*Presidente del Grupo Sura.

Es difícil no referirse a este asunto que copa hoy por hoy las conversaciones, pese a que muchas de ellas quedan frustradas, tácita o deliberadamente, ante el inminente conflicto que provocan en las reuniones familiares o de amigos.

Hoy, más que nunca, Colombia necesitaría estar discutiendo de manera tranquila y responsable este asunto que marcará en forma definitiva el futuro del país, en cualquiera de los dos escenarios posibles, bien sea que se aprueben o que se nieguen los acuerdos en la consulta que próximamente se hará a los ciudadanos.

Sin embargo, mientras avanzan las campañas por el Sí y por el No, y pese a esfuerzos pedagógicos notorios, hemos visto cómo en muchos casos este proceso ha estado desdibujado por intereses políticos y factores emocionales, que han quitado peso a los argumentos y a las reflexiones serenas.

Ante la posible refrendación de los acuerdos, no cabe duda de que el país se enfrenta a una oportunidad histórica, cuyo aprovechamiento dependerá de la capacidad que tengamos todos -gobierno, ciudadanía, empresas, academia…- de trabajar en forma sinérgica, enfocando mejor nuestros esfuerzos y recursos en torno a propósitos comunes, que nos permitan hacer efectivas las transformaciones de fondo que se requieren y generar círculos virtuosos para la competitividad y el desarrollo integral.

Es claro pues que la paz se juega su sostenibilidad en el posconflicto y, sobre todo, en la medida en que este se convierta en un escenario donde confluyamos todos. Por eso, superar la fragmentación actual es casi tan importante como la refrendación misma. 

Los retos de un posconflicto sostenible son demasiado grandes para enfrentarlos con titubeos y divisiones. Hablamos de asuntos tan importantes como asegurar la presencia del Estado y de las instituciones en todo el territorio; exigir una gestión pública que genere equidad, a partir de la inversión pertinente y eficiente en los diversos frentes de la protección social y de la creación de bienes públicos en general; generar condiciones para la inversión, a partir de la seguridad, la estabilidad jurídica y la infraestructura, entre otros.

Así mismo, desde el sector privado estamos llamados a implementar modelos empresariales basados en la actuación responsable y en la sostenibilidad social, económica y ambiental. Además de multiplicar la inversión del Estado, para lo cual es indispensable que este genere confianza a partir de reglas claras y de actuaciones transparentes.

 La paz no es duradera ni estable con asistencialismo. Este puede ser un factor político atractivo y rentable, pero es un modelo costoso, excluyente e insostenible. No hay duda, en cambio, de que la empresa privada es el motor del desarrollo y, por lo tanto, una de las claves de un posconflicto sostenible. Por ello, además de respetar el modelo económico vigente, el país necesita una base empresarial y productiva sólida y competitiva, que desde la formalidad fortalezca la institucionalidad, genere empleo, dinamice la economía, impulse la innovación, aporte conocimiento y contribuya a desarrollar mercados y a ampliar las oportunidades.

Potenciar el desarrollo productivo en el territorio, es sin duda una de las claves para la nueva etapa que enfrenta Colombia, pero este solo será efectivo si logramos que los intereses de todos los colombianos confluyan en el propósito común de construir un país mejor, capaz de superar intereses particulares, llámense políticos o económicos, y vencer rivalidades y divisiones que generan nuevos conflictos y perpetúan aquello que todos decimos odiar: la guerra y la exclusión.

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