Al Cholo, que era afro en el sentido estricto de la palabra, lo llamaban así por su empatía y capacidad de diálogo con las comunidades indígenas cercanas a su propia comunidad. Era reconocido por haber sido presidente de la junta de acción comunal de la vereda agüita, corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico-Risaralda; y también por ser un líder de los procesos afros en su territorio. Además alojaba de tanto en tanto, de manera desinteresada, a una amiga mía que trabaja en esa zona y que fue quien me contó la historia.

Un mal día, los ejércitos paramilitares lo sacaron de su casa a sangre y fuego, obligándolo a huir con su mujer en estado de embarazo. Regresó con su familia, era padre de tres hijos y ya llevaba un tiempo afincado en su nuevo papel de dirigente de la asociación comunal. El miércoles pasado, tres sujetos encapuchados entraron a su vivienda, le dispararon a su hijo y acto seguido, mientras intentaba escapar por un tejado, acabaron a tiros con su vida.  Las autoridades hablan de un intento de robo aunque en lo corrido del año y en la misma zona, con él, ya son tres los líderes asesinados.

A cientos de kilómetros de allí, en el Uraba antioqueño, Porfirio Jaramillo no tuvo una suerte distinta. Había regresado hacía dos años a su tierra para reclamar lo que por derecho era suyo y se había hecho un nombre como reclamante de tierras. Cuatro meses venía advirtiendo sobre las amenazas que había recibido. De nuevo, como la primera vez, desconocidos le daban un plazo para abandonar su finca y no volver, so pena de amanecer tirado a la vera del camino.

Así amaneció el domingo Porfirio Jaramillo. La noche del sábado pasado cuatro hombres armados como si estuvieran en una guerra entraron a su casa y frente a su familia y a sus vecinos se lo llevaron en una de las motos en las que habían llegado. No volvió. Lo encontraron sin vida, bajo el sol abrasador, en la carretera que conecta Nuevo Oriente con Chigorodó.

Los dos engrosan la infame lista de 17 líderes sociales asesinados desde que el Congreso de la República refrendó el acuerdo de paz. Porfirio fue el más reciente, pero dadas las condiciones, no parece que vaya a ser el último.

Este exterminio sistemático y deliberado, en un país decente, con una pizca de moral, sería llamado como lo que es: un genocidio, un escándalo de enormes proporciones. Acá no. Acá son casos aislados que enlutan convenientemente al gobierno nacional, una noticia en el último rincón de la versión digital de un diario y la ya previsible respuesta de las autoridades: “vamos-a-adelantar-las-pesquisas-pertinentes”. Mientras tanto, se aventuran a lanzar las más diversas hipótesis: que un ajuste de cuentas, que lo iban a robar, que es el narcotráfico, que un lío de faldas. La gente de la ciudad no le presta mucha atención al tema. Somos de memoria corta y de opinión volátil, fácilmente maleable. Ayer era la paz, hoy son los toros, mañana la selección sub20. La memoria del Cholo y de Porfirio, a la mayoría, les importa una mierda.

Las organizaciones sociales atribuyen los ataques a la extrema derecha y a un recrudecimiento de la violencia paramilitar. En medio de la implementación del acuerdo de paz, quienes reclaman sus derechos son fulminados como moscas. Desde que el máximo líder de las Farc y el Presidente de la nación, luego del tropezón inicial, firmaron en un teatro capitalino el acuerdo de paz, han matado a un líder social cada 4 días. Hasta el momento no se conoce ni uno solo de los asesinos ¿De qué paz estamos hablando?

Relacionados

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.