La eliminación del mercurio en la minería es una preocupación mundial como se evidenció en el Foro Mejor sin mercurio: Oro legal y responsable en Colombia organizado por la Revista Semana en marzo del 2018, que contó con la participación de los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea.

Colombia al ser el país que más mercurio libera per cápita, según la WWF, está en el centro de la discusión, coyuntura reflejada por la asistencia de una gran gama de participantes nacionales:  representantes de los Ministerios de Minas y Energía, Salud y Medio Ambiente; de la Agencia Nacional de Minería, Contraloría, SENA, la academia, empresarios mineros, líderes de la pequeña minería, entre otros.

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El Foro se centró en exponer las características de la contaminación con mercurio y sus impactos en la salud y el ambiente, la lucha por acabar con la minería ilegal asociada con su uso y el significado de este metal en la cultura de algunos territorios que tradicionalmente practican la minería artesanal.

Si bien todos los temas son vitales para acabar con el uso del mercurio, el interés principal del OCA se centró en entender las posturas y propuestas nacionales e internacionales frente a la minería artesanal tradicional asociada con el uso de este metal. El interés surge porque esta forma de hacer minería corresponde con una práctica nacida de la mano de las comunidades que habitan los territorios, constituyendo una parte de su cultura y tradición, sin desconocer que en algunos ecosistemas estratégicos ésta debe ser sustituida, en otros, además de ser vigilada y controlada, debe ser apoyada por ser un elemento identitario y una forma de vida.

Tener en cuenta a la pequeña minería fue precisamente uno de los desafíos planteados por los embajadores de Canadá, Suiza, quienes resaltaron la importancia de lograr un acercamiento entre el Gobierno y los pequeños mineros, enfatizando que esta relación no puede ser de represión o coerción sino de diálogo con alternativas frente a la explotación y legalización. Opciones que deberían comprender en conjunto  políticas definidas por el Estado, financiamiento, acompañamiento y conexión de estos productores con el mercado, enfocadas no sólo en eliminar el uso del mercurio sino en mejorar sus condiciones de vida.

Estos planteamientos se enriquecieron con la participación de dos líderes de la pequeña minería: Nelly Borja, representante de la región de Itsmina, Chocó, y Adonay Alfonso, representante de Santa Rosa del Sur de Bolívar, quienes denunciaron el vacío jurídico en el que se encuentran y que los ha dejado en la ilegalidad, y la falta de voluntad del gobierno para formalizarlos. Inclusive los líderes enfatizaron en la falta de interlocución hasta para escuchar las propuestas presentadas por las comunidades frente a procesos de transición económica hacia proyectos agrícolas, al parecer porque desconfían de la capacidad de las personas en redirigir sus planes de vida con autonomía.

La situación de ilegalidad de los pequeños mineros y por lo tanto su persecución empeora  con la entrada en vigor de la Ley 1058 de 2013, ante la cual el papel del Estado se centra en un rol punitivo que busca perseguir y criminalizar, pero no en reconocer y apoyar. Al respecto, Rolberto Álvarez, vocero del Programa de Eliminación de Mercurio de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), expone el problema que ha existido entre la institucionalidad y las comunidades de pequeños mineros: "Se sobre diagnostica a los mineros pero no se llega a la solución directa, no se llega al minero para que él entienda la solución de acuerdo con su nivel educativo y su tradición. La mayoría del dinero se va en llenar con diagnósticos los escritorios de las oficinas”.

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Actitud que no busca realmente solucionar un problema de salud pública y de contaminación ambiental. La utilización de mercurio conlleva graves impactos en el ser humano, como lo señaló Adriana Estrada, subdirectora de programa Salud Ambiental del Ministerio de Salud: afectación del cerebro, emergencia de temblores, alteración cognitiva, pérdida de la memoria, impotencia sexual. etc. consecuencias que se transmiten no solo al manipularlo directamente, sino al consumir pescado contaminado. Según estudios realizados en Canadá, referenciados por su embajador, este metal se transmite de la madre a sus descendientes. Asimismo, también se suman los impactos de la minería de oro en los ecosistemas y la dinámica ecológica, mencionados por el ministro de Ambiente, como la contaminación del suelo y el agua, la deforestación de la capa boscosa y la afectación en la geomorfología de la zona, principalmente.

