comunidades que reciben mayor impacto de los conflictos son las más desfavorecidas, en su gran mayoría campesinos, indígenas, y afrodescendientes; todas ellas sin el poder político suficiente para acceder a la justicia ambiental. Por esta razón es urgente avanzar en políticas de desarrollo que no desconozcan nuestro patrimonio natural ni los derechos ambientales.  

El atlas que contiene el inventario de los conflictos ambientales por tipo de materia (minerales, hidrocarburos, agua o desechos nucleares), destaca que en América Latina, el mayor número de casos documentados se distribuyen entre Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30).

Pero, ¿qué entendemos por conflicto ambiental?. Lo definimos como una confrontación social, económica y política entre diferentes actores (públicos y privados; locales, nacionales e internacionales), que surge por la existencia de diversos intereses relacionados con el uso, manejo, aprovechamiento, exploración, explotación, conservación, protección, administración o afectación de los recursos naturales y del ambiente.

Es desde esta perspectiva que he analizado los conflictos ambientales, encontrando que cada conflicto es único y tiene sus propias características dependiendo del lugar donde se localice, de los recursos naturales, de los ecosistemas, de los diferentes actores e intereses que intervienen y, por supuesto, de las reacciones que los mismos generan en el tejido social.

Esta escalada de los conflictos ambientales en Colombia ha tenido como expresión la judicialización de los mismos, la carencia de mecanismos de prevención de dichas confrontaciones y la reacción inmediatista ante estos, sin  haber tenido en cuenta las alertas tempranas y los reclamos por parte de las comunidades.

Les ha correspondido a los jueces atender las necesidades de los ciudadanos, lo cual ha incrementado el número de fallos en esta materia. Muchos de estos casos han llegado a ser resueltos por la Corte Constitucional, lo cual, lejos de ser motivo de extrañeza, resulta apenas natural, pues es a quien se le ha confiado la integridad y de la supremacía de la Constitución.

Ejemplos de lo anterior son casos como el de la Empresa Cosigo Frontier Minig Corporation en relación con un título minero en el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis; el reciente fallo de la Corte Constitucional  relacionado con los páramos y la obligación de concertar con las autoridades territoriales licencias ambientales para explotación minera; así como la suspensión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el proyecto Quifa en el Municipio de Puerto Gaitán (Meta) de la empresa  Pacífic Rubiales Energy.

En este escenario creo que es necesario que el ambiente deje de ser considerado como un instrumento meramente económico sobre el cual priman intereses no siempre públicos y, en este sentido, es importante que las políticas públicas sean asumidas de manera integral para responder con los compromisos de protección de los derechos ciudadanos de un país diverso, con la necesidad de un desarrollo justo y respetuoso de lo ambiental.

Para lograr la paz con justicia ambiental se debe avanzar en el ordenamiento del territorio desde lo ecosistémico y lo cultural. Teniendo en cuenta los reclamos de las comunidades y de las autoridades.

Para esto es imperativo la participación transparente, de buena fe y a través de un diálogo directo, para lograr evitar los procesos de judicialización que se vienen presentando y con ello, que sigan siendo los jueces los encargados de intervenir y solucionar estas problemáticas relacionadas con el entorno y los recursos naturales.

Considero que la prevención y la solución de los conflictos deben ser la esencia del desarrollo económico, la política y la gestión ambiental en Colombia. Es tiempo de asumir con responsabilidad este tipo de confrontaciones, desde la buena gobernanza, la conciliación de intereses, el respeto por otras visiones,  ya que con ello se contribuirá a la paz y al desarrollo social, económico y cultural del país.

La justicia ambiental es un compromiso de todos y en Colombia el objetivo general de la política ambiental debe contribuir a hacer efectiva su obligación de proteger el ambiente, restaurar y conservar áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas, promoviendo y fomentando el desarrollo sostenible en el contexto de construcción de la paz, que también debe ser la paz ambiental.

Relacionados

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.