Licencia ambiental revocada, ¿y ahora qué?

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revocó la Resolución 0286 del 18 de marzo de 2016, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental a la compañía Hupecol Operating LLC CO para el proyecto denominado “Área de Interés de Perforación Exploratoria Serranía” localizado en los Municipios de La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá). A falta de conocerse el acto administrativo por medio del cual se tomó esta decisión, ya se pueden prever los posibles efectos jurídicos que tendrá esta decisión.

El caso de Hupecol no es un hecho aislado o nuevo en la historia reciente colombiana. En los últimos meses, hemos presenciado cómo las autoridades administrativas y judiciales adoptaron decisiones que hicieron inviables otros proyectos de la industria extractiva. Este es el caso de Eco Oro Minerals y Tobie Mining, no obstante, dichos casos tampoco son los únicos que se han reversado por decisiones jurídicas, técnicas, sociales o políticas. Otros proyectos limitados por dichas medidas fueron los de Minas Paz del Río con la Declaratoria del Páramo de Rabanal y el de Hunza Coal en el Páramo de Pisba.

Sin lugar a dudas, debe protegerse el ambiente, los recursos naturales, el paisaje y la salud humana, pero de igual forma, se deben resguardar las finanzas públicas. No nos referimos a las regalías, impuestos, contribuciones o tasas, que los frustrados proyectos pudiesen haber generado al país, sino a la responsabilidad económica que puede asumir el Estado colombiano ante la falta de seguridad jurídica tanto en el ámbito ambiental como empresarial.

Es previsible que casos como el de Eco Oro Minerals, Tobie Mining y Cosigo Resources, en los que ya se ha venido hablando de potenciales demandas contra el Estado Colombiano, amparadas en el marco de los Tratados de Libre Comercio, se materialicen ante el repentino cambio legal.

A nivel interno, en Colombia se presenta un fenómeno de “imputación” de responsabilidades entre las diferentes autoridades, pero hacia el exterior el país es uno solo, el Estado se comporta como un único agente. De manera que las diferencias entre las entidades ambientales, mineras e incluso la rama judicial, resultan casi que irrelevantes frente a los tribunales de inversión en los que se analiza y se juzga el comportamiento del Estado como uno solo.

No dudamos que las decisiones adoptadas: protegen los derechos colectivos de los ciudadanos, evidencian que debe prevalecer el interés general sobre el particular y garantizan la existencia de recursos naturales para las generaciones presentes y las futuras. Pero, también es pertinente mencionar que el principio de planeación de las entidades estatales implica que el actuar del Estado debe tener en cuenta que estas decisiones tienen repercusiones económicas que pueden afectar la economía nacional. Por ello, con anterioridad, deben preverse mecanismos que logren identificar de manera responsable, las  consecuencias que dichas decisiones conllevan.

Seguramente, las compañías que se vean afectadas en sus operaciones por este tipo de decisiones del Estado, buscarán indemnizaciones y la reparación de los daños que les han sido causados, bien sea ante las autoridades judiciales correspondientes en el país o en tribunales internacionales.

En este contexto, la invitación es a proteger de manera prioritaria nuestro patrimonio natural, pero también nuestro patrimonio económico, de manera que el Estado debe ser responsable para evitar daños derivados de posibles conflictos contractuales en el marco de tribunales de inversión, que pueden resultar muy costosas para el erario público.

En este orden de ideas, es necesaria la ordenación ambiental del territorio, fortalecer el instrumento de manejo y control además de abstenerse de adjudicar contratos de Evaluación Técnica (TEA) y de exploración y producción (E&P) o concesiones mineras en áreas que sean o vayan a ser declaradas como protegidas. De esta forma, no solo se protege el ambiente sino que se cuenta con seguridad jurídica y se evitan demandas internacionales. Para lograrlo, el Estado deber actuar responsablemente y de forma armónica y coordinada entre todas sus entidades.

El país se viene preparando para el postconflicto, lo cual no solo debe estar enfocada a la reparación de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, el sometimiento a la justicia, la restitución de tierras, la promesa de no repetición, los mecanismos de vinculación laboral para quienes se desmovilicen, entre otros asuntos, sino también debe garantizar la estabilidad jurídica

 En tal sentido, parte de la preparación para el postconflicto debe buscar decisiones coherentes y articuladas entre las diferentes entidades del Estado, en todos los niveles de gestión, para evitar así conflictos como los planteados y garantizar un desarrollo acorde a la protección ambiental y a los derechos de todos los colombianos También, se garantiza la protección de las inversiones realizadas en nuestro país cuando ello implique un desarrollo social y ambiental sostenible.

Este es un reto que debe estar de primero en la agenda de trabajo, no solo del Gobierno, sino también del sector productivo y las comunidades en aras del lograr de la paz para Colombia.