Al respecto, la Contraloría enfatiza el desconocimiento real de la situación en la mayoría de territorios por la ausencia de una línea base del problema, por lo tanto la falta de información y sensibilización a las comunidades sobre los perjuicios de la utilización de este material,  la carencia de inclusión del tema en el Plan Nacional de Educación y la necesidad de mayor investigación. Estas situaciones facilitan la permanencia en la búsqueda y uso del mercurio por parte de los pequeños mineros a pesar de sus graves consecuencias.

Al respecto, los líderes sociales, al igual que la Contraloría, hicieron un llamado frente a la necesidad de contar con instituciones estatales robustas para lograr un control efectivo de las importaciones de mercurio, esto teniendo en cuenta que el país no cuenta con yacimientos de este metal. El mercurio no se encuentra con facilidad en el mercado, razón por la cual los mineros recurren a mafias ilegales, sometiéndose al vaivén de los precios y a las condiciones de violencia impuestas para su adquisición. Precisamente esta minería, en muchos casos de subsistencia, se desarrolla en entornos donde el conflicto armado y la violación de los Derechos Humanos hacen parte de su realidad; situación directamente relacionada con la ausencia estatal en muchas regiones del país.

Una de las primeras soluciones planteadas por algunos participantes del Foro para la eliminación del uso del mercurio en la minería de oro, se basa en el fomento de alianzas público-privadas y acompañamiento de grandes a pequeños mineros para lograr  su legalización. Medida que plantea serios cuestionamientos, porque puede ser asumida como una forma de evasión del Estado frente su responsabilidad por la formalización y acompañamiento del pequeño minero, transfiriendo al sector privado las decisiones sobre bienestar e incluso legalidad, sometiéndose también a la voluntad y condiciones impuestas y poniendo en juego con ello su supervivencia e independencia.

Otra solución -que los reconoce como sujetos de derecho- fue la de apoyar tecnológicamente a esta pequeña minería, como el caso expuesto por Rolberto Álvarez y desarrollado en el departamento de Nariño, en el cual se logró de manera comunitaria construir una tecnología a pequeña escala que posibilita que los pequeños mineros lleven a cabo el beneficio del oro sin mercurio. Igualmente el ministro de Ambiente resaltó los proceso adelantados por comunidades del Medio Atrato, las cuales están recuperando su conocimiento tradicional sobre el uso de plantas en lugar de mercurio. Estos son ejemplos de soluciones que le ofrecen salidas a la pequeña minería para continuar existiendo con autonomía y responsabilidad ambiental.

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Este panorama advierte la urgencia de una reforma a los planes de formalización de los pequeños mineros, para que su actividad deje de ser estigmatizada y criminalizada, ya que la persecución de la fuerza pública a quien no tiene títulos para la explotación no resuelve de raíz la precarización, las difíciles condiciones de vida y la cadena de violencia en la que se ve envuelto el pequeño minero. Por otro lado, la situación de la pequeña minería en el país que incluye el uso del mercurio, requiere de esfuerzos conjuntos, subrayando entre estos la necesidad de que la academia conozca a fondo este fenómeno y lo visibilice, de forma que él mismo se convierta en una prioridad para la nación, tal como manifiesta la Contraloría en relación con la investigación, la difusión, y la educación.

En realidad no se explica el afán estatal por extraer el oro priorizando a la gran y mediana minería. Según el Censo Minero de 2010 - 2011, el 72% de las minas del país correspondían a pequeña minería (de cinco o menos trabajadores), de las cuales el 66% era ilegal y en total empleaban a cerca de 74.000 mineros, mientras que las grandes (de 100 o más trabajadores) sólo empleaban el 0.7% de los mineros. La pequeña minería explota este metal para la supervivencia de personas y de comunidades, requiriendo para esto la definición de un marco normativo que la reconozca y la regule, un acompañamiento técnico y social y un proceso de monitoreo y seguimiento.

Con la pequeña minería libre de mercurio se lograría una explotación a un ritmo acorde con la escasez del oro, aspecto señalado por Stephen Hawking en su última entrevista con la BBC: "El oro es escaso en todas partes, no solo en la tierra", beneficiando laboralmente a más colombianos, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida, otorgando para algunos casos mayor tiempo para la reconversión de actividad y generando -al menos- menores impactos ecológicos en el territorio nacional.