Cada vez más empresas intentan pagar en vez de compensar sus impactos ambientales. Esta práctica, a la que se le llama monetizar compensaciones, implica no compensar los impactos ambientales donde se generan, en el mismo ecosistema o su equivalente. Esta intención de acortar la exigencia ambiental de las empresas mediante el pago alejará a Colombia de la sostenibilidad, la llevará al decrecimiento y por supuesto a una mayor pobreza y desigualdad.

Todo proyecto, obra o actividad que genere impactos ambientales requiere de una licencia ambiental, la cual contiene un Plan de Manejo Ambiental (PMA) en el que se le presenta a la autoridad ambiental competente, las acciones que se proponen para compensar los impactos a generarse. La autoridad ambiental puede aceptar o modificar el PMA recibido, para grandes proyectos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mientras que para menores escalas, son las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) e incluso en ciertos casos viales la Agencia Nacional de Infraestructura con sus Planes de Acción y Gestión Ambiental, son las autoridades competentes. Una vez aprobado un PMA mediante resolución, este se vuelve de obligatorio cumplimiento para la empresa. La no ejecución de un PMA aprobado puede generar llamadas de atención, multas y hasta el cierre del proyecto.

Recordemos la situación de la hidroeléctrica El Quimbo en 2016, cuando ENEL decidió llenar el embalse sin aún haber terminado de extraer el área de bosque inundable, previendo que el fenómeno El Niño traería sequía, y con ello, insuficiencia hídrica para la generación hidroeléctrica. La Anla denunció la situación y quiso detener el proyecto, lo que habría generado racionamiento eléctrico en Colombia. En este caso, el peligro de racionamiento primó sobre la no compleción del PMA, pero sí se generaron multas y muy mala prensa para la empresa, con la consecuente pérdida de imagen y de posicionamiento.

Para entender una resolución de la Anla donde se aprueba un PMA hay que saber de geografía y de ecosistemas, tener raciocinio espacial, manejar el lenguaje ambiental y contar con tiempo y paciencia. Son textos largos, detallados, de difícil comprensión, pero más aún, de ardua ejecución. Incluso dejan abiertas opciones para que las CAR terminen de decidir a futuro las compensaciones, lo que aumenta la incertidumbre de las empresas. Los PMA contienen la lógica válida de buscar que se compensen los impactos ambientales en el Área de influencia directa (AID) de cada proyecto, para lo cual hacen uso del existente Manual de Compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad para impactos terrestres. Entidades como la Environmental Protection Agency americana han elogiado ese manual por su rigor técnico y la mesura en cuantificar las compensaciones exigidas. A la vez, el mismo rigor con que se sentencian las compensaciones, eleva la dificultad para ejecutarlas, y allí está el porqué la monetización de los impactos ambientales resulta la salida fácil, en vez de implementar los PMA impuestos. 

Algunos proyectos de desarrollo (léase petroleros, mineros o vías) están negociando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Anla, Parques Nacionales y las CAR, para que en vez de ejecutar los PMA, los dejen pagar un monto que compense en dinero todo lo que contiene el PMA. El AID donde realmente se genera el impacto - que habitualmente coincide con zonas marginadas del progreso -, no se verá nunca compensado, porque es historia patria que los recursos que reciben esas entidades, si acaso generan empleos públicos. Al contrario, se sabe de enormes cuantías de transferencias a las CAR (por ejemplo del sector eléctrico) que nunca llegaron a terreno. Entonces, mientras los impactos negativos se dan en el AID, los beneficios y la inversión se llevan a otras áreas, lejanas del AID. 

Algunas empresas buscan monetizar sus impactos, transfiriendo la responsabilidad a las mismas entidades que nunca han logrado detener los vectores de impacto ambiental en Colombia. Las empresas transfieren a las instituciones del Estado esos dineros, para que estas lo gasten donde quieran y como quieran. Por esto Colombia tiene enormes “pasivos ambientales huérfanos” (así se les llama), de empresas que abandonaron sitios (léase la mina, el pozo), adonde más nunca han vuelto estas entidades públicas a recuperar el ecosistema degradado. Peor aún: una vez abierto un vector de destrucción ambiental en una AID, y este no se compensa, se abre la puerta de la deforestación, que va al ritmo de 20 hectáreas la hora. La monetización triplica el impacto, pues además del primero, el segundo impacto se da a razón de que no se compensa y por ello se duplica lo degradado; y como tercero, se abre el boquete para nuevos vectores de degradación (colonización, vías, asentamientos).

Resta afirmar que el capital natural degradado, es decir el capital que por definición es el activo con capacidad para generar riqueza, será cada vez más insuficiente para el crecimiento y para las generaciones futuras, lo que generará más pobreza y mayor desigualdad. Permitir la monetización en vez de ejecutar las instrucciones de reforestación, rehabilitación y restauración en los mismos ecosistemas impactados, es la forma de descapitalizarnos como nación megadiversa. ¿Para qué montar misiones de Crecimiento Verde y hablar de la Bioeconomía como estrategia de desarrollo, si no habrá el capital natural para hacerlo? No debemos permitir que los proyectos transfieran su responsabilidad y nos descapitalicen como nación. 

*Gerente Acción Verde 

Referencia: TIROLE, Jean. Premio Nobel de Economía 2014. La economía del bien común. Editorial Taurus.

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.