La idea de preguntarles a los habitantes de Ibagué si están de acuerdo con la minería en el municipio fue una de las beneficiadas con la decisión de la Corte Constitucional en octubre.

En la segunda semana de octubre la Corte Constitucional publicó una sentencia en la cual se resaltó el hecho de que si bien las comunidades locales no tienen la potestad legal de decidir qué se hace con el subsuelo, sí tienen la facultad de ordenar el uso del mismo y por lo tanto poseen derecho a intervenir en caso de que el Estado decida favorecer una actividad que implique el uso del suelo en su territorio. Lo anterior involucra sin duda a las actividades mineras, pero también puede extrapolarse a cualquier otro proyecto que afecte el subsuelo o el suelo, como en el caso de la infraestructura de trasporte, eléctrica o extractiva.

La decisión del alto tribunal es importante ya que dentro del proceso de licenciamiento ambiental en cualquier tipo de proyecto, se reivindica una vez más la importancia del territorio local y se exige tener en cuenta los instrumentos de planeación y usos del suelo. Aunque la decisión sea lógica  y congruente surgen algunas preguntas: ¿Participar significa intervención?, ¿participar es ser escuchado? o ¿participar significa hacer parte o influir en la decisión?

Independientemente de las respuestas, vale la pena resaltar que las entidades municipales no están desconocidas dentro del proceso de licenciamiento ambiental y mucho menos lo está la comunidad local, ya que en los artículos 69 a 72 de la Ley 99 de 1993, se consagran mecanismos de participación como el derecho a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales y las audiencias públicas ambientales.

Ahora bien es claro que para la Corte las posibilidades de intervenir directamente en la toma de ciertas decisiones, así como la de dejar sin efecto o modificar las que sus representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado, ya sea por convocatoria o por su propia iniciativa, y la de revocarle  el mandato a quienes ha elegido son hoy en día una realidad cada vez más tangible.

¿Lo anterior es malo o bueno para el desarrollo del país? Se trata simplemente de entender que hoy en día el territorio, representado por entes municipales, locales, asociaciones civiles entre otras, es un factor determinante que se debe  tener en cuenta para el efectivo desarrollo del proyecto.

Ahora bien, ¿cuál es el límite o cómo involucrar al territorio sin entorpecer los procesos de licenciamiento o el desarrollo de los proyectos? Ahí radica el reto. La Corte ordena que el Estado concerte con el territorio (entendiendo al Estado como el conjunto de las entidades territoriales, que incluye a los municipios y a sus organizaciones tanto políticas como sociales).

Dando alcance a dichas disposiciones y con el fin de reglamentar la participación,  se preparó un proyecto de ley mediante la cual se busca crear “el espacio de participación de los Consejos Territoriales de Planeación en materia ambiental y se dictan otras disposiciones “.  Así las cosas, con el proyecto se busca garantizar “un espacio de participación para la ciudadanía y las autoridades territoriales sobre las decisiones que tienen un impacto ambiental en su territorio”. Esto es básicamente lo que ya  existe en la Ley 99, pero esta vez creando una nueva “Autoridad” llamada Consejos Territoriales de Planeación en Materia Ambiental.

Con la creación de dicha entidad, que entraría a participar del proceso de licenciamiento, la autoridad ambiental competente una vez expedido el acto administrativo de inicio de trámite, deberá radicar, en un máximo de cinco días el Estudio de Impacto Ambiental ante la Alcaldía y ante el Consejo Municipal, con el fin de que dichas entidades se pronuncien al respecto.

Renglón seguido la Secretaria de Planeación deberá elaborar y presentar  un informe de recomendaciones y observaciones. Dicho informe se elaborará con los insumos provenientes de la Audiencia Pública (tornándose esta obligatoria) y serán de obligatoria respuesta.

Por todo lo anterior es inminente que se establezca una autoridad local ambiental con la cual se concrete cualquier tipo de decisión que se tome desde el órgano central o desde  las CAR y que afecte el territorio. Sin embargo, ¿será que estaremos cayendo en el error de crear más institucionalidad y procedimientos en vez de mejorar los que existen y hacerlos más eficientes?

*Abogado, Especialista en Derecho de Minas y Energía, Máster en Gestión Ambiental y Doctor en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad.

